Thursday, February 28, 2008

PINOCHET Y SUS ALIADOS

Operacion Condor: El Plan que se volvio contra Pinochet y sus aliados
Una reveladora e inédita investigación de la más importanteoperación terrorista de las dictaduras militares de los ’80.
Por John DingesTraducción: Francisca Skoknic
La Operación Cóndor fue un exitoso plan de asesinatos que ahora está volviendo, un cuarto de siglo después, para perseguir en la vejez a sus inventores. Los crímenes que se cometieron en Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos para capturar y eliminar a los enemigos de los dictadores militares del Cono Sur, se han transformado en catalizadores de los procesos judiciales que reflejan la arena tricontinental en que tuvo lugar la actividad del Cóndor.
La semana pasada en Chile, la evidencia de las operaciones de Cóndor fue la que estuvo en el centro de la decisión de la Corte de Apelaciones de revocar la inmunidad del general (r) Augusto Pinochet. La resolución reabrió la posibilidad de que Pinochet tenga que enfrentar un proceso por violaciones a los derechos humanos; pero lo más significativo es que pone a Chile en línea con los tribunales de al menos otros cuatro países que están desarrollando procesos en torno las actividades internacionales de la Operación Cóndor.
Cóndor era el “grandioso plan” de Pinochet -como fue descrito por uno de los oficiales de inteligencia invitados a unirse a él- para vencer al comunismo mundial. ¿Cómo llegó la más ambiciosa -algunos dirían las más exitosa- apuesta geopolítica del ex dictador a los implacables procesos que están copando su vejez?
Los rasgos generales de la Operación Cóndor se conocen desde hace años, pero sólo recientemente hay copiosa documentación nueva y entrevistas con participantes que me hacen posible llevar a cabo una investigación rigurosa de sus operaciones clandestinas. El resultado completo está en mi libro Los Años Cóndor. Algunas de las nuevas revelaciones relevantes para el proceso judicial son entregadas aquí.
En octubre de 1998, cuando el juez Baltasar Garzón pidió la extradición del general Pinochet desde Londres para enfrentar un juicio en España, eligió los crímenes del Cóndor para fundamentar la petición: la captura del líder del MIR, Edgardo Enríquez, en Argentina en abril de 1976 y su consecuente traslado secreto hacia Chile. A las pocas semanas, cortes de Roma y París abrieron investigaciones judiciales centradas en otros casos del Cóndor que involucraban la captura de uruguayos y chilenos en Argentina. A medida que en años recientes esos juicios avanzaron, un proceso Cóndor aun más elaborado fue iniciado en Argentina. El juez investigador Rodofo Canicoba eligió los casos de 72 víctimas -chilenos, argentinos, bolivianos, paraguayos y uruguayos- que fueron capturados por fuerzas de seguridad fuera de sus propios países.
Su proceso nombra como acusados a una larga lista de altas personalidades militares, incluyendo a Pinochet, al dictador argentino Jorge Rafael Videla, el paraguayo Alfredo Stroessner y el boliviano Hugo Banzer (estos dos últimos ya fallecidos). Las solicitudes de extradición para todos estos casos hacen que estos líderes y más de 200 otros oficiales militares nombrados como acusados o testigos materiales, sean incapaces de viajar fuera de sus países por temor a ser arrestados por Interpol. Otra ironía, ya que la Operación Cóndor fue explícitamente diseñada para imitar (con métodos ilegales) la cooperación internacional de las fuerzas policiales que caracteriza a Interpol.
Finalmente, el 2002 el juez Juan Guzmán inició su investigación “2182-98 Operación Cóndor”, que condujo al reciente desafuero de Pinochet. Ese caso también se centra en la captura y asesinato de Edgardo Enríquez y en una serie de detenciones de Cóndor en Argentina y Chile, quizá la operación más compleja y que llevó a la desaparición de 16 personas y la extorsión de otros por decenas de miles de dólares.
Una cosa es innegable sobre la Operación Cóndor: en términos de su objetivo declarado -eliminar a los enemigos del gobierno militar- fue un éxito. Entre las más famosas de sus operaciones estuvieron el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y el atentado al ex Vicepresidente Bernardo Leighton en Roma. Así, Cóndor, como una alianza formal de seis países, fue establecida en 1975 bajo la inspiración de Chile como un nuevo modelo organizacional para la persecución internacional de enemigos.
Menos conocidas son las exitosas operaciones de Cóndor contra la clandestina Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), encabezada por el jefe del MIR Edgardo Enríquez desde Argentina, y aquella contra la red financiera del Partido Comunista chileno. Estas dos operaciones, que están en el centro de la investigación del juez Guzmán, forman parte también de las investigaciones española, francesa y argentina.
Edgardo Enríquez, hermano del fundador del MIR, Miguel Enríquez, y su sucesor como cabeza del movimiento, había establecido secretamente su base de operaciones en Buenos Aires en mayo de 1975. El arresto en Paraguay, el mismo mes, del operador del MIR Jorge Fuentes y de un camarada argentino, fue el comienzo de la cooperación formal de las fuerzas de seguridad de Chile, Paraguay y Argentina. Los arrestos paraguayos entregaron información conducente a una serie de operaciones en Argentina, en las cuales los líderes más importantes del MIR fueron eliminados uno a uno, culminando con la captura de Enríquez en abril de 1976, cuando dejaba una casa de seguridad en Buenos Aires.
De acuerdo a mi investigación y a las evidencias en manos del juez Guzmán, la Operación Cóndor fue creciendo como alianza militar a partir de estos esfuerzos coordinados para derribar a los hombres operativos del MIR y sus aliados en otras organizaciones revolucionarias.
Cóndor fue formalmente establecido en un encuentro de oficiales de inteligencia en Santiago hacia fines de noviembre de 1975 y fue una creación de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y más tarde, de alguna manera, Brasil.
Uno de los oficiales militares interrogados por el juez Guzmán reconoció, en una declaración obtenida por el autor, que entregó las invitaciones personalmente a los jefes en todos estos países y sugirió --en una evidencia revelada aquí por primera vez- que el general Pinochet podría haber tenido un rol directo en la reunión de Cóndor. El oficial, coronel de Aviación Mario Jahn Barrera, entonces director de operaciones internacionales de la DINA, dijo haber asistido a la sesión inaugural del encuentro de cinco días. “Es posible que (la reunión de inteligencia) haya sido presidida por el general Pinochet o por alguno de los miembros de la Junta, dada la importancia que se quería otorgar a esta conferencia”, dijo en su declaración al juez Guzmán.
La detención de Enríquez era el golpe final para el ya tambaleante MIR y la alianza de la JCR. Fue seguido por otros importantes golpes de Cóndor a los enemigos de los gobiernos militares. En los meses de mayo a octubre de 1976 las coordinadas operaciones de seguridad se intensificaron, y se expandieron para incluir oficiales uruguayos y bolivianos. Los “éxitos” son impresionantes. La lista de líderes internacionales capturados y asesinados incluye al segundo de Enríquez en el mando, Patricio Biedma; dos jóvenes oficiales de seguridad de la embajada cubana en Argentina; el ex Presidente de Bolivia, general Juan José Torres; el máximo líder del ERP Mario Roberto Santucho; y un alto líder de los Tupamaros uruguayos, William Whitelaw. Todos estaban vinculados directa o indirectamente con la Junta de Coordinación Revolucionaria.
LA JCR había establecido sus bases en Argentina poco tiempo después del Golpe en Chile en septiembre de 1973. Bien financiada con millones de dólares provenientes de secuestros en Argentina, tenía fábricas de armamento y redes de militantes en preparación para una planeada ofensiva multinacional contra las dictaduras. Acorralada en 1976, la JCR dejó de operar en Argentina y no volvió a ser una amenaza para los gobiernos militares.
Los prisioneros de la JCR -bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos y cubanos- fueron recluidos en un edificio conocido como Automotores Orletti, que antes sirvió como taller mecánico, en el barrio Floresta de Buenos Aires. Orletti era un centro de detención secreta destinado a las actividades de Cóndor. Ahí los prisioneros internacionales eran torturados e interrogados por oficiales de sus propios países. Después eran llevados en camiones y ejecutados. Algunos de los cuerpos (incluyendo los de los dos cubanos) fueron encontrados en el puerto en tambores parcialmente llenados con cemento. Docenas de uruguayos de otro grupo revolucionario, Partido Para la Victoria, fueron interrogados en Orletti.
Las operaciones de Cóndor definieron como blancos a enemigos políticos no violentos, a los que persiguieron tan intensamente como a los militantes de la JCR y otros revolucionarios. En el mismo período, una operación conjunta argentino-uruguaya secuestró a dos prominentes líderes políticos uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y abandonaron bajo un puente sus cuerpos acribillados dentro de un auto. Y en Washington, un grupo anticastrista de terroristas cubanos, encabezados por el oficial chileno de la DINA Michael Townley, puso una bomba en el auto del ex canciller chileno Orlando Letelier, asesinándolo en la principal avenida de la capital estadounidense.
En noviembre de 1976, un comando operativo de 15 chilenos, argentinos y uruguayos fue enviado a Europa a otra compleja misión de Cóndor: matar al líder de de la JCR René “Gato” Valenzuela en París. De acuerdo a documentos de la CIA obtenidos por el autor, la misión también tenía como objetivo el asesinato del famoso líder terrorista Carlos, “el Chacal” (Ilich Ramírez Sánchez), blanco de Cóndor desde que su nombre fue descubierto en una libreta de direcciones de un militante de la JCR, en mayo de 1975.
La operación europea fue descubierta por la CIA y el servicio de inteligencia francés y la filtración arruinó la misión. La inteligencia francesa confrontó a los servicios secretos chileno, uruguayo y argentino envueltos en la operación, diciéndoles que sabía acerca del plan, lo que implicó la cancelación de la misión, de acuerdo con documentos estadounidenses desclasificados.
Esa fue otra trágica ironía: la CIA descubrió a Cóndor y sus planes de asesinar a los líderes opositores más de dos meses antes del asesinato de Letelier, pero falló en enviar un mensaje de alerta. El asesinato de Letelier en Washington, que según han probado tanto las cortes de Estados Unidos como la chilena fue ejecutada por la DINA, es el único caso de un acto terrorista cometido dentro de Estados Unidos por un gobierno aliado, Chile, en ese tiempo uno de sus amigos más cercanos en América Latina.
Otra operación menos famosa investigada en el proceso que lleva el juez Guzmán es quizás la misión más elaborada y compleja de todas las de Cóndor, involucrando el acorralamiento y desaparición de 16 personas en dos países, la extorsión y confiscación de decenas de miles de dólares, y un elaborado esquema de encubrimiento. Un comunista chileno con pasaporte suizo, Alexei Jaccard Siegler, transportaba un maletín con dinero en efectivo desde Europa para entregar a sus contactos del partido en Santiago. Aterrizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 y fue capturado en la calle al día siguiente. Los agentes argentinos inmediatamente rodearon a 12 comunistas argentinos y otros dos chilenos ligados a Jaccard. En ese tiempo ni el Partido Comunista chileno ni el argentino estaban siguiendo una estrategia de resistencia armada contra los gobiernos de sus países.
En Santiago, agentes de la DINA secuestraron a dos operadores del Partido Comunista de quienes se sospechaba serían los receptores del dinero que llevaba Jaccard. Pocos días después, otros dos chilenos, el acaudalado operador de cambio Jacobo Stulman y su esposa Matilde, fueron dejados en custodia apenas llegaron desde Santiago al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Los siete chilenos y nueve argentinos están en las listas de desaparecidos.
El gobierno suizo y organizaciones judías estadounidenses hicieron agresivos esfuerzos por investigar las desapariciones. Para cubrir sus huellas, los agentes de inteligencia falsificaron la partida de Jaccard y los Stulman desde Argentina, usando falsos registros de hotel y documentos de inmigración. Los documentos falsos mostraban a Jaccard viajando a Chile pocos días después de su arresto, y luego partiendo de Santiago a Uruguay. También pretendían mostrar al matrimonio Stulman llegando a Montevideo. En un vano esfuerzo por rescatar a la pareja, su familia pagó decenas de miles de dólares en rescate a personas desconocidas.
En este caso, nuevamente hay una ironía. Los familiares de los Stulman pagaron al actual abogado de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, para viajar a Argentina y averiguar qué había pasado con la pareja. Rodríguez, entonces como hoy, tiene un asombroso acceso a los círculos íntimos de los dictadores en ambos países. En Santiago, se reunió con el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA. Recibió información sobre los Stulman de parte del Primer Cuerpo del Ejército, la unidad que controlaba la capital argentina, cuyo Batallón de Inteligencia 601 era la contraparte operacional de Chile en la Operación Cóndor.Luego se reunió con Enrique Arancibia Clavel, a quien identifico en Los Años Cóndor como el agente de inteligencia más clandestino de la DINA en Buenos Aires, y el vínculo de la DINA con su contraparte, el Batallón 601. En un notable reporte de Arancibia a sus superiores en la DINA, fechado el 17 de julio de 1977, Arancibia escribe: “Con fecha 8/7/77 se contactó conmigo Ambrosio Rodríquez, quien me planteó que su permanencia en Buenos Aires peligraba debido a que estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judío Stulman. Aparentemente Rodríguez tomó contacto con altos jefes del Ejército argentino en el área Seguridad, los que le indicaron en forma indirecta que este matrimonio “ya no existía”… El informe oficial de 1er Cuerpo del Ejército argentino es que fueron entregados (los Stulman) a funcionarios DINA”.
A pesar de que Rodríguez fue extremadamente bien pagado por la familia, el destino de los Stulman y su dinero nunca se supo. Rodríguez está en posición de ser un testigo material, con un potencial testimonio clave sobre el secuestro de los Stulman, y al mismo tiempo como abogado defensor del inculpado en el caso, Pinochet. De acuerdo a las fuentes, no ha cooperado en la investigación del juez Guzmán.
Este ejemplo de una operación exitosa de Cóndor contra la red financiera que sostenía al PC en Chile demuestra en detalle las gruesas evidencias dejadas por las actividades internacionales de Cóndor. La abundante evidencia es una de las razones para que las investigaciones de Cóndor hayan sido tan importantes en los esfuerzos -a nivel internacional y nacional- para llevar a los dictadores hasta la justicia.
La evidencia para este caso -y para muchas otras operaciones de Cóndor-, está disponible en documentos descubiertos o desclasificados en Estados Unidos, Paraguay, Argentina y otros países. Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, los oficiales de Pinochet fueron extraordinariamente meticulosos en destruir indiscriminadamente documentos en Chile (sólo unos pocos documentos que mencionaban a Cóndor sobrevivieron a la limpieza en el Ministerio de Relaciones Exteriores). Pero en los países aliados la historia fue otra.
Docenas de documentos que describían las características de Cóndor y de télex que probaban la coordinación internacional para destruir a sus enemigos fueron encontrados en Paraguay y guardados en el llamado “Archivo del Terror” bajo el auspicio de la Corte Suprema. Los militares argentinos depuraron la mayoría de los archivos operacionales que podrían haber probado su responsabilidad en crímenes masivos, pero fueron descuidados en la limpieza de lo que aludía a Chile. Una corte argentina guarda varios miles de páginas de comunicaciones secretas entre el hombre de Cóndor en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, y sus jefes de la DINA en Santiago.
Esos documentos (descubiertos en la Corte Federal Argentina por Mónica González) entregan un mapa de ruta del desarrollo de Cóndor en muchas de sus operaciones más importantes, especialmente cuando se examinan junto a otras fuentes.
Cóndor también atrajo la atención especial de la CIA y el FBI. Sus informes, ahora desclasificados, quedaron a salvo de los esfuerzos de Pinochet y sus aliados de esconder la evidencia de sus operaciones internacionales. El conjunto de las evidencias de Cóndor es monumental e innegable.
La evidencia de la participación directa de Pinochet es también sólida en el caso de Cóndor. Primero, el establecimiento una alianza militar internacional involucrando a seis países de América Latina sólo pudo permitirse con la aprobación explícita del jefe de Estado, Pinochet. Operaciones de más bajo nivel pueden quizás explicarse como “abusos aislados” o, como dice Pinochet en su entrevista a un canal de televisión de Miami, porque “en la lucha política hay gente que no se controla”. Pero no una alianza internacional aprobada en una reunión de alto nivel en Santiago, financiada por Chile y -de acuerdo con el coronel Jahn- quizás con la presencia personal de Pinochet.
Hay otra evidencia descubierta en mi investigación que apunta al involucramiento de Pinochet en la creación de Cóndor. De acuerdo con un documento fechado el 15 de septiembre de 1975, que llegó hasta las manos del dirigente chileno Hugo Miranda en 1977, Contreras supuestamente informó a Pinochet de sus planes de expandir la DINA en operaciones internacionales y pidió fondos: US$ 600.000, una suma enorme en ese tiempo. A pesar de que la autenticidad y origen de ese documento nunca ha sido confirmada, recibí un reporte de una fuerte confidencial describiendo una reunión en la misma época en el Diego Portales que corrobora la solicitud de fondos y la participación de Pinochet: de acuerdo a esta fuente, que estuvo presente, el coronel Mario Jahn se reunió con Pinochet para conseguir fondos para la “internacionalización” de la DINA.
Jahn era el hombre que Contreras puso a cargo del proyecto, según la fuente: “Era el hombre de Contreras para la internacionalización. Tuvo una reunión (con Pinochet) en uno de los comedores presidenciales. Y le dijo: ‘este es el momento de moverse, de avanzar y llevar la lucha a nivel mundial’. Pidió dinero. Dijo que los americanos estaban ayudando a través de Brasil”.
John Dinges, fue corresponsal en Chile en los años 70. Junto a Saul Landau escribió Asesinato en Washington, sobre el atentado a Orlando Letelier. El material de investigación para este artículo es en su gran mayoría parte de su libro Los años Cóndor: Cómo Pinochet y sus aliados llevaron el terrorismo a tres continentes (The New Press 2004), que será publicado en español en diciembre por Ediciones B.
Condor: The Plan that Backfired Pinochet and his Allies
By John Dinges© 2004Operation Condor was a murderously successful plan that is returning a quarter century later to plague the old age of its inventors. It resulted in operations in Europe, the United States and in Latin American countries to capture and eliminate the enemies of the military dictators. Now, the crimes of Condor have become the catalyst for judicial prosecutions that mirror the three continent arena of Condor activity.
Last week, the evidence of Condor operations was at the center of the decision by the appeals court revoke the immunity of General Augusto Pinochet. The ruling reopens the possibility that Pinochet may have to face trial for human rights crimes, but most significantly the decision by the Santiago court places Chile in line with courts in at least four other countries that have built international prosecutions around the international activities of Operation Condor.
Condor was Pinochet's "grandiose scheme"--as it was described by one of the intelligence officers invited to join it-- to defeat world communism. How did Pinochet's most ambitious --some would say his most successful--geopolitical venture lead to the relentless prosecutions that are plaguing his old age?
The general outlines of Operation Condor have been known for years, but only recently has abundant new documentation and interviews with participants made it possible for me to carry out a thorough investigation of Condor's underground operations. The complete results of my investigation is contained in my book, The Condor Years. Some of the new revelations of importance to the judicial process are provided here.
In October 1998, when Judge Baltasar Garzon petitioned for the extradition of General Pinochet from London to face trial in Spain, he chose a Condor crime to justify the request: the capture of MIR leader Edgardo Enriquez in Argentina in April 1976 and his subsequent secret transfer across border into Chile. Within weeks, courts in Rome and Paris opened judicial investigations centered around other Condor cases involving the capture of Uruguayans and Chileans in Argentina. As those cases advanced in recent years, an even more elaborate Condor case was launched in Argentina. Investigating judge Rudolfo Canicoba chose the cases of 72 victims --Chileans, Argentines, Bolivians, Paraguayans and Uruguayans-- who were captured by security forces outside of their own countries. His prosecution names as defendants a long list of top military personalities, including Pinochet, Argentina's Jorge Videla, Paraguay's Alfredo Stroessner, and Bolivia's dictator Hugo Banzer (since deceased). Extradition requests for all of these cases have ensured that these leaders and more than 200 other military officers named as defendants or material witnesses are unable to travel outside their own countries for fear of arrest by Interpol-- another irony since Operation Condor was explicitly designed to mimic (with illegal methods) the international cooperation of police forces in Interpol.
Finally, in 2002 Judge Juan Guzman Tapia began his investigation "2182-98 Operation Condor," the case that led last week to the stripping of Pinochet's immunity. That case also centers on the capture and killing of Edgardo Enriquez and on a series of Condor detentions in Argentina and Chile that is perhaps Condor's most complex operation, leading to the disappearance of 16 people and the extortion of tens of thousands of dollars.
One thing is undeniable about Operation Condor: in terms of its stated goal to eliminate the enemies of the military government it was a success. Among the most famous such operations were the assassination of General Carlos Prats, the former commander in chief of the Armed Forces and Pinochet's predecessor and rival, and the shooting of former Chilean vice president Bernardo Leighton in Rome. Condor as a formal six-country alliance was established in 1975 at the inspiration of Chile with the Prats and Leighton attacks as the new organization's model for the international pursuit of enemies.
Less well known are Condor's successful operations against the underground revolutionary alliance, the Junta de Coordinacion Revolucionaria (JCR), led by MIR chief Edgardo Enriquez from Argentina, and against the financial network of the Chilean Communist Party, the two operations that are at the center of Judge Guzman's investigation (and form part of the Spanish, French and Argentine investigations as well.)
Edgardo Enriquez, brother of MIR founder Miguel Enriquez and his successor as head of MIR (Movement of the Revolutionary Left), had secretly set up his base of operations in Buenos Aires in May 1975. The arrest in Paraguay that same month of MIR operative Jorge Fuentes and an Argentine comrade was the beginning of the formal cooperation of security forces of Chile, Paraguay and Argentina. The Paraguay arrests provided information leading to a series of operations in Argentina in which MIR's most important leaders were picked off one by one, culminating in Enriquez capture and in April 1976, as he left a safe house in Buenos Aires.
According to my investigation and evidence in the hands of Judge Guzman, Operation Condor as a military alliance grew out of this coordinated effort to track down the MIR operatives and their allies in other revolutionary organizations. Condor was formally established at a meeting of intelligence officers in Santiago in late November 1975 and was made up of Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay and somewhat later Brazil.
One of the military officers interviewed by Judge Guzman acknowledged, in a deposition obtained by the author, that he delivered the invitations personally to security chiefs in all of these countries and --in evidence revealed here for the first time-- he suggested that General Pinochet may have had a direct role in the Condor meeting. The officer, Coronel de Aviacion Mario Jahn Barrera, who served at the time as director of international operations of DINA, said he attended the opening session (inauguracion) of the five-day meeting: "It is possible that it [the intelligence meeting] was presided over by General Pinochet or by one of the members of the junta, given the importance that they wanted to confer on this conference," Jahn said in a deposition to Judge Guzman.
The detention of Enriquez was the ultimate blow to the already staggering MIR and the JCR alliance. It was followed by other major Condor blows to the enemies of the military governments. In the months from May to October 1976 the coordinated security operations intensified, and were expanded to include Uruguayan and Bolivian officers. The successes were impressive: The list of international leaders captured and killed included: Enriquez's second in command Patricio Biedma; two young security officers from the Cuban Embassy in Argentina; the former president of Bolivia General Juan Jose Torres; the maximum leader of Argentina's ERP Mario Roberto Santucho; and a top leader of Uruguay's Tupamaros William Whitelaw. All were associated directly or indirectly with the international alliance of guerrilla organizations, the Junta de Coordinacion Revolutionaria. The JCR had set up its base in Argentina shortly after the coup in Chile in September 1973. Well financed with millions of dollars from kidnappings in Argentina, the JCR had arms factories and a network of militants in preparation for a planned multi-country counter-offensive against the dictatorships. After the 1976 Condor roundup, the JCR withdrew its operations from Argentina and was never again an effective threat against the military governments.
JCR prisoners --Bolivians (some of them brought from Bolivia), Paraguayans, Chileans, Uruguayans and the Cubans--were held in a building that had previously served as a car repair shop, known as Automotores Orletti, in the Floresta neighborhood in Buenos Aires. Orletti was the secret detention center dedicated to Condor activity. There the international prisoners were tortured and interrogated by officers from their own countries. Then they were loaded into trucks and executed. Some of the bodies (including those of the two Cubans) were eventually found in the harbor in barrels partially filled with cement. Dozens of Uruguayans from another revolutionary group, Partido Para la Victoria, were also rounded up and interrogated at Orletti.
The Condor operations targeted non-violent political enemies as intensely as they did the JCR and the other revolutionaries. In the same period, an Argentine-Uruguayan joint operation kidnapped two prominent Uruguayan political leaders, Zelmar Michelini and Hector Gutierrez, and dumped a car with their bullet riddled bodies under a bridge. And in Washington, DC, a group of anti-Castro Cuban terrorists, led by officers of Chile's DINA, planted and detonated a car bomb on a main avenue killing former Chilean foreign minister Orlando Letelier.
In November 1976, a commando of 15 Chilean, Argentine and Uruguayan operatives were dispatched to Europe in another complex Condor mission to kill JCR leader Rene "Gato" Valenzuela in Paris. According to CIA documents obtained by the author, the mission also targeted for assassination the infamous Venezuelan terrorist Carlos the Jackal (aka Ilich Ramirez Sanchez), who had been a Condor objective since his name was discovered in a JCR member's address book in May 1975.
The European operation was discovered by the CIA and French intelligence services and the leak "blew" the mission. French intelligence confronted the Chilean, Uruguayan and Argentine security services involved in the operation, telling them they know about the assassination plans, resulting in the cancellation of the Condor mission, according to U.S. declassified documents. This was another tragic irony: The U.S. CIA had discovered Condor and its plans to assassinate opposition leaders more than two months before the Letelier assassination, but failed to deliver messages of warning to those same countries. In that case, the Condor mission went forward and resulted in its most spectacular assassination, of Letelier, in the United States capital. The Letelier assassination in Washington, proven by both US and Chilean courts to have been authored by Chile's DINA, is the only known case of a terrorist act inside the United States committed by an allied government, Chile, which at the time was one of the United States closest friends in Latin America.
Another less famous Condor Operation is being investigated by Judge Guzman. It is perhaps the most elaborate and complex of all the Condor missions, involving the roundup and disappearances of 16 people in two countries, the extortion and confiscation of tens of thousands of dollars, and an elaborate three-country coverup scheme. A Chilean communist with a Swiss passport, Alexei Jaccard Siegler, was transporting a suitcase of cash from Europe for delivery to party contacts in Santiago. He landed in Buenos Aires on May 16, 1977, and was picked up in the street the next day. Argentine agents immediately rounded up 12 Argentine communists and two other Chileans linked to Jaccard. At the time neither the Chilean nor the Argentine Communist Party were following a strategy of armed resistance against the military governments in their countries.
In Santiago, DINA agents kidnapped two Communist Party operatives thought to be the intended recipients of the money Jaccard was carrying. Within a few days of these arrests, two other Chileans, wealthy currency trader Jacobo Stulman and his wife Matilde, were taken into custody as they arrived from Santiago to Buenos Aires Ezeiza airport. All seven Chileans and nine of the Argentines picked up were never seen again and are listed as disappeared.
The Swiss government and U.S. Jewish organizations made aggressive efforts to investigate the disappearances. To cover their tracks, the intelligence agents faked the departure of Jaccard and the Stulman couple from Argentina, using airline manifests, forged hotel registrations and falsified immigration documents. The false documents showed Jaccard traveling to Chile a few days after his arrest, and then departing Santiago to Uruguay. False records also purported to show the Stulman couple’s arrival in Montevideo. In the vain hope of rescuing the couple, family members paid tens of thousands of dollars in ransom to unknown persons. In this case, too, there is an irony: The Stulman's relatives paid the man who is currently representing Augusto Pinochet as defense lawyer, Ambrosio Rodriquez, to travel to Argentina to try to find out what happened to the couple. Rodriquez, then as now, had astounding access to the inner circles of the dictatorships of the two countries. In Santiago, he met with Col. Manuel Contreras, head of DINA. In Buenos Aires, he received information about the Stulmans from the First Army Corps, the unit controlling the Argentine capital, whose Intelligence Battalion 601 was Chile's operational partner in Operation Condor.
Then he met with Enrique Arancibia Clavel, whom I identify in The Condor Years, as DINA's most clandestine intelligence operative in Buenos Aires and DINA's liaison to its Condor partner agency, the Batallon 601. In a remarkable report from Arancibia to his DINA superiors, dated July 17, 1977, Arancibia writes: "On July 8, 1977, I was contacted by Ambrosio Rodriguez, who told me it had become dangerous for him to stay in Buenos Aires because he was making inquiries about a married couple of Jewish origen, Stulman. Apparently Rodriguez has been in touch with the top chiefs of the Argentine Army in the area of security, who told him indirectly that this couple 'doesn't exist anymore.' … The official report of the Argentine First Army Corps is that they (the Stulman couple) have been handed over to DINA officials."
Although Rodriquez was extremely well paid by the family, the fate of the Stulmans and their money was never known. Rodriquez thus has been put in the position of being both a material witness, with potentially critical testimony about the Stulman kidnapping, and at the same time the defense lawyer for the chief defendant in the case, Pinochet. So far, according to sources, he has not cooperated in Judge Guzman's investigation.
This final example of a successful Condor operation against the financial network supporting the Communist Party in Chile also demonstrates in graphic detail the robust trail of evidence left behind by Condor's international activities. This abundance of evidence is one of the reasons that investigations of Condor have been so important in the international and national efforts to bring dictators to justice. Evidence in all the cases described here, and in many other Condor operations, is available in collections of previously secret documents discovered or declassified in the United States, Paraguay, Argentina and other countries. When Chile returned to democracy in 1990, Pinochet's officers were extraordinarily thorough in destroying incriminating documents in Chile (only a very few documents mentioning Condor, kept at the Ministerio de RREE, survived the limpieza). But in the allied Condor countries it was another story.
Dozens of documents describing Condor's characteristics and telexes proving the coordinated multi-country tracking down of enemies have been found in Paraguay and are kept in the so-called Archive of Terror under the auspices of the Supreme Court. Argentina's military purged most of the operational files that would have proved its responsibility for the mass murders, but they were sloppy about cleaning up after their ally, Chile. An Argentina court preserved several thousand pages of secret communications between Condor's man in Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, and his bosses at DINA in Santiago.
Those unique documents (first discovered in Argentine federal court archives by Siete Mas 7 editor Monica Gonzalez) provide a road map of Condor's development and many of its most important operations, especially when examined together with other sources.
In addition, as an international intelligence operation, Condor attracted the special attention of the CIA and the FBI. Their reports, now declassified, were safe from the efforts by Pinochet and his allies to hide the evidence of their international operations. Taken together, the evidence of Condor is monumental and undeniable.
The evidence of Pinochet's own direct participation is also strong in the case of Condor. First, the establishment of an international military alliance involving six Latin American countries could only have been allowed if it had the explicit approval of the head of state, Pinochet. Lower level operations could perhaps be explained as "isolated abuses" or as Pinochet asserted in his interview with the Miami television station, as the actions of "people [who] can't control themselves." But such an excuse cannot be applied to an international alliance approved at a high level meeting in Santiago, financed by Chile, and --according to Col. Jahn--perhaps with Pinochet's personal presence.
Other evidence uncovered in my investigation points to Pinochet's involvement in the creation of Condor. According to a document dated September 15, 1975, smuggled into the hands of opposition leader Hugo Miranda in 1977, Contreras purportedly informed Pinochet of his plans to expand DINA into international operations and asked for funds --$600,000, an enormous sum at that time. Although the authenticity and origin of that document has never been confirmed, I received a report from a confidential source describing a meeting around the same time inside Diego Portales government headquarters that corroborates the request for funds and Pinochet's involvement: According to the source, who was present, Col. Mario Jahn met with Pinochet to seek funds for the "internationalization" of DINA.
Jahn was the man Contreras had put in charge of the project, the source said. “He was Conteras’s hombre de la internacionalización,” the source said. “He was having a meeting [with Pinochet] in one of the presidential dining rooms. He was saying, ‘This is the moment to move, to advance and bring the struggle to the world level.’ He was asking for money. He said the Americans were helping through Brazil.”
(Investigative material for this article is from my book, The Condor Years: How Pinochet and his Allies Brought Terrorism to Three Continents (The New Press 2004), to be published in Spanish in December 2004 by Ediciones B.).
(Published June 4, 2004, in Siete Mas 7, Santiago, Chile)---

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