PERU: ALBERTO FUJIMORI Y MONTESINOS DOS MISERABLES CRIMINALES AL SERVICIO DEL IMPERIO U.S.A.

COMISION INVESTIGADORA

SOBRE LA ACTUACION Y EL ORIGEN, MOVIMIENTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
Y SU EVIDENTE RELACION CON EL EX PRESIDENTE
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI





INFORME FINAL









CAPITULO I


OBJETIVOS Y AMBITO DE LA COMISION INVESTIGADORA


CONTEXTO HISTORICO Y ANTECEDENTES


La corrupción en el Perú es, lamentablemente, tan antigua como la fundación o los orígenes de la República del Perú. Luego de la declaración de la independencia entre 1822 y 1824, algunos comisionados peruanos participaron en las primeras negociaciones de la deuda externa con Inglaterra, constituyendo uno de los primeros actos de corrupción republicana. Un grupo de negociadores de financiamientos ganaron y se aprovecharon con la gestión iniciada para la primera deuda externa pública con el reino de Inglaterra.

Basadre relata en su obra: “La segunda deuda inglesa ascendía a poco más de 616,000 libras a raíz del emprestito negociado con el mismo Kinder por el agente de esa nacionalidad Jhon Parish Robertson autorizado para ello en 1824. De esa cantidad no llegaron a emitirse sino los bonos correspondientes a 557,500 libras que no dieron al Perú sino un producto efectivo de 200, 385 libras a causa de errores y actos irregulares del comisionado que dejaron sin embargo comprometido el crédito nacional. Además del monto de los empréstitos, el país debía sus intereses.”[1]

Esta acción marca el terrible sino histórico del aprovechamiento del Estado y los recursos del Tesoro Público, que ha recorrido las más diversas administraciones de los sucesivos gobiernos peruanos, allí están los hechos que se sucedieron en la época de Augusto B. Leguía, Manuel A. Odría y Juan Velasco Alvarado entre otros.

Por ello, retratando estas experiencias, Jorge Basadre tambien nos recuerda que las primeras iniciativas legislativas de la Junta de Gobierno en 1822 en base a un proyecto de José Faustino Sánchez Carrión ordenó que todo funcionario público debía estar sujeto a juicio de residencia. De esta manera la República del Perú empezaba a través de la legislación nacional a abordar el problema siempre presente de la responsabilidad inherente al ejercicio de la función pública, y que aún demanda una solución integral.

En cuanto a la corrupción en el Perú existe una continuidad histórica estructural que tiene que ver con la condición de ser una Nación en formación. Por esa razón, asistimos a tener instituciones públicas debiles .

Existe un hilo conductor entre los niveles de corrupción que hemos conocido en los últimos 10 años durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y estos antecedentes. La corrupcion llego a un alto nivel de sofistificación y consiguió usar al conjunto del Estado como una estructura para lograr beneficio personal de forma organizada, y de apariencia legal.

Sin embargo, es bueno señalar que la actividad de la corrupción no es un monopolio de los gobiernos militares y autoritarios, sino que incluso las administraciones civiles, elegidas bajo democracias representativas caen en prácticas que violan la ley, y usan ilegalmente a los recursos públicos, en provecho propio.

El régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se propuso crear un sistema económico al servicio de la corrupción, teniendo como requisito básico lograr un gobierno autoritario , que buscó anular a las organizaciones políticas y atomizar al movimiento social

“Todo totalitarismo desmoviliza nuestras conciencias y nos impide juzgar lo que puede significar el hecho de que nos tratemos todos como medios”[2]. Ante está situación H. Arendt precisa que empezamos a manejar ideas heredadas como “es inevitable dicen unos, o el mundo está en manos de cínicos y bribones dicen otros”.[3]

El drama nacional de la experiencia de los 10 años del régimen anterior que se incubó en las fracasadas políticas gubernamentales de nuestra débil convivencia democrática, nos debe llevar a tratar de recuperar la ética para la política, o de incorporarla definitivamente en nuestra historia..

Más allá de los hechos en sí sobre los ilícitos penales que cometieron Fujimori y Montesinos junto con sus respectivas camarillas debe esbozarse una luz que indique las razones, causas, motivaciones, ausencias que permitieron su surgimiento y existencia.

Evaluando este periodo surgen muchas preguntas. ¿Aprendimos los errores históricos acumulados, que muchas veces provienen de nuestra complicada conformación de nación, que provocaron que nuestra débil institucionalidad se rompa con regularidad como en 1963 o 1992 para señalar los hechos más recientes?. ¿Quizás como dice Erich From, tenemos un miedo a la libertad,[4] y por eso buscamos espacios de protección autoritarios que nos indiquen en pocas variables un sentido de vida, que suele terminar, muchas veces como la Alemania nazi de Hitler, y también habría que decir, lamentablemente, como el régimen autoritario de la década pasada?.

Los grandes países no son aquellos que no han tenido periodos de corrupción, de barbarie o de graves violaciones a los derechos humanos sino aquellos que han sabido enfrentar dichos momentos, mostrar la verdad de los hechos y proponer medidas de trasparencia y de control democrático que impedirán que en el futuro se repitan esos acontecimientos. Examinar sin temor la verdad para asi superarla eso es lo que ha pretendido la Comisión.

Las auténticas democracias son las que pueden con valentía enfrentar la verdad. Mostrar lo que ocurrió y acusar a quienes cometieron graves delitos contra la patria, no es buscar la venganza, es mirar con madurez el pasado para poder construir un futuro mejor. Es dar la lección de que el crimen no permanecerá impune y que al final siempre se sabe la verdad de lo ocurrido en la historia. Se trata también de imaginar un país diferente donde pongamos punto final a la corrupción, a la inmoralidad y a la falta de castigo a quienes delinquen.


ANTECEDENTES DE LA COMISION INVESTIGADORA

En noviembre del 2000, el ex ministro de Justicia Alberto Bustamante Belaúnde, informó a la opinión pública de la existencia de cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos Torres en tres bancos de Suiza. El Gobierno de Suiza dio a conocer que en esas cuentas el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional poseía 48 millones de dólares. Como consecuencia de este hecho la justicia suiza decidió abrir una investigación contra Montesinos por el delito de lavado de dinero en relacion a las cuentas abiertas a su nombre en los bancos Bank Leumi de Israel, Fibi Bank de Zurich y el Bank CAI.

Las cuentas en Suiza confirmaron los ilícitos penales cometidos por Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional desde donde manejaba los diversos sectores de la estructura del Estado. Las declaraciones hechas por el narcotraficante Demetrio Chavez Peñaherrera hechas el 17 de agosto de 1996 en un proceso penal abrieron el camino para investigar las vinculaciones del ex asesor del SIN con las organizaciones del narcotráfico. El pago de 50 mil dólares mensuales que según “Vaticano” le enviaba a Montesinos podría explicar parte de los desmesurados ingresos que poseía el brazo derecho de Alberto Fujimori.

El 13 de abril de 1997, periodistas del programa “Contrapunto” mostraron copias de las declaraciones juradas presentadas por Vladimiro Montesinos Torres a la Superintendencia de Administración Tributaria,[5] comprobándose los extraordinarios ingresos del ex asesor presidencial. En 1993, Montesinos declaró ingresos mensuales del orden de 2,918 nuevos soles. Al año siguiente multiplicó exponencialmente sus ingresos promedios mensuales a más de 40 mil nuevos soles. En 1995, estos ingresos mensuales se elevaron a 150 mil nuevos soles hasta llegar más de medio millón de soles mensuales.[6]

La información oficial con la cual el propio Alberto Fujimori salió en defensa de Montesinos indicaba que el ex asesor era un funcionario público que tenía como escalafón el nivel F1, dedicado las 24 horas del día a las tareas de inteligencia para brindar seguridad nacional.

El 8 de mayo de 1997 ante el pleno del Congreso el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi Arbulú aseveró que en su condición de asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, percibía sus ingresos como todos los funcionarios del SIN de mismo nivel remunerativo. Pandolfi no dio los montos de esos ingresos amparándose en un supuesto secreto que protegía a los funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional.

En diciembre de 1999, otra investigación periodística del diario “Liberación” publicó los estados de cuenta del ex asesor Montesinos en el Banco Wiese del Perú con movimientos de dinero por más de dos millones y medio de dólares.

El 14 de setiembre de 2000 el Movimiento Político Frente Independiente Moralizador divulga un video que muestra al ex congresista Alberto Kouri recibiendo 15 mil dólares de Vladimiro Montesinos Torres para comprar su voto en el parlamento y apoye al oficialismo fujimorista de entonces.

A partir de estos hechos y las denuncias sobre las cuentas de Montesinos en bancos de Suiza el pleno del Congreso de la República en sesión del 13 de noviembre de 2000 formó una Comisión Investigadora integrada por David Waisman, Adolfo Amorín, Luis Chang Ching y Ernesto Gamarra Olivares. Dicho grupo fue presidido por el congresista Waisman, Ana Elena Towsend. Ernesto Gamarra fue sustituido por Carlos Cuaresma por haberse abierto una investigación sobre las presuntas vinculaciones ilegales de Gamarra con Luis Venero Garrido, hermano de Víctor Alberto Venero Garrido, y del cual recibió dinero. [7]

La Comisión Investigadora tuvo como plazo inicial 45 días naturales con el objeto de determinar el origen, el movimiento y el monto del dinero existente en las cuentas bancarias que tiene el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el cese de sus funciones como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional.

El plazo de funcionamiento de dicha Comisión Investigadora culminó sus funciones en el mes de junio del presente año, pero recomendando que el nuevo Congreso de la República formé una Comisión con las mismas características, por las materias pendientes y la carga acumulada que faltaba confrontar. Como lo declaró en su oportunidad el congresista David Waisman se requiere que los nuevos plazo de la Comisión sea de un año por lo menos con el objeto de que la investigación pueda alcanzar todas las áreas de acción que se han propuesto.[8]



COMISION INVESTIGADORA PRESIDIDA POR ANA ELENA TOWNSEND DIEZ CANSECO


Luego de las elecciones generales y la instalación del Congreso de la República se constituyeron cinco comisiones investigadoras, una de las cuales debía continuar la tarea de seguir investigando la organización de Vladimiro Montesinos Torres, mandato al que ahora se sumaba la relación con el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori[9].

La necesidad de una nueva Comisión Investigadora se sustentaba en el hecho de que se habían levantado el secreto bancario y la reserva tributaria a más de 400 personas, y de las cuales sólo se había podido analizar una pequeña porción de las mismas. Adicionalmente a ello el acervo documentario superó con facilidad el millón de folios y no había podido ser revisado en su integridad.

El 13 de agosto de 2001, el pleno del Congreso de la República aprueba la formación de una Comisión Investigadora: “sobre la actuación, el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres y su evidente relación con el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori”.

Esta Comisión fue formada bajo la presidencia de la congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco, y teniendo como miembros a Edgar Villanueva (vicepresidente), Gustavo Pacheco Villar (secretario), Hildebrando Tapia Samaniego y César Zumaeta Flores. La representación nacional fijó el ámbito de la Comisión Investigadora y su vigencia por 120 días, que se cumplen el 12 de diciembre de 2001.

La Comisión Investigadora acordó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de más de 130 personas, que se suman a las 400 personas a las que se procedió en ese sentido, por lo que el acervo documentario ocupa dos bóvedas completas de información y alcanza a un millón 185 mil folios de documentos.

En la sesión de fecha 21 de agosto de 2001, la Comisión Investigadora, decidió trabajar en cinco áreas o líneas de investigación: Alberto Fujimori y su relación con Vladimiro Montesinos, Narcotráfico y Lavado de Dinero, Adquisiciones del Estado, Tráfico de influencias y corrupción de funcionarios, y cuentas bancarias y recursos públicos.
[1] .- HISTORIA DE LA REPUBLICA DEL PERU. 1965 Pag. 221
[2] ,. VICENTE SANTUC. “¿QUÉ NOS PASA? ETICA Y POLITICA HOY. CEDEP. Colección Breve. Pag.16
[3] H. ARENDT. LOS ORIGENES DEL TOTALITARISMO. LE SUIL. PARIS. 1972. Pag. 91
[4] ERICH FROM. “EL MIEDO A LA LIBERTAD”. Editorial Seix Barral. 1995.
[5] .- La declaracion consignaba un ingreso anual de más de medio millón soles como ingreso mensual entre 1996 y 1997.
[6] .- Fuente: Programa “Contrapunto” de Frecuencia Latina. 13 de abril de 1997.
[7]IVideo entregado por lel Ministerio Publico al Congreso. Hechos ocurridos en de Setiembre de 1998. Propalado en el Congreso de la República y propalados el 23 de enero de 2001.
[8] Conferencia de Prensa de la Comisión Investigadora. Febrero de 2001.
[9] Acuerdo del Pleno del Congreso de la República del 13 de agosto de 2001.
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