GENOCIDA GARCIA RECIBE A FASCISTA CHILENO VESTIDO DE OVEJA
‘Caballo Loco’ Alan García Pérez, recibió con los brazos abiertos al fascista chileno de nombre Salvador Piñero. Piñero, que tiene una fortuna personal de mil quinientos millones de dólares, dijo muy suelto de hueso, que su fortuna se debe a que desde muy joven trabajo duro, desde que su padre murió.
Salvador Piñero se expreso con arrogancia ante las preguntas de la televisora fascista América TV. Piñero, que es miembro de la elite financiera chilena que gobierna Chile, auque sea la Señora Bachelet la presidenta, que se dice socialista, dijo que vino a visitar el Perú, porque siente la necesidad de mirar el futuro con amor y buenos deseos de establecer firmes lazos de amistad con el Perú, y que le importaba un pepino que Chile haya sido el agresor y invasor del Perú, en 1879 y que el mira hacia el futuro.
¿Y Alan García? Bien gracias.
Genocida Alan García estaba rebosante de alegría con la visita de su correligionario chileno, tanto que le ofreció sus deseos que mas delincuentes ‘hombres de negocios’ chilenos, deberían llegar al Perú, con el cuento de la inversiones.
Lo que no saben muchos es que la Mafia Financiera que gobierna Estados Unidos, Chile y el lacayo García, ya han acordado saquear al Perú, en los años venideros y que todo el bla, bla, bla del chileno visitantes es un farsa. La verdad.
Tuesday, March 25, 2008
Wednesday, March 19, 2008
BOMBAS INTELIGENTES
EL PASQUIN DE RADIO BEMBA
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calfulcura (calfulcura@bluewin.ch)
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Wed 3/19/08 5:36 AM
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LAS UNICAS BOMBAS INTELIGENTES SON LAS MUCHACHAS QUE ESTÁN BUENOTAS Y TIENEN BRAINS…
…Y esto que parece una boutade común y silvestre -by the way le damos gracias a la Sra Merino que nos aclaró el significado de boutade, que no es otra cosa que una suerte de broma pero en francés- es totalmente cierto por más que digan lo contrario la gente del Péntagono. De la misma manera se puede decir que no hay guerra que no produzca víctimas y sufrimiento salvo en las películas en las que las « víctimas » despues de terminado el rodaje y ya fuera de las luces de Broadway se levantan , se quitan el maquillaje ensangrentado , se cambian los uniformes desgarrados y se van a tomar una chela con la esperanza de to pick up a bird ,que a falta de la actriz principal bien puede ser una de las maquilladoras o peluqueras. Esas son las únicas guerras divertidas y donde en lugar de la sangre corre el tomato ketchup en abundancia y en las que ,con un poco de suerte y buena puntería, se conjugan casamientos o por lo menos blitz krieg romances …Las otras guerras, las de verdad, como las inexistentes bombas inteligentes siempre ocasionan daños colaterales que muchas veces son más numerosos que los del blanco buscado. Pero hay otras guerras, las llamadas « guerras sucias »…una invención de los franceses que no por nada tienen la reputación de huirle al jabón como alma en pena, que es la razón principal por la que Francia es un gran productor de perfumes-y esto no es ninguna boutade sino estadisticamente cierto. Y eso lo comprendió de Gaulle, que fue el último político francés de derecha inteligente cuando imitando en parte a Poncio Pilatos se lavó las manos de la mierda de Argelia.contrariamente a lo que le aconsejaba el Pinochet francés , general Paúl Aussaresses
Pero la primera víctima en todas las guerras -y divorcios-es la verdad y eso no es ninguna boutade . Estos últimos días nuestro buzón electronico se ha llenado con una multitud de mensajes que nos llegaron de Miami, otros provenientes de militares retirados argentinos y de conspicuos miembros de la oposición venezolana. La mayoría de ellos fueron a parar al basurero de la Historia como corresponde, pero guardamos unos pocos por su infantilismo y puerilidad. Entre ellos se destacaba uno from una argentina de apelativo Cristina Marchesan quien muy suelta de cuerpo y sin que se le cayera el tampax de verguenza afirmaba que Chávez les había dado 300 millones de dólares a las FARC y que el Mono Jojoy era el mayor traficante del mundo…Se dice que el trafico de drogas representa la bonita suma de 500 mil millones de dólares anuales therefore si la insurgencia recibiera tan sólo el 5% de esa suma deberían estar en la Costa Azul o en alguna paradisíaca isla del Pacifico en lugar de pasar tanto trabajo en el monte ! Pero desde que ese general uruguayo que portaba el aguerrido apellido Puñales declaró que « La subversión es un pulpo que tiene la cabeza en Moscú y los testículos por todas partes » todo es ginecologicamente posible…
Bueno familia y hasta aquí hemos llegado por hoy porque otros menesteres demandan nuestros modestos esfuerzos. Dejamos a Misia Cristina Marchesan en la búsqueda de los testículos del Pulpo Subversivo y le pasamos el micrófono a nuestro colega Molano Bravo
Nos fuimos
Go ahead Alfredo
TRAIGAME LA CABEZA DE ALFREDO GARCÍA
Por: Alfredo Molano Bravo
Es el título de una memorable película de Sam Pekinpah, maestro de la narración violenta.
Un hacendado mexicano ofrece una enorme recompensa por la cabeza de quien había violado a su hija. Una pandilla de bandidos busca al hombre, lo embosca y lo mata —la sangre salta en cámara lenta—; meten la cabeza en un costal y cobran la plata. Pagar recompensas es una práctica tan eficaz como sucia, que suele acompañarse de otra no menos siniestra: la mutilación como evidencia. Y la mutilación tiene una larga tradición.
Para recordar lo que todos sabemos: Tupac Amaru, el último Inca, fue decapitado y despedazado; su cabeza exhibida en Cuzco, sus brazos en Carabaya y sus piernas en Levitaca. La cabeza de Galán, el comunero, metida en una jaula de hierro, fue expuesta en Guaduas y sus extremidades en otros pueblos. Idéntico procedimiento fue usado por Morillo con Camilo Torres y otros personajes de la Independencia.
En Venezuela, el dictador Juan Vicente Gómez y su compadre, el tirano Funes, en el Orinoco a comienzos del siglo pasado mandaban cortarles dedos y hasta manos a los ladrones; durante las caucherías, los contratistas de la Casa Arana les cercenaban extremidades completas a los indios que se alzaban con los “adelantos” que les hacían para ser pagados en bolones de siringa. No lo traigo a cuento por hacer una velada exaltación de Iván Ríos, sino para decir que la mutilación de cuerpos vivos o muertos para sembrar el terror es una de nuestras tradiciones, que no por repugnante deja de ser una de las más caras costumbres hispanas. No hace mucho, durante esa guerra civil no declarada, llamada eufemísticamente la Violencia, los jefes chulavitas —los parapolíticos de la época— pagaban a sus secuaces las recompensas por orejas, dedos, manos cortadas.
Muchos relatos coinciden en el mismo punto. Repito: es un método probado para aterrorizar e imponer a una población el respeto y el acatamiento al orden. A un determinado orden que renuncia así a su legitimidad. Lo hemos vivido en nuestras propias narices y lo ignoramos. O el terror mismo nos obliga a olvidarlo y a dar por sentado que si se recuerda, se está mintiendo. No hace mucho la revista Semana publicó un catálogo de atrocidades practicadas por las Auc: piras hechas con llantas donde se metía al cliente amarrado y del que no quedaba ni rastro; vientres abiertos para impedir que los cadáveres flotaran, mutilación de partes sexuales, decapitaciones, degollamientos.
Algún día el país descubrirá toda la bestialidad encerrada en la guerra, de la que, claro está, no son ajenas las guerrillas. Tampoco lo es la tradición hispánica del secuestro, llamado por los tratadistas rescate. Baste con recordar uno, el de Atahualpa por Pizarro en Cajamarca: su libertad fue tasada en dos habitaciones repletas de oro, que sumaron 5.934 kilos, pero de todas maneras, una vez contado el tesoro, el conquistador lo asesinó.
En nuestras guerras civiles se usó también la misma modalidad: se entraba a saco a un pueblo, se tomaban presos los jefes del partido contrario que tuvieran plata y se procedía de acuerdo con la necesitad de la guerra declarada por el general victorioso y a las palancas que pudieran atravesar los retenidos en su favor. Todo lo cual no busca justificar tan horrendas instituciones sino tratar de explicar su raíz. Lo monstruoso es su vigencia actual.
El viernes 8 de marzo, mientras el presidente hablaba en la Cumbre de Río y agitaba las cifras que saca a relucir cada vez que habla —entre otras la reducción de asesinatos de sindicalistas—, a esa hora, digo, asesinaban en su apartamento a Leonidas Gómez Rozo, presidente del sindicato del Citibank, cofundador de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, destacado dirigente de la CUT. A su muerte hacía parte del Ejecutivo Distrital del Polo Democrático.
Desde hacía un año había sido declarado objetivo militar por el grupo paramilitar ‘Águilas Negras’. Sus compañeros lo encontraron el sábado amarrado a una silla, con numerosas puñaladas y degollado. Nada le robaron los criminales, salvo el computador y sus celulares. Uno no sabe ya si matan para callar a un ciudadano, para hacer hablar a su computador o para llenar los discos duros de la información que sus enemigos necesitan.
Eduardito Escobar, aburrido de esperar su nombramiento como agregado cultural de cualquier consulado, ha resuelto fungir, como dicen ahora los poetas, de comentarista de moda masculina. Escribió hace poco que Uribe se batió como un león contra Correa, Chávez y Ortega, gracias a que ese día el gladiador usó un impecable vestido gris perla que transparentaba su transparencia. Al ritmo que va, Eduardito terminará como asesor de imagen de José Obdulio, un reto.
Alfredo Molano Bravo
COMENTARIOS
Opinión por:
bosforo
15 Marzo 2008 - 11:01pm
El asesinato de este lider sindical paso despercibido por toda la prensa.Quizas, por razones obvias. Lei la columna de eduardo escobar, los del tiempo deberian de aprovechar este espacio, para entregarselo a alguien que realice un análisis serio. Yo creo que lo van a contratar en RCN para que acompañe a Carolina Cruz en el espacio de farundula, que bastante largo es.
Opinión por:
jaimepardojaramillo
15 Marzo 2008 - 9:07pm
Los hijos de las victimas de la derecha son mayoria y quieren justicia.......a las buenas, por ahora..
Opinión por:
jorgitoeldeleo
15 Marzo 2008 - 6:37pm
Pues al coprófago de JAIR ROJAS PRADA le va a tocar "desenmascarar" a más de medio país que está escandalizado con la bajeza y la inmoralidad de las armas del Estado uribista para combatir a sus enemigos. Le sería muy útil leerse el espléndido comentario del brillante "Antipático", para que vaya aprendiendo alguito. Porque a mal que está en todos los aspectos.
Opinión por:
Juan carlos Goicochea de Alba
15 Marzo 2008 - 5:28pm
Condolezza no se condueleze Que Más Podemos Esperar de Una País Con UN ESTADO DE DEGRADACIÓN MORAL COMO COLOMBIA?, En realidad Uribe, Santos, Obdulio,etc,etc no son la enfermedad son el síntoma de una País que ya toca fondo en su sistema político,Y EN SU PERVERSIÓN,..y de Ese 85% del 25% de Masa Embrutecida y Sanguinaria que Sigue a Uribe como Las RATAS SEGUÍAN AL FLAUTISTA DE HAMMELIN..... A SU A HOGAMIENTO EN EN MASA EN EL RÍO..AH¿¿Y ESOS CUATRO MUERTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES..POR LA PROTESTA DEL SEIS?...ANOTESELOS A OBDULIO...
Opinión por:
corista
15 Marzo 2008 - 3:48pm
Como siempre dejamos que las determinaciones del gobierno pasen sin reflexión y ahora tenemos que salir a preguntarnos sobre la conveniencia de las recompensas; justificadas por esta teoría inmoral del mal menor. ¿cómo llegamos los colombianos al acuerdo de las recompensas? debemos revisar la legitimidad del procedimiento porque justificar que funciona en la lucha no creo que sea uno de nuestros acuerdos constitucionales para la toma de decisiones. ¿alguien me puede explicar como se validó esta decisión? porque me temo que si fue "palabra del presidente" y de sus poderes para la seguridad, las cortes deben intervenir y le aguarán la fiesta al cazarecompensas y a los seguidores de la moral uribista y sus políticas de vuelta al viejo oeste. Estaría bien que uribe empiece a usar todos los días su sombrero y amarre su caballo en la puerta del palacio de nariño. con eso quizá reflexionaríamos sobre en lo que se está convirtiendo nuestra democracia
.Opinión por: tigre
15 Marzo 2008 - 2:52pm
Increible que Eduardo Escobar pasara de ser un NADAISTA a convertirse en el lambòn número uno del regimen NARCO PARAMILITAR DE uribe, que vueltas las que da la vida; Ginzalo Arango se debe estar revolcando en su tumba. Tigre
Opinión por:
Jair
15 Marzo 2008 - 1:33pm
Coincidencia o trabajo mancomunado el que vienen haciendo Alfredo Molano y Ramiro Bejarano en sus respectivas columnas?. Adivìnenlo!. Como lo han hecho con su defensa por el despeje para los terroristas, Hoy los encontramos unidos en su propòsito de estigmatizar un arma: la recompensa, que viene produciendo los frutos esperados, en el enfrentamiento a los grupos criminales. Bueno es desenmascararlos completamente y saber de què lado se encuentran!.
Opinión por:
carlomagno
15 Marzo 2008 - 6:03pm
Los señalamientos que usted acostumbra a hacer no son propios de un debate con alguna altura intelectual. Si tiene argumentos expóngalos que los leeremos con respeto, pero no ande haciendo señalamientos gratuitos porque eso en un país como Colombia es demasíado peligroso. Los columnista que usted nombra son gente seria, con recorrido y trabajo intelectual reconocible. No conocemos el suyo. Ojalá nos ilustre. Otra cosa: si no le agradan las ideas de estos periodistas, para qué los lee? Ahí esta Yamhure o Dártagnan que parecen más cercanos a sus ideas. Disfrute de sus columnas en paz y no señale a quien no le agrada porque por ahí hay mucho chulo disfrazado de águila.
Opinión por: Caucano
15 Marzo 2008 - 1:03pm
No me aterra que en este gobierno las recompensas lleguen ya por la cabeza de cualquiera, lo preocupante es la acepatción en masa que tienen todo este tipo de calaveradas. Tarde que temprano acrecentarán los traumas de violencia que de por si ya lleva el pueblo colombiano de tiempo atrás.
Opinión por:
Antipático
15 Marzo 2008 - 12:19pm
La teoría del mal menor, la justificación del fin por los medios y la Seguridad Democrática Uribista, son la misma cosa: Por capturar a Granda el gobierno violó la soberanía territorial de Venezuela (se les olvidó?). Por matar a Reyes el gobierno violó la soberanía territorial de Ecuador. Por premiar un asesinato de un miembro de las Farc, el gobierno hará el oso internacional de aceptar la pena de muerte, la justicia por propia mano y la impunidad en vivo y en directo. Si la Unión Patriótica hubiera sobrevivido, este gobierno la hubiera aniquilado de nuevo. El Uribismo significa la degradación moral definitiva de la clase gobernante Colombiana. Con el pago de la recompensa a Rojas, Uribe y la “seguridad democrática” han mostrado otra de sus facetas: la de su falta de principios en materia de valores éticos, su catadura vengativa del “todo vale”, sin importarle en qué se fundamenta la legitimidad de un estado y un gobierno. Si el pueblo colombiano quería sangre y circo, la “seguridad democrática” no se los niega, pero esa embriaguez pasará y la vergüenza la pasarán nuestros hijos como habitantes de un estado paria, una especie de Africa subsahariana enclavada al norte de Suramérica, donde unas tribus se despedazan y mutilan entre sí para disputarse las migajas que les lanza un amo que las vigila desde el norte.
Opinión por: Defensordelapaz
15 Marzo 2008 - 11:11am
Don Alfredo: Tan desamparados estamos los colombianos que ni siquiera tenemos orientación en ninguna de las Iglesias, porque todas están en favor de la barbarie de Uribe y sus matones. A quien acudimos entonces?. Y después se preguntan porqué ya nadie quiere ser religioso.
Opinión por:
TANNO
15 Marzo 2008 - 11:05am
Como le preocupan las recompensas al mechudo cochino este..al parecer esta temiendo que se ofrezcan recompensas por esos criminales que andan reinsertados..
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THE FRENCH CONECTION…
La conexión Francesa y el Derecho Humanitario
EL Terrorismo de Estado hizo metástasis temprana en toda Latinoamérica: de Fort Bragg, pasó a la Escuela de las Américas en Panamá y para finales de los 60´s ya estaba generalizada como una práctica corriente en todo el Continente. En Colombia el Militarismo Oligárquico fue uno de sus más entusiastas impulsores y adoptadores, llegando incluso a la sofisticación de reemplazar la “picana eléctrica” recomendada por los expertos franco-norteamericanos; por los mordiscos de caballos amaestrados, en las caballerizas de Usaquén, contra los “enemigos internos” del régimen bipartidista del binomio Turbay-Camacho Leyva (¿recuerdan?), escribe Pinzón Sánchez.
Foto: 20.05.2005 [Alberto Pinzón Sánchez/ANNCOL] El 23 de abril de 1954, Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado Norteamericano quien se encontraba en Paris con el fin de asistir a la conferencia de Ginebra convocada con el fin de intentar resolver la guerra en Indochina; después de oír la difícil situación de los defensores de la asediada base militar de Dien Bien Phu, que le hace el ministro de Asuntos Exteriores francés, Georges Bidault, y leído el telegrama enviado por el general Henry Navarre, jefe de las fuerzas francesas en Indochina, pidiendo que se pusiera de inmediato en marcha la “Operación Buitre”, organizada el mes anterior, en forma conjunta por los jefes de los estados mayores norteamericano y francés, para enviar 60 bombarderos B-29 y 200 cazas norteamericanos contra los patriotas Vietnamitas, comandados por el legendario General Giap que asediaban Dien Bien Phu; le pregunta tajantemente al ministro Bidault:
-“¿Y si les damos dos bombas atómicas?”-
Según sus propias palabras, tras unos segundos de estupefacción, Bidault, rechazó el ofrecimiento, porque pensó que si las bombas las utilizaban cerca de Dien Bien Phu, serían eliminados tanto los atacantes como los defensores. Y si se utilizaban sobre las rutas de suministros de las guerrillas comunistas, es decir cerca de China, se podría correr el riesgo de una conflagración mundial. La operación “buitre” se suspendió pero no así el apoyo político militar norteamericano a los franceses.
Un año antes, el general Henri Navarre había tomado el mando de las fuerzas coloniales francesas en Vietnam, y adelantaba un plan para atraer a los guerrilleros del general Giap una batalla abierta, donde, pensaba que la inmensa capacidad de fuego francesa y norteamericana, debería aniquilar a los patriotas vietnamitas. Había lanzado sobre Dien Bien Phu, un pueblo situado en un pequeño valle, a 300 kilómetros al oeste de Hanoi, donde los franceses habían montado una enorme base defensiva; una operación aerotransportada de 15.000 paracaidistas de élite (boinas verdes), cañones, tanques ligeros y aviones cargados con bombas de NAPALM.
Pero el ejército guerrillero del general Giap había experimentado grandes avances en experiencia, reclutamiento, entrenamiento, aprovisionamiento, y sobre todo en conciencia política, que terminaron sorprendiendo a los franceses. Los vietnamitas, maestros en el arte del camuflaje y en los trabajos de zapa, llenaron de túneles y trincheras ocultas las colinas que dominaban las defensas francesas en el oriente del campo atrincherado, e instalaron sus “rudimentarios” 200 cañones de tal forma que sólo la boca salía de las troneras.
En marzo comenzaron un bombardeo persistente que desconcertó a los colonialistas franceses y terminó destruyendo su pista de aterrizaje en el centro de Dien Bien Phu. Durante 56 días que duró el asedio con artillería ligera y en medio de las torrenciales lluvias monzónicas que convirtieron el campo en un barrizal; el general Giap lanzó alternativamente al asalto de la base, a sus tropas guerrilleras, que sumaba por entonces 25.000 hombres, desde trincheras y túneles secretos, cavados bajo el intenso bombardeo francés, desde los límites de la jungla, hasta las fortificaciones. Tras caer una tras otras bajo los asaltos masivos, los últimos bastiones y bolsones de resistencia, terminaron de ser dominados el 7 de mayo de 1954, hoy hace 51 años.
En la tarde del 7 de mayo, un último ataque permitió a los patriotas vietnamitas capturar todo el estado mayor de la guarnición, y con el general De Castries, la guarnición se rindió izando la bandera blanca. En la noche la guarnición del sector sur fue hecha prisionera. Ningún hombre pudo escapar.
Los franceses habían perdido en Dien Bien Phu sus mejores unidades: en total 16.200 hombres entre ellos un general, 16 coroneles, 1.749 oficiales y suboficiales. Durante toda la campaña de invierno -primavera de 1953-1954 la batalla fue encarnizada en todos los frentes. En particular sobre los altiplanos de Tay Nguyen, las fuerzas vietnamitas habían destruido enteramente el grupo móvil 100 venido de Corea. La guerrilla en los deltas del Mekong y del Rio Rojo y en Binh-Tri-Thien había tomado una amplitud semejante a las operaciones regulares.
Las pérdidas del cuerpo expedicionario francés y de las fuerzas títeres durante esta campaña fueron considerables: 12.000 hombres, 117 aviones. La victoria de Dien Bien Phu y los éxitos de la campaña de invierno-primavera de 1953-1954 obligaron al gobierno francés a consentir a la paz. El 8 de mayo de 1954, 24 horas después de la caída de Dien Bien Phu, la Conferencia de Ginebra sobre Indochina se abría. En la noche del 20 al 21 de julio se firmaron los Acuerdos poniendo fin a la guerra en el norte de Vietnam.
Al día siguiente de la espectacular victoria el brillante general Giap, recibió un telegrama de felicitaciones de Ho Chi Minh, que le decía: "Es en verdad una gran victoria, pero no es más que el comienzo”. Efectivamente, tras la retirada francesa la intervención de consejeros Norteamericanos (agentes de "guerra especial") en Vietnam, que se había iniciado apenas finalizada Corea, comienza una escalada intervencionista, que culminaría en 1965 con el compromiso total de las fuerzas militares Norteamericanas en Indochina y el desembarco, sólo en Vietnam del Sur, de un cuerpo expedicionario de 550.000 hombres provistos de todos los medios de guerra disponibles y conocidos por la Humanidad. Los gigantescos bombarderos B-52 lanzaron ataques concentrados sobre Vietnam del Norte dejando caer más bombas que todas las que se habían lanzado por ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el mismo vencedor de Dien Bien Phu, el legendario general Giap, que había derrotado a los franceses, será también 21 años después; el artífice de la primera derrota militar de los Estados Unidos en la historia: El 1 de mayo de 1975 en la batalla y toma de Saigón.
Sin embargo, los militares franceses con esta dura experiencia, también sacaron sus propias las lecciones, que llamaron “LA GUERRA MODERNA SIN REGLAS”, afortunadamente plasmada para la posteridad en varios textos: El del general Charles Lecheroy, el del célebre general Paúl Aussaresses, el del coronel Marcel Bigeard, o el del coronel Roger Tinquier, entre los mas conocidos: Guerra Sucia, que unos meses mas tarde, ya autorizados legalmente, por el gobierno “Socialista” de la cuarta república francesa de Guy Mollet, Francois Mitterand como ministerio del Interior, y Jacques Chabas-Delmas como ministro de defensa; desarrollarán a plenitud 40.000 soldados franceses en otra guerra colonial contra el Frente de Liberación Nacional (FNL) de Argelia.
Y cuya máxima expresión fue la llamada batalla de Argel de 1957, donde se “desaparecieron” 3. 024 prisioneros patriotas argelinos, tan realistamente presentado en la película emblemática de Pontecorvo: La tortura ya no como fuente de información usada por los Nazis, sino como “arma de combate” y núcleo del terrorismo IMPUNE del Estado.
La guerra sucia, posiblemente hizo mermar la actividad revolucionaria, pero no logró quebrar la moral patriótica y anticolonialista de los argelinos, lo que sumado a desgaste y fricción de la guerra, a las manifestaciones de repudio no solo por el terrorismo de estado, sino al escándalo por la expedición franco-británica al canal de Suez en 1956; posibilitaron el acceso al poder del general Charles De Gaulle, quien asume una posición no esperada por los militares y finalmente reconoce la independencia de Argelia.
Muy conocida es la anécdota en la cual el comandante francés de Argel, general Paúl Aussaresses le dice al también general De Gaulle: “Hay que meter la mano en la mierda, con tal de no dejarnos derrotar”. A lo cual el Presidente, también ex general, le responde:
-“todo lo contrario; hay que sacarla de allí y lavárnosla cuanto antes”-
El gran historiador ingles Eric Hobsbawm, en su libro La Historia del Siglo XX, editorial Critica pág. 224 lo anota así: “La guerra de Argelia fue un conflicto sangriento que contribuyó a institucionalizar la tortura en el Ejercito, la Policía y las Fuerzas de Seguridad de un país que se declaraba civilizado. Popularizó la utilización de la tortura mediante descargas eléctricas que se aplicaban en distintas zonas del cuerpo como la lengua, los pezones, los genitales, y provocó la caída de de la cuarta república (1958) y casi de la quinta (1961), antes de que Argelia consiguiera la independencia, que el general De Gaulle había considerado inevitable hacía mucho tiempo”.
La lavada de manos no significó el abandono de la tecnología adquirida: El propio ex ministro de Defensa de Charles De Gaulle entre 1959 y 1970, Pierre Messmer, un poco después debió reconocer “haber enviado a varios veteranos del conflicto en Argelia en especial al experto general Aussaresses, como agregado militar en la embajada francesa de los Estados Unidos, para que instruyeran en la academia de Fort Bragg”, a oficiales del ejército norteamericano en esas prácticas, que de inmediato se aplicaron en la Guerra de Vietnam en el denominado Plan Fénix.
El cual significó el asesinato de 20.000 civiles vietnamitas entre 1965 y 1975acusados de ser comunistas. Asimismo, el general estadounidense John Jons y el coronel Carl Bernard, dos ex “discípulos” del general Paúl Aussaresses, en Fort Bragg, posteriormente corroboraron todo. Estos oficiales, quienes actualmente manifiestan su rechazo a la tortura, han incluso llegado a detallar cómo fueron entrenados en esas metodologías, y a explicar cómo muchos de los oficiales norteamericanos que pasaron por allí implementaron lo aprendido, especialmente en la guerra de Vietnam como parte del mencionado Plan Fénix.
Pero el general de Argel, Paúl Aussaresses, continuó prestando sus servicios al gobierno francés y en 1973, como agregado militar de la embajada de su país, ante la dictadura que gobernaba el Brasil, entrenó en la base militar de Manaos a varios oficiales argentinos, y en especial chilenos enviados por el jefe de la DINA Chilena y mano derecha de Pinochet Manuel Contreras, quien acaba de reconocer que desapareció mas de 500 prisioneros de la Unidad Popular de Chile. (03, Septiembre 2003. Diario Página 12. Argentina)
EL Terrorismo de Estado hizo metástasis temprana en toda Latinoamérica: de Fort Bragg, pasó a la Escuela de las Américas en Panamá y para finales de los 60´s ya estaba generalizada como una práctica corriente en todo el Continente como el componente básico de la doctrina de la seguridad Nacional y de la guerra contrainsurgente imperial, especialmente en la llamada Guerra Sucia de las dictaduras del Cono Sur; cuyas secuelas de oprobio aún no se han podido resolver.
En Colombia el Militarismo Oligárquico fue uno de sus mas entusiastas impulsores y adoptadores, llegando incluso a la sofisticación de reemplazar la “picana eléctrica” recomendada por los expertos franco-norteamericanos; por los mordiscos de caballos amaestrados, en las caballerizas de Usaquén, contra los “enemigos internos” del régimen bipartidista del binomio Turbay-Camacho Leyva (¿recuerdan?), y a constituir la “esencia Estratégica”, de la conformación de los escuadrones de muerte llamados Paramilitares, que hoy 41 años después de haberse puesto en ejecución, sus creadores de la Oligarquía financiera transnacionalizada, están tratando inútilmente de lavar.
A ellos; que para adelantar su “guerra contrainsurgente” e Imperial contra el enemigo interno como llaman al pueblo trabajador, ocultan la mediocridad asesina de su mente antidialéctica y metafísica, adornándose ocasionalmente con frases mal tomas y mal comprendidas de ese gran pensador dialéctico y materialista llamado Carl Von Clawsewitz, les ofrezco esta cita que está al principio de su libro sobre la Guerra, y que arroja claridad al debate fariseo de que en Colombia no aplica el derecho Humanitario, porque se decretó su inexistencia:
“3 . Extrema aplicación de la violencia. Las almas filantrópicas podrían fácilmente pensar que hay una manera artificial de desarmar o derrotar al adversario sin causar demasiadas heridas, y que esa es la verdadera tendencia del arte de la guerra. Por bien que suene esto, hay que destruir semejante error, porque en cosas tan peligrosas como la guerra AQUELLOS errores que surgen de la bondad son justamente los peores. Dado que el uso de la violencia física en todo su alcance no excluye en modo alguno de la inteligencia, aquel que se sirve de de esa violencia sin reparar en sangre tendrá que tener ventaja si el adversario no lo hace. Con eso marca la ley para el otro, y así ambos ascienden hasta el extremo sin que haya más barrera que la correlación de fuerzas inherente”.
Todos los casos aquí narrados, sucedidos un siglo y medio después de la muerte del general prusiano, en donde “ los Estados metieron la mano en la letrina para no ser derrotados”, terminaron GENERANDO FUERZAS INHERENTES Y OPUESTAS que los llevaron a la no deseada derrota, y a concederle la razón a Clawsewitz: Berlín, Saigón, Argel, el Cono Sur Latinoamericano o Centroamérica, para mencionar solo algunos casos destacados, anticipan lo que les sucederá a los recientes ejecutores de Abu Grail en Bagdad y a los de San Onofre o San José de Apartadó en Colombia, que aún continúan impunes.
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LAS UNICAS BOMBAS INTELIGENTES SON LAS MUCHACHAS QUE ESTÁN BUENOTAS Y TIENEN BRAINS…
…Y esto que parece una boutade común y silvestre -by the way le damos gracias a la Sra Merino que nos aclaró el significado de boutade, que no es otra cosa que una suerte de broma pero en francés- es totalmente cierto por más que digan lo contrario la gente del Péntagono. De la misma manera se puede decir que no hay guerra que no produzca víctimas y sufrimiento salvo en las películas en las que las « víctimas » despues de terminado el rodaje y ya fuera de las luces de Broadway se levantan , se quitan el maquillaje ensangrentado , se cambian los uniformes desgarrados y se van a tomar una chela con la esperanza de to pick up a bird ,que a falta de la actriz principal bien puede ser una de las maquilladoras o peluqueras. Esas son las únicas guerras divertidas y donde en lugar de la sangre corre el tomato ketchup en abundancia y en las que ,con un poco de suerte y buena puntería, se conjugan casamientos o por lo menos blitz krieg romances …Las otras guerras, las de verdad, como las inexistentes bombas inteligentes siempre ocasionan daños colaterales que muchas veces son más numerosos que los del blanco buscado. Pero hay otras guerras, las llamadas « guerras sucias »…una invención de los franceses que no por nada tienen la reputación de huirle al jabón como alma en pena, que es la razón principal por la que Francia es un gran productor de perfumes-y esto no es ninguna boutade sino estadisticamente cierto. Y eso lo comprendió de Gaulle, que fue el último político francés de derecha inteligente cuando imitando en parte a Poncio Pilatos se lavó las manos de la mierda de Argelia.contrariamente a lo que le aconsejaba el Pinochet francés , general Paúl Aussaresses
Pero la primera víctima en todas las guerras -y divorcios-es la verdad y eso no es ninguna boutade . Estos últimos días nuestro buzón electronico se ha llenado con una multitud de mensajes que nos llegaron de Miami, otros provenientes de militares retirados argentinos y de conspicuos miembros de la oposición venezolana. La mayoría de ellos fueron a parar al basurero de la Historia como corresponde, pero guardamos unos pocos por su infantilismo y puerilidad. Entre ellos se destacaba uno from una argentina de apelativo Cristina Marchesan quien muy suelta de cuerpo y sin que se le cayera el tampax de verguenza afirmaba que Chávez les había dado 300 millones de dólares a las FARC y que el Mono Jojoy era el mayor traficante del mundo…Se dice que el trafico de drogas representa la bonita suma de 500 mil millones de dólares anuales therefore si la insurgencia recibiera tan sólo el 5% de esa suma deberían estar en la Costa Azul o en alguna paradisíaca isla del Pacifico en lugar de pasar tanto trabajo en el monte ! Pero desde que ese general uruguayo que portaba el aguerrido apellido Puñales declaró que « La subversión es un pulpo que tiene la cabeza en Moscú y los testículos por todas partes » todo es ginecologicamente posible…
Bueno familia y hasta aquí hemos llegado por hoy porque otros menesteres demandan nuestros modestos esfuerzos. Dejamos a Misia Cristina Marchesan en la búsqueda de los testículos del Pulpo Subversivo y le pasamos el micrófono a nuestro colega Molano Bravo
Nos fuimos
Go ahead Alfredo
TRAIGAME LA CABEZA DE ALFREDO GARCÍA
Por: Alfredo Molano Bravo
Es el título de una memorable película de Sam Pekinpah, maestro de la narración violenta.
Un hacendado mexicano ofrece una enorme recompensa por la cabeza de quien había violado a su hija. Una pandilla de bandidos busca al hombre, lo embosca y lo mata —la sangre salta en cámara lenta—; meten la cabeza en un costal y cobran la plata. Pagar recompensas es una práctica tan eficaz como sucia, que suele acompañarse de otra no menos siniestra: la mutilación como evidencia. Y la mutilación tiene una larga tradición.
Para recordar lo que todos sabemos: Tupac Amaru, el último Inca, fue decapitado y despedazado; su cabeza exhibida en Cuzco, sus brazos en Carabaya y sus piernas en Levitaca. La cabeza de Galán, el comunero, metida en una jaula de hierro, fue expuesta en Guaduas y sus extremidades en otros pueblos. Idéntico procedimiento fue usado por Morillo con Camilo Torres y otros personajes de la Independencia.
En Venezuela, el dictador Juan Vicente Gómez y su compadre, el tirano Funes, en el Orinoco a comienzos del siglo pasado mandaban cortarles dedos y hasta manos a los ladrones; durante las caucherías, los contratistas de la Casa Arana les cercenaban extremidades completas a los indios que se alzaban con los “adelantos” que les hacían para ser pagados en bolones de siringa. No lo traigo a cuento por hacer una velada exaltación de Iván Ríos, sino para decir que la mutilación de cuerpos vivos o muertos para sembrar el terror es una de nuestras tradiciones, que no por repugnante deja de ser una de las más caras costumbres hispanas. No hace mucho, durante esa guerra civil no declarada, llamada eufemísticamente la Violencia, los jefes chulavitas —los parapolíticos de la época— pagaban a sus secuaces las recompensas por orejas, dedos, manos cortadas.
Muchos relatos coinciden en el mismo punto. Repito: es un método probado para aterrorizar e imponer a una población el respeto y el acatamiento al orden. A un determinado orden que renuncia así a su legitimidad. Lo hemos vivido en nuestras propias narices y lo ignoramos. O el terror mismo nos obliga a olvidarlo y a dar por sentado que si se recuerda, se está mintiendo. No hace mucho la revista Semana publicó un catálogo de atrocidades practicadas por las Auc: piras hechas con llantas donde se metía al cliente amarrado y del que no quedaba ni rastro; vientres abiertos para impedir que los cadáveres flotaran, mutilación de partes sexuales, decapitaciones, degollamientos.
Algún día el país descubrirá toda la bestialidad encerrada en la guerra, de la que, claro está, no son ajenas las guerrillas. Tampoco lo es la tradición hispánica del secuestro, llamado por los tratadistas rescate. Baste con recordar uno, el de Atahualpa por Pizarro en Cajamarca: su libertad fue tasada en dos habitaciones repletas de oro, que sumaron 5.934 kilos, pero de todas maneras, una vez contado el tesoro, el conquistador lo asesinó.
En nuestras guerras civiles se usó también la misma modalidad: se entraba a saco a un pueblo, se tomaban presos los jefes del partido contrario que tuvieran plata y se procedía de acuerdo con la necesitad de la guerra declarada por el general victorioso y a las palancas que pudieran atravesar los retenidos en su favor. Todo lo cual no busca justificar tan horrendas instituciones sino tratar de explicar su raíz. Lo monstruoso es su vigencia actual.
El viernes 8 de marzo, mientras el presidente hablaba en la Cumbre de Río y agitaba las cifras que saca a relucir cada vez que habla —entre otras la reducción de asesinatos de sindicalistas—, a esa hora, digo, asesinaban en su apartamento a Leonidas Gómez Rozo, presidente del sindicato del Citibank, cofundador de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, destacado dirigente de la CUT. A su muerte hacía parte del Ejecutivo Distrital del Polo Democrático.
Desde hacía un año había sido declarado objetivo militar por el grupo paramilitar ‘Águilas Negras’. Sus compañeros lo encontraron el sábado amarrado a una silla, con numerosas puñaladas y degollado. Nada le robaron los criminales, salvo el computador y sus celulares. Uno no sabe ya si matan para callar a un ciudadano, para hacer hablar a su computador o para llenar los discos duros de la información que sus enemigos necesitan.
Eduardito Escobar, aburrido de esperar su nombramiento como agregado cultural de cualquier consulado, ha resuelto fungir, como dicen ahora los poetas, de comentarista de moda masculina. Escribió hace poco que Uribe se batió como un león contra Correa, Chávez y Ortega, gracias a que ese día el gladiador usó un impecable vestido gris perla que transparentaba su transparencia. Al ritmo que va, Eduardito terminará como asesor de imagen de José Obdulio, un reto.
Alfredo Molano Bravo
COMENTARIOS
Opinión por:
bosforo
15 Marzo 2008 - 11:01pm
El asesinato de este lider sindical paso despercibido por toda la prensa.Quizas, por razones obvias. Lei la columna de eduardo escobar, los del tiempo deberian de aprovechar este espacio, para entregarselo a alguien que realice un análisis serio. Yo creo que lo van a contratar en RCN para que acompañe a Carolina Cruz en el espacio de farundula, que bastante largo es.
Opinión por:
jaimepardojaramillo
15 Marzo 2008 - 9:07pm
Los hijos de las victimas de la derecha son mayoria y quieren justicia.......a las buenas, por ahora..
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jorgitoeldeleo
15 Marzo 2008 - 6:37pm
Pues al coprófago de JAIR ROJAS PRADA le va a tocar "desenmascarar" a más de medio país que está escandalizado con la bajeza y la inmoralidad de las armas del Estado uribista para combatir a sus enemigos. Le sería muy útil leerse el espléndido comentario del brillante "Antipático", para que vaya aprendiendo alguito. Porque a mal que está en todos los aspectos.
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Juan carlos Goicochea de Alba
15 Marzo 2008 - 5:28pm
Condolezza no se condueleze Que Más Podemos Esperar de Una País Con UN ESTADO DE DEGRADACIÓN MORAL COMO COLOMBIA?, En realidad Uribe, Santos, Obdulio,etc,etc no son la enfermedad son el síntoma de una País que ya toca fondo en su sistema político,Y EN SU PERVERSIÓN,..y de Ese 85% del 25% de Masa Embrutecida y Sanguinaria que Sigue a Uribe como Las RATAS SEGUÍAN AL FLAUTISTA DE HAMMELIN..... A SU A HOGAMIENTO EN EN MASA EN EL RÍO..AH¿¿Y ESOS CUATRO MUERTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES..POR LA PROTESTA DEL SEIS?...ANOTESELOS A OBDULIO...
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corista
15 Marzo 2008 - 3:48pm
Como siempre dejamos que las determinaciones del gobierno pasen sin reflexión y ahora tenemos que salir a preguntarnos sobre la conveniencia de las recompensas; justificadas por esta teoría inmoral del mal menor. ¿cómo llegamos los colombianos al acuerdo de las recompensas? debemos revisar la legitimidad del procedimiento porque justificar que funciona en la lucha no creo que sea uno de nuestros acuerdos constitucionales para la toma de decisiones. ¿alguien me puede explicar como se validó esta decisión? porque me temo que si fue "palabra del presidente" y de sus poderes para la seguridad, las cortes deben intervenir y le aguarán la fiesta al cazarecompensas y a los seguidores de la moral uribista y sus políticas de vuelta al viejo oeste. Estaría bien que uribe empiece a usar todos los días su sombrero y amarre su caballo en la puerta del palacio de nariño. con eso quizá reflexionaríamos sobre en lo que se está convirtiendo nuestra democracia
.Opinión por: tigre
15 Marzo 2008 - 2:52pm
Increible que Eduardo Escobar pasara de ser un NADAISTA a convertirse en el lambòn número uno del regimen NARCO PARAMILITAR DE uribe, que vueltas las que da la vida; Ginzalo Arango se debe estar revolcando en su tumba. Tigre
Opinión por:
Jair
15 Marzo 2008 - 1:33pm
Coincidencia o trabajo mancomunado el que vienen haciendo Alfredo Molano y Ramiro Bejarano en sus respectivas columnas?. Adivìnenlo!. Como lo han hecho con su defensa por el despeje para los terroristas, Hoy los encontramos unidos en su propòsito de estigmatizar un arma: la recompensa, que viene produciendo los frutos esperados, en el enfrentamiento a los grupos criminales. Bueno es desenmascararlos completamente y saber de què lado se encuentran!.
Opinión por:
carlomagno
15 Marzo 2008 - 6:03pm
Los señalamientos que usted acostumbra a hacer no son propios de un debate con alguna altura intelectual. Si tiene argumentos expóngalos que los leeremos con respeto, pero no ande haciendo señalamientos gratuitos porque eso en un país como Colombia es demasíado peligroso. Los columnista que usted nombra son gente seria, con recorrido y trabajo intelectual reconocible. No conocemos el suyo. Ojalá nos ilustre. Otra cosa: si no le agradan las ideas de estos periodistas, para qué los lee? Ahí esta Yamhure o Dártagnan que parecen más cercanos a sus ideas. Disfrute de sus columnas en paz y no señale a quien no le agrada porque por ahí hay mucho chulo disfrazado de águila.
Opinión por: Caucano
15 Marzo 2008 - 1:03pm
No me aterra que en este gobierno las recompensas lleguen ya por la cabeza de cualquiera, lo preocupante es la acepatción en masa que tienen todo este tipo de calaveradas. Tarde que temprano acrecentarán los traumas de violencia que de por si ya lleva el pueblo colombiano de tiempo atrás.
Opinión por:
Antipático
15 Marzo 2008 - 12:19pm
La teoría del mal menor, la justificación del fin por los medios y la Seguridad Democrática Uribista, son la misma cosa: Por capturar a Granda el gobierno violó la soberanía territorial de Venezuela (se les olvidó?). Por matar a Reyes el gobierno violó la soberanía territorial de Ecuador. Por premiar un asesinato de un miembro de las Farc, el gobierno hará el oso internacional de aceptar la pena de muerte, la justicia por propia mano y la impunidad en vivo y en directo. Si la Unión Patriótica hubiera sobrevivido, este gobierno la hubiera aniquilado de nuevo. El Uribismo significa la degradación moral definitiva de la clase gobernante Colombiana. Con el pago de la recompensa a Rojas, Uribe y la “seguridad democrática” han mostrado otra de sus facetas: la de su falta de principios en materia de valores éticos, su catadura vengativa del “todo vale”, sin importarle en qué se fundamenta la legitimidad de un estado y un gobierno. Si el pueblo colombiano quería sangre y circo, la “seguridad democrática” no se los niega, pero esa embriaguez pasará y la vergüenza la pasarán nuestros hijos como habitantes de un estado paria, una especie de Africa subsahariana enclavada al norte de Suramérica, donde unas tribus se despedazan y mutilan entre sí para disputarse las migajas que les lanza un amo que las vigila desde el norte.
Opinión por: Defensordelapaz
15 Marzo 2008 - 11:11am
Don Alfredo: Tan desamparados estamos los colombianos que ni siquiera tenemos orientación en ninguna de las Iglesias, porque todas están en favor de la barbarie de Uribe y sus matones. A quien acudimos entonces?. Y después se preguntan porqué ya nadie quiere ser religioso.
Opinión por:
TANNO
15 Marzo 2008 - 11:05am
Como le preocupan las recompensas al mechudo cochino este..al parecer esta temiendo que se ofrezcan recompensas por esos criminales que andan reinsertados..
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THE FRENCH CONECTION…
La conexión Francesa y el Derecho Humanitario
EL Terrorismo de Estado hizo metástasis temprana en toda Latinoamérica: de Fort Bragg, pasó a la Escuela de las Américas en Panamá y para finales de los 60´s ya estaba generalizada como una práctica corriente en todo el Continente. En Colombia el Militarismo Oligárquico fue uno de sus más entusiastas impulsores y adoptadores, llegando incluso a la sofisticación de reemplazar la “picana eléctrica” recomendada por los expertos franco-norteamericanos; por los mordiscos de caballos amaestrados, en las caballerizas de Usaquén, contra los “enemigos internos” del régimen bipartidista del binomio Turbay-Camacho Leyva (¿recuerdan?), escribe Pinzón Sánchez.
Foto: 20.05.2005 [Alberto Pinzón Sánchez/ANNCOL] El 23 de abril de 1954, Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado Norteamericano quien se encontraba en Paris con el fin de asistir a la conferencia de Ginebra convocada con el fin de intentar resolver la guerra en Indochina; después de oír la difícil situación de los defensores de la asediada base militar de Dien Bien Phu, que le hace el ministro de Asuntos Exteriores francés, Georges Bidault, y leído el telegrama enviado por el general Henry Navarre, jefe de las fuerzas francesas en Indochina, pidiendo que se pusiera de inmediato en marcha la “Operación Buitre”, organizada el mes anterior, en forma conjunta por los jefes de los estados mayores norteamericano y francés, para enviar 60 bombarderos B-29 y 200 cazas norteamericanos contra los patriotas Vietnamitas, comandados por el legendario General Giap que asediaban Dien Bien Phu; le pregunta tajantemente al ministro Bidault:
-“¿Y si les damos dos bombas atómicas?”-
Según sus propias palabras, tras unos segundos de estupefacción, Bidault, rechazó el ofrecimiento, porque pensó que si las bombas las utilizaban cerca de Dien Bien Phu, serían eliminados tanto los atacantes como los defensores. Y si se utilizaban sobre las rutas de suministros de las guerrillas comunistas, es decir cerca de China, se podría correr el riesgo de una conflagración mundial. La operación “buitre” se suspendió pero no así el apoyo político militar norteamericano a los franceses.
Un año antes, el general Henri Navarre había tomado el mando de las fuerzas coloniales francesas en Vietnam, y adelantaba un plan para atraer a los guerrilleros del general Giap una batalla abierta, donde, pensaba que la inmensa capacidad de fuego francesa y norteamericana, debería aniquilar a los patriotas vietnamitas. Había lanzado sobre Dien Bien Phu, un pueblo situado en un pequeño valle, a 300 kilómetros al oeste de Hanoi, donde los franceses habían montado una enorme base defensiva; una operación aerotransportada de 15.000 paracaidistas de élite (boinas verdes), cañones, tanques ligeros y aviones cargados con bombas de NAPALM.
Pero el ejército guerrillero del general Giap había experimentado grandes avances en experiencia, reclutamiento, entrenamiento, aprovisionamiento, y sobre todo en conciencia política, que terminaron sorprendiendo a los franceses. Los vietnamitas, maestros en el arte del camuflaje y en los trabajos de zapa, llenaron de túneles y trincheras ocultas las colinas que dominaban las defensas francesas en el oriente del campo atrincherado, e instalaron sus “rudimentarios” 200 cañones de tal forma que sólo la boca salía de las troneras.
En marzo comenzaron un bombardeo persistente que desconcertó a los colonialistas franceses y terminó destruyendo su pista de aterrizaje en el centro de Dien Bien Phu. Durante 56 días que duró el asedio con artillería ligera y en medio de las torrenciales lluvias monzónicas que convirtieron el campo en un barrizal; el general Giap lanzó alternativamente al asalto de la base, a sus tropas guerrilleras, que sumaba por entonces 25.000 hombres, desde trincheras y túneles secretos, cavados bajo el intenso bombardeo francés, desde los límites de la jungla, hasta las fortificaciones. Tras caer una tras otras bajo los asaltos masivos, los últimos bastiones y bolsones de resistencia, terminaron de ser dominados el 7 de mayo de 1954, hoy hace 51 años.
En la tarde del 7 de mayo, un último ataque permitió a los patriotas vietnamitas capturar todo el estado mayor de la guarnición, y con el general De Castries, la guarnición se rindió izando la bandera blanca. En la noche la guarnición del sector sur fue hecha prisionera. Ningún hombre pudo escapar.
Los franceses habían perdido en Dien Bien Phu sus mejores unidades: en total 16.200 hombres entre ellos un general, 16 coroneles, 1.749 oficiales y suboficiales. Durante toda la campaña de invierno -primavera de 1953-1954 la batalla fue encarnizada en todos los frentes. En particular sobre los altiplanos de Tay Nguyen, las fuerzas vietnamitas habían destruido enteramente el grupo móvil 100 venido de Corea. La guerrilla en los deltas del Mekong y del Rio Rojo y en Binh-Tri-Thien había tomado una amplitud semejante a las operaciones regulares.
Las pérdidas del cuerpo expedicionario francés y de las fuerzas títeres durante esta campaña fueron considerables: 12.000 hombres, 117 aviones. La victoria de Dien Bien Phu y los éxitos de la campaña de invierno-primavera de 1953-1954 obligaron al gobierno francés a consentir a la paz. El 8 de mayo de 1954, 24 horas después de la caída de Dien Bien Phu, la Conferencia de Ginebra sobre Indochina se abría. En la noche del 20 al 21 de julio se firmaron los Acuerdos poniendo fin a la guerra en el norte de Vietnam.
Al día siguiente de la espectacular victoria el brillante general Giap, recibió un telegrama de felicitaciones de Ho Chi Minh, que le decía: "Es en verdad una gran victoria, pero no es más que el comienzo”. Efectivamente, tras la retirada francesa la intervención de consejeros Norteamericanos (agentes de "guerra especial") en Vietnam, que se había iniciado apenas finalizada Corea, comienza una escalada intervencionista, que culminaría en 1965 con el compromiso total de las fuerzas militares Norteamericanas en Indochina y el desembarco, sólo en Vietnam del Sur, de un cuerpo expedicionario de 550.000 hombres provistos de todos los medios de guerra disponibles y conocidos por la Humanidad. Los gigantescos bombarderos B-52 lanzaron ataques concentrados sobre Vietnam del Norte dejando caer más bombas que todas las que se habían lanzado por ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el mismo vencedor de Dien Bien Phu, el legendario general Giap, que había derrotado a los franceses, será también 21 años después; el artífice de la primera derrota militar de los Estados Unidos en la historia: El 1 de mayo de 1975 en la batalla y toma de Saigón.
Sin embargo, los militares franceses con esta dura experiencia, también sacaron sus propias las lecciones, que llamaron “LA GUERRA MODERNA SIN REGLAS”, afortunadamente plasmada para la posteridad en varios textos: El del general Charles Lecheroy, el del célebre general Paúl Aussaresses, el del coronel Marcel Bigeard, o el del coronel Roger Tinquier, entre los mas conocidos: Guerra Sucia, que unos meses mas tarde, ya autorizados legalmente, por el gobierno “Socialista” de la cuarta república francesa de Guy Mollet, Francois Mitterand como ministerio del Interior, y Jacques Chabas-Delmas como ministro de defensa; desarrollarán a plenitud 40.000 soldados franceses en otra guerra colonial contra el Frente de Liberación Nacional (FNL) de Argelia.
Y cuya máxima expresión fue la llamada batalla de Argel de 1957, donde se “desaparecieron” 3. 024 prisioneros patriotas argelinos, tan realistamente presentado en la película emblemática de Pontecorvo: La tortura ya no como fuente de información usada por los Nazis, sino como “arma de combate” y núcleo del terrorismo IMPUNE del Estado.
La guerra sucia, posiblemente hizo mermar la actividad revolucionaria, pero no logró quebrar la moral patriótica y anticolonialista de los argelinos, lo que sumado a desgaste y fricción de la guerra, a las manifestaciones de repudio no solo por el terrorismo de estado, sino al escándalo por la expedición franco-británica al canal de Suez en 1956; posibilitaron el acceso al poder del general Charles De Gaulle, quien asume una posición no esperada por los militares y finalmente reconoce la independencia de Argelia.
Muy conocida es la anécdota en la cual el comandante francés de Argel, general Paúl Aussaresses le dice al también general De Gaulle: “Hay que meter la mano en la mierda, con tal de no dejarnos derrotar”. A lo cual el Presidente, también ex general, le responde:
-“todo lo contrario; hay que sacarla de allí y lavárnosla cuanto antes”-
El gran historiador ingles Eric Hobsbawm, en su libro La Historia del Siglo XX, editorial Critica pág. 224 lo anota así: “La guerra de Argelia fue un conflicto sangriento que contribuyó a institucionalizar la tortura en el Ejercito, la Policía y las Fuerzas de Seguridad de un país que se declaraba civilizado. Popularizó la utilización de la tortura mediante descargas eléctricas que se aplicaban en distintas zonas del cuerpo como la lengua, los pezones, los genitales, y provocó la caída de de la cuarta república (1958) y casi de la quinta (1961), antes de que Argelia consiguiera la independencia, que el general De Gaulle había considerado inevitable hacía mucho tiempo”.
La lavada de manos no significó el abandono de la tecnología adquirida: El propio ex ministro de Defensa de Charles De Gaulle entre 1959 y 1970, Pierre Messmer, un poco después debió reconocer “haber enviado a varios veteranos del conflicto en Argelia en especial al experto general Aussaresses, como agregado militar en la embajada francesa de los Estados Unidos, para que instruyeran en la academia de Fort Bragg”, a oficiales del ejército norteamericano en esas prácticas, que de inmediato se aplicaron en la Guerra de Vietnam en el denominado Plan Fénix.
El cual significó el asesinato de 20.000 civiles vietnamitas entre 1965 y 1975acusados de ser comunistas. Asimismo, el general estadounidense John Jons y el coronel Carl Bernard, dos ex “discípulos” del general Paúl Aussaresses, en Fort Bragg, posteriormente corroboraron todo. Estos oficiales, quienes actualmente manifiestan su rechazo a la tortura, han incluso llegado a detallar cómo fueron entrenados en esas metodologías, y a explicar cómo muchos de los oficiales norteamericanos que pasaron por allí implementaron lo aprendido, especialmente en la guerra de Vietnam como parte del mencionado Plan Fénix.
Pero el general de Argel, Paúl Aussaresses, continuó prestando sus servicios al gobierno francés y en 1973, como agregado militar de la embajada de su país, ante la dictadura que gobernaba el Brasil, entrenó en la base militar de Manaos a varios oficiales argentinos, y en especial chilenos enviados por el jefe de la DINA Chilena y mano derecha de Pinochet Manuel Contreras, quien acaba de reconocer que desapareció mas de 500 prisioneros de la Unidad Popular de Chile. (03, Septiembre 2003. Diario Página 12. Argentina)
EL Terrorismo de Estado hizo metástasis temprana en toda Latinoamérica: de Fort Bragg, pasó a la Escuela de las Américas en Panamá y para finales de los 60´s ya estaba generalizada como una práctica corriente en todo el Continente como el componente básico de la doctrina de la seguridad Nacional y de la guerra contrainsurgente imperial, especialmente en la llamada Guerra Sucia de las dictaduras del Cono Sur; cuyas secuelas de oprobio aún no se han podido resolver.
En Colombia el Militarismo Oligárquico fue uno de sus mas entusiastas impulsores y adoptadores, llegando incluso a la sofisticación de reemplazar la “picana eléctrica” recomendada por los expertos franco-norteamericanos; por los mordiscos de caballos amaestrados, en las caballerizas de Usaquén, contra los “enemigos internos” del régimen bipartidista del binomio Turbay-Camacho Leyva (¿recuerdan?), y a constituir la “esencia Estratégica”, de la conformación de los escuadrones de muerte llamados Paramilitares, que hoy 41 años después de haberse puesto en ejecución, sus creadores de la Oligarquía financiera transnacionalizada, están tratando inútilmente de lavar.
A ellos; que para adelantar su “guerra contrainsurgente” e Imperial contra el enemigo interno como llaman al pueblo trabajador, ocultan la mediocridad asesina de su mente antidialéctica y metafísica, adornándose ocasionalmente con frases mal tomas y mal comprendidas de ese gran pensador dialéctico y materialista llamado Carl Von Clawsewitz, les ofrezco esta cita que está al principio de su libro sobre la Guerra, y que arroja claridad al debate fariseo de que en Colombia no aplica el derecho Humanitario, porque se decretó su inexistencia:
“3 . Extrema aplicación de la violencia. Las almas filantrópicas podrían fácilmente pensar que hay una manera artificial de desarmar o derrotar al adversario sin causar demasiadas heridas, y que esa es la verdadera tendencia del arte de la guerra. Por bien que suene esto, hay que destruir semejante error, porque en cosas tan peligrosas como la guerra AQUELLOS errores que surgen de la bondad son justamente los peores. Dado que el uso de la violencia física en todo su alcance no excluye en modo alguno de la inteligencia, aquel que se sirve de de esa violencia sin reparar en sangre tendrá que tener ventaja si el adversario no lo hace. Con eso marca la ley para el otro, y así ambos ascienden hasta el extremo sin que haya más barrera que la correlación de fuerzas inherente”.
Todos los casos aquí narrados, sucedidos un siglo y medio después de la muerte del general prusiano, en donde “ los Estados metieron la mano en la letrina para no ser derrotados”, terminaron GENERANDO FUERZAS INHERENTES Y OPUESTAS que los llevaron a la no deseada derrota, y a concederle la razón a Clawsewitz: Berlín, Saigón, Argel, el Cono Sur Latinoamericano o Centroamérica, para mencionar solo algunos casos destacados, anticipan lo que les sucederá a los recientes ejecutores de Abu Grail en Bagdad y a los de San Onofre o San José de Apartadó en Colombia, que aún continúan impunes.
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ALBA
¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe?
La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para demostrar que Otra América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos en los que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países del continente.
Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros pueblos.
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social.
En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).
La agricultura en el ALBA: mucho más que un sector productor de mercancías
La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República Bolivariana de Venezuela indica: "El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines el Estado dictara las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola". Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la población que habita las zonas rurales que subsiste con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es finalmente la más castigada con el des-balance de partida para la negociación de la agricultura y lo seria más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este sector importante de la producción el de "eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio", y el de "identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina"
También se acordó por consenso en la misma oportunidad que "Las negociaciones se iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados"
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las grandes potencias que exigen a los países en vías de desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para promover el desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en tal posición, a todas luces contraría los principios y objetivos pautados para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que compartimos y nos alentaron a participar en la negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron "la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social", por lo cual reafirmaron "el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas", señalando en particular "que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola."
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y Quito"
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de la negativa de los Estados Unidos a comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de los créditos, garantías de créditos y programas de seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas se han establecido plazos perentorios que han obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante para cumplirlos. Lamentablemente los países que han cumplido con puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran desbalance de gran magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable un des-balance de tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los países en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuerte distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.
¿Derechos de propiedad intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y alimentos de buena calidad?
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados "asuntos relacionados con el comercio", se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la resistencia inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de ingresos y desempeña además un papel importante en la generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia para los países "menos desarrollados" a establecer regímenes de patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos genéricos están contados. Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de monopolización de la actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados genéricamente están en manos de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes controlan casi todo el mercado global de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales.
La "libertad de comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas ecológicos.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han sido particularmente escandalosas como la de ingredientes activos del árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy diversas aplicaciones en la India durante centenares de años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
¿Cómo enfrentar la liberalización, desregulación y privatización de los servicios?
En el ALCA se propone un conjunto de normas multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende es la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable, transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales, etc. De esta forma se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que demandan sus ciudadanos.
La historia reciente de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad; destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de liberalización y privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los sectores más empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes empresas de fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los países en vías de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos.
La severa crítica a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la panacea no es su liberalización y privatización. La solución esta en derrotar a los evasores de impuestos que se apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo que resulta inadmisible es que se manipule su situación de deterioro para justificar procesos de privatización que le facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios públicos esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los consumidores. Pero después de más de una década de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro que el objetivo es la generación de más beneficios para las grandes corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a costa de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo que no puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de liberalización, desregulación y privatización que limiten la capacidad del estado y del gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es decir las leyes de la oferta y la demanda- los que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea la liberalización y privatización de los servicios públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la eliminación de millones de personas del disfrute de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico. Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por criterios de rentabilidad sino de interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios públicos debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA traería consecuencias catastróficas si se exige la aplicación del "Trato Nacional". Esto quiere decir que se deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la producción local o que discriminen a empresas extranjeras. Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya que aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y justicia en la prestación de los servicios esenciales para la población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados" como si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos compensatorios para la corrección de asimetrías en el ALBA
Para la construcción del ALBA Venezuela propone la creación de los Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
Este mecanismo requiere una definición inicial que permita medir las asimetrías existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que el identificar una definición concreta de "economía mas pequeña" facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr superar los obstáculos generados con las asimetrías existentes. Es por ello que se ha identificado un grupo de variables económicas y sociales que buscan distinguir de forma no discrecional las economías que requieren ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables para los países en el área de libre comercio.
De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse por las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, deberían incluir:
· La generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que los países "en desarrollo" puedan acceder al ALBA, sino que además principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su funcionamiento económico interno y las grandes distancias que lo separan de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.
· Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a "los niveles de desarrollo y el tamaño" se basa en el concepto de "Economías más pequeñas", el cual remite a la dimensión de los participantes, sin que estén definidos los criterios que se utilizaran al respecto. En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al trato especial y diferenciado estaría determinada por variable como población, superficie, producción global y dotación de recursos. Pero también incluirá otros indicadores referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales de las economías: Composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per.-cápita promedio y variaciones respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
· Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan para atender a las disparidades se vincularían directamente con los sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una reducción de las trabas administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de los mencionaos mecanismos.
A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una mayor profundización de las diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA incluye propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes disparidades entre los países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de integración latinoamericana y caribeña.
PRINCIPIOS RECTORES DEL ALBA
De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe
"Jamás hubo en América de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder...". José Martí
1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones.
2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física
4. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas.
5. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio.
6. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica.
7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber:
a. La pobreza de la mayoría de la población;
b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países
c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales
d. El peso de una deuda impagable
e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social
8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública.
9. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos,
10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per se, como si sólo esto bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo.
11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades entre países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.
12. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales.
Tomado de www.alternativabolivariana.org
La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para demostrar que Otra América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos en los que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países del continente.
Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros pueblos.
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social.
En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).
La agricultura en el ALBA: mucho más que un sector productor de mercancías
La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República Bolivariana de Venezuela indica: "El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines el Estado dictara las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola". Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la población que habita las zonas rurales que subsiste con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es finalmente la más castigada con el des-balance de partida para la negociación de la agricultura y lo seria más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este sector importante de la producción el de "eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio", y el de "identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina"
También se acordó por consenso en la misma oportunidad que "Las negociaciones se iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados"
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las grandes potencias que exigen a los países en vías de desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para promover el desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en tal posición, a todas luces contraría los principios y objetivos pautados para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que compartimos y nos alentaron a participar en la negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron "la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social", por lo cual reafirmaron "el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas", señalando en particular "que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola."
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y Quito"
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de la negativa de los Estados Unidos a comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de los créditos, garantías de créditos y programas de seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas se han establecido plazos perentorios que han obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante para cumplirlos. Lamentablemente los países que han cumplido con puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran desbalance de gran magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable un des-balance de tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los países en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuerte distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.
¿Derechos de propiedad intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y alimentos de buena calidad?
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados "asuntos relacionados con el comercio", se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la resistencia inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de ingresos y desempeña además un papel importante en la generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia para los países "menos desarrollados" a establecer regímenes de patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos genéricos están contados. Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de monopolización de la actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados genéricamente están en manos de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes controlan casi todo el mercado global de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales.
La "libertad de comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas ecológicos.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han sido particularmente escandalosas como la de ingredientes activos del árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy diversas aplicaciones en la India durante centenares de años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
¿Cómo enfrentar la liberalización, desregulación y privatización de los servicios?
En el ALCA se propone un conjunto de normas multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende es la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable, transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales, etc. De esta forma se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que demandan sus ciudadanos.
La historia reciente de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad; destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de liberalización y privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los sectores más empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes empresas de fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los países en vías de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos.
La severa crítica a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la panacea no es su liberalización y privatización. La solución esta en derrotar a los evasores de impuestos que se apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo que resulta inadmisible es que se manipule su situación de deterioro para justificar procesos de privatización que le facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios públicos esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los consumidores. Pero después de más de una década de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro que el objetivo es la generación de más beneficios para las grandes corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a costa de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo que no puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de liberalización, desregulación y privatización que limiten la capacidad del estado y del gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es decir las leyes de la oferta y la demanda- los que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea la liberalización y privatización de los servicios públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la eliminación de millones de personas del disfrute de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico. Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por criterios de rentabilidad sino de interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios públicos debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA traería consecuencias catastróficas si se exige la aplicación del "Trato Nacional". Esto quiere decir que se deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la producción local o que discriminen a empresas extranjeras. Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya que aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y justicia en la prestación de los servicios esenciales para la población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados" como si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos compensatorios para la corrección de asimetrías en el ALBA
Para la construcción del ALBA Venezuela propone la creación de los Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
Este mecanismo requiere una definición inicial que permita medir las asimetrías existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que el identificar una definición concreta de "economía mas pequeña" facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr superar los obstáculos generados con las asimetrías existentes. Es por ello que se ha identificado un grupo de variables económicas y sociales que buscan distinguir de forma no discrecional las economías que requieren ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables para los países en el área de libre comercio.
De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse por las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, deberían incluir:
· La generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que los países "en desarrollo" puedan acceder al ALBA, sino que además principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su funcionamiento económico interno y las grandes distancias que lo separan de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.
· Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a "los niveles de desarrollo y el tamaño" se basa en el concepto de "Economías más pequeñas", el cual remite a la dimensión de los participantes, sin que estén definidos los criterios que se utilizaran al respecto. En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al trato especial y diferenciado estaría determinada por variable como población, superficie, producción global y dotación de recursos. Pero también incluirá otros indicadores referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales de las economías: Composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per.-cápita promedio y variaciones respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
· Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan para atender a las disparidades se vincularían directamente con los sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una reducción de las trabas administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de los mencionaos mecanismos.
A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una mayor profundización de las diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA incluye propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes disparidades entre los países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de integración latinoamericana y caribeña.
PRINCIPIOS RECTORES DEL ALBA
De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe
"Jamás hubo en América de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder...". José Martí
1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones.
2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física
4. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas.
5. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio.
6. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica.
7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber:
a. La pobreza de la mayoría de la población;
b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países
c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales
d. El peso de una deuda impagable
e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social
8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública.
9. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos,
10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per se, como si sólo esto bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo.
11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades entre países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.
12. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales.
Tomado de www.alternativabolivariana.org
Monday, March 17, 2008
LAS LECCIONES DE UNA CRISIS
Opinión
Desde Perú
Las lecciones de una crisis
Por: Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 17/03/2008
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Tema: Situación en ColombiaPaís/es: Colombia
La primera versión referida a los acontecimientos ocurridos en la madrugada del 1 de marzo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, fue escueta: las Fuerzas Armadas de Colombia -se dijo- bombardearon un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano, y de resultas del hecho murieron el Comandante Raúl Reyes y 17 guerrilleros que lo acompañaban. Sólo después se supo que las cosas no habían ocurrido como se anunciaron. La versión real fue ciertamente mucho más truculenta. y hoy se conoce con mayor amplitud:Desde la noche del viernes 29, un campamento de las FARC fue detectado a 2,500 metros de la frontera en territorio del Ecuador, y fue bombardeadoe incendiado por la aviación uribista. Poco después, helicópteros transportaron soldados colombianos que descendieron en la zona, atacaron el campamento y diezmaron lo que encontraron, asesinando a quienes aún mostraban signos de vida. Incluso, el cadáver de Raúl Reyes registra un orificio de bala en la cavidad craneana, lo que hace suponer que fue ejecutado a mansalva por sus agresores.Tuvo razón plena, entonces, el Presidente Rafael Correa cuando denunció la violación de su territorio por tropas extranjeras. Y también cuando demandó el pronunciamiento claro de los gobiernos de la región, que finalmente compartieron su punto de vista en la reunión del grupo de Río celebrada en Santo Domingo días después, registrando la ausencia de Alan García.Alvaro Uribe, el autor de la tropelía, quedó virtualmente aislado en el plano continental. Sólo George W. Bush, desde Washington, le tendió la mano porque, finalmente vio concretarse en América Latina la misma práctica que él ejecutó en otros escenarios. En esta parte de América, Alan García, el único que se pronunció a favor de Uribe, no se atrevió a ir a la cita. Tuvo vergüenza de decir allá, lo que había dicho aquí.La prensa domesticada -escrita, radial y televisada que todos conocemos- repitió hasta la saciedad comentando los sucesos de Santo Domingo, que Uribe se había convertido en “vencedor”. Elogió su “firmeza” y “las pruebas” que tenía, para justificar sus encendidos ditirambos. Pero los que seguimos atentamente el debate por la televisión o lo vimos después, no apreciamos firmeza ni prueba alguna.Apenas la terca tozudez de un delincuente que se resiste a admitir su culpa porque sabe que tras ella vendrá una condena. Prefiere, entonces, aducir pruebas inexistentes y proclamar su inocencia con el mismo desenfado con que lo hace aquí, desde el Fundo Barbadillo, Alberto Fujimori.Para fundamentar estas últimas, publicaron como virtuales “primicias”, documentos extraídos “de las computadoras de Reyes”, como si una laptop hubiera podido resistir el bombardeo y la carga ígnea a la que fuera sometida el campamento de las FARC. Ni siquiera computadoras blindadas hubiesen podido mantener intactos sus discos duros y sus delicados programas tras un ataque de esa magnitud.La lectura de los textos, por lo demás, muestra una pueril inocencia, incompatible con el más elemental trabajo clandestino de un comando guerrillero que lo menos que hace es encriptar sus comunicaciones.No debiera sorprender a nadie que en los próximos días Jessica Tapia o Cecilia Valenzuela anuncien con bombos y platillos que en la tercera computadora de Reyes se encontró un “programa especial” en el que aparecen “los peruanos subvencionados por las FARC.Así mostrarán una lista de diversos enemigos del gobierno desde Ollanta Humala, hasta César Híldebrandt pasando, por cierto, por Alberto Moreno, Javier Diez Canseco y algunos más. Entonces, afilará sus dientes Lourdes Alcorta, cual hiena en celo, para exigir la Pena de Muerte para los “traidores a la patria”.Hoy bien puede afirmarse que lo ocurrido en la madrugada del 1 de marzo, no fue una emboscada, sino simplemente un crimen alevoso. A Raúl Reyes lo ubicaron, lo atacaron y lo mataron. Fue éste un operativo siniestro preparado por los servicios secretos de los Estados Unidos y efectuado bajo su dirección, y en territorio ecuatoriano, por las unidades militares del ejército colombiano bajo órdenes de Alvaro Uribe.El argumento que se trataba de un campamento de refugio de las FARC ubicado dentro del territorio ecuatoriano luce también inconsistente a la luz de la copiosa experiencia internacional en la materia.En la guerra contra Nicaragua, en los años 80, “la contra” operaba desde campamentos ubicados en territorio hondureño, a pocos kilómetros de la tierra de Sandino. Y la prensa reaccionaria sostenía que sus bandas no podían ser objeto de ataque porque el gobierno de Managua “violaría la soberanía de otros países” Una interpretación política de los hechos nos obliga a recordar que Raúl Reyes no era sólo el segundo mando de las FARC. Era también el vocero dialogante de la guerrilla. Lo mataron por eso, porque querían matar el diálogo que pusiera fin a una guerra que finalmente los ha enriquecido a ellos, productores y traficantes de armas.Raúl Reyes era el encargado de tramitar la liberación de Ingrid Betancourt. Quienes lo mataron, querían sabotear la posibilidad de que la ex candidata colombiana fuera liberada.Reyes era el nexo entre las FARC y Sarkozy, el Presidente de Francia. Quienes lo mataron, lo hicieron porque no querían que las FARC tuviera contacto con gobiernos del viejo continente y por esa vía con la Unión Europea; ni que en el seno de esa unidad económica y política se percibiera la existencia de una nueva Colombia, ajena y contraria a la administración norteamericana.¿Qué mueve a Washington para actuar así? Estados Unidos tiene intereses materiales en la región: el petróleo, el agua, y la amazonía Y eso también lo sabe aquí la prensa reaccionaria. Por eso exige que se respete el carácter “bilateral” del conflicto entre Ecuador y Colombia demandando “que no se meta Chávez”, pero cuando se mete Bush, les parece una gran cosa.Para fundamentar sus opiniones entrevista a “analistas” basura, como Francisco Tudela, pero oculta las declaraciones del esposo de Ingrid Betancourt Juan Carlos Lecompte, quien subrayó muy claramente el papel positivo de Hugo Chávez en esa crisis.Las lecciones de la crisis ocurrida, son muchas. Pero todas ellas nos confirman en la idea de que no hay en el mundo una fuerza más despiadada y cruel que el Imperialismo y que nadie lo representa de manera más cabal que el señor Bush y su criado latinoamericano, Alvaro Uribe.
Desde Perú
Las lecciones de una crisis
Por: Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 17/03/2008
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Tema: Situación en ColombiaPaís/es: Colombia
La primera versión referida a los acontecimientos ocurridos en la madrugada del 1 de marzo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, fue escueta: las Fuerzas Armadas de Colombia -se dijo- bombardearon un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano, y de resultas del hecho murieron el Comandante Raúl Reyes y 17 guerrilleros que lo acompañaban. Sólo después se supo que las cosas no habían ocurrido como se anunciaron. La versión real fue ciertamente mucho más truculenta. y hoy se conoce con mayor amplitud:Desde la noche del viernes 29, un campamento de las FARC fue detectado a 2,500 metros de la frontera en territorio del Ecuador, y fue bombardeadoe incendiado por la aviación uribista. Poco después, helicópteros transportaron soldados colombianos que descendieron en la zona, atacaron el campamento y diezmaron lo que encontraron, asesinando a quienes aún mostraban signos de vida. Incluso, el cadáver de Raúl Reyes registra un orificio de bala en la cavidad craneana, lo que hace suponer que fue ejecutado a mansalva por sus agresores.Tuvo razón plena, entonces, el Presidente Rafael Correa cuando denunció la violación de su territorio por tropas extranjeras. Y también cuando demandó el pronunciamiento claro de los gobiernos de la región, que finalmente compartieron su punto de vista en la reunión del grupo de Río celebrada en Santo Domingo días después, registrando la ausencia de Alan García.Alvaro Uribe, el autor de la tropelía, quedó virtualmente aislado en el plano continental. Sólo George W. Bush, desde Washington, le tendió la mano porque, finalmente vio concretarse en América Latina la misma práctica que él ejecutó en otros escenarios. En esta parte de América, Alan García, el único que se pronunció a favor de Uribe, no se atrevió a ir a la cita. Tuvo vergüenza de decir allá, lo que había dicho aquí.La prensa domesticada -escrita, radial y televisada que todos conocemos- repitió hasta la saciedad comentando los sucesos de Santo Domingo, que Uribe se había convertido en “vencedor”. Elogió su “firmeza” y “las pruebas” que tenía, para justificar sus encendidos ditirambos. Pero los que seguimos atentamente el debate por la televisión o lo vimos después, no apreciamos firmeza ni prueba alguna.Apenas la terca tozudez de un delincuente que se resiste a admitir su culpa porque sabe que tras ella vendrá una condena. Prefiere, entonces, aducir pruebas inexistentes y proclamar su inocencia con el mismo desenfado con que lo hace aquí, desde el Fundo Barbadillo, Alberto Fujimori.Para fundamentar estas últimas, publicaron como virtuales “primicias”, documentos extraídos “de las computadoras de Reyes”, como si una laptop hubiera podido resistir el bombardeo y la carga ígnea a la que fuera sometida el campamento de las FARC. Ni siquiera computadoras blindadas hubiesen podido mantener intactos sus discos duros y sus delicados programas tras un ataque de esa magnitud.La lectura de los textos, por lo demás, muestra una pueril inocencia, incompatible con el más elemental trabajo clandestino de un comando guerrillero que lo menos que hace es encriptar sus comunicaciones.No debiera sorprender a nadie que en los próximos días Jessica Tapia o Cecilia Valenzuela anuncien con bombos y platillos que en la tercera computadora de Reyes se encontró un “programa especial” en el que aparecen “los peruanos subvencionados por las FARC.Así mostrarán una lista de diversos enemigos del gobierno desde Ollanta Humala, hasta César Híldebrandt pasando, por cierto, por Alberto Moreno, Javier Diez Canseco y algunos más. Entonces, afilará sus dientes Lourdes Alcorta, cual hiena en celo, para exigir la Pena de Muerte para los “traidores a la patria”.Hoy bien puede afirmarse que lo ocurrido en la madrugada del 1 de marzo, no fue una emboscada, sino simplemente un crimen alevoso. A Raúl Reyes lo ubicaron, lo atacaron y lo mataron. Fue éste un operativo siniestro preparado por los servicios secretos de los Estados Unidos y efectuado bajo su dirección, y en territorio ecuatoriano, por las unidades militares del ejército colombiano bajo órdenes de Alvaro Uribe.El argumento que se trataba de un campamento de refugio de las FARC ubicado dentro del territorio ecuatoriano luce también inconsistente a la luz de la copiosa experiencia internacional en la materia.En la guerra contra Nicaragua, en los años 80, “la contra” operaba desde campamentos ubicados en territorio hondureño, a pocos kilómetros de la tierra de Sandino. Y la prensa reaccionaria sostenía que sus bandas no podían ser objeto de ataque porque el gobierno de Managua “violaría la soberanía de otros países” Una interpretación política de los hechos nos obliga a recordar que Raúl Reyes no era sólo el segundo mando de las FARC. Era también el vocero dialogante de la guerrilla. Lo mataron por eso, porque querían matar el diálogo que pusiera fin a una guerra que finalmente los ha enriquecido a ellos, productores y traficantes de armas.Raúl Reyes era el encargado de tramitar la liberación de Ingrid Betancourt. Quienes lo mataron, querían sabotear la posibilidad de que la ex candidata colombiana fuera liberada.Reyes era el nexo entre las FARC y Sarkozy, el Presidente de Francia. Quienes lo mataron, lo hicieron porque no querían que las FARC tuviera contacto con gobiernos del viejo continente y por esa vía con la Unión Europea; ni que en el seno de esa unidad económica y política se percibiera la existencia de una nueva Colombia, ajena y contraria a la administración norteamericana.¿Qué mueve a Washington para actuar así? Estados Unidos tiene intereses materiales en la región: el petróleo, el agua, y la amazonía Y eso también lo sabe aquí la prensa reaccionaria. Por eso exige que se respete el carácter “bilateral” del conflicto entre Ecuador y Colombia demandando “que no se meta Chávez”, pero cuando se mete Bush, les parece una gran cosa.Para fundamentar sus opiniones entrevista a “analistas” basura, como Francisco Tudela, pero oculta las declaraciones del esposo de Ingrid Betancourt Juan Carlos Lecompte, quien subrayó muy claramente el papel positivo de Hugo Chávez en esa crisis.Las lecciones de la crisis ocurrida, son muchas. Pero todas ellas nos confirman en la idea de que no hay en el mundo una fuerza más despiadada y cruel que el Imperialismo y que nadie lo representa de manera más cabal que el señor Bush y su criado latinoamericano, Alvaro Uribe.
Wednesday, March 12, 2008
ELN
Situacion
Colombia
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lamenta la muerte de jefes guerrilleros
Fecha publicación: 12/03/2008
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Tema: Situación en ColombiaPaís/es: Colombia
El guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano manifestó sus condolencias por la muerte de dos integrantes del secretariado nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).En un comunicado, el grupo rebelde se declaró convencido de que nacionales que simpatizan con la causa rebelde en Colombia integrarán las filas de las FARC, a la que manifestaron condolencias por la muerte los comandantes 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos'.'Lamentamos su muerte y acompañamos en este momento de dolor a los compañeros de las FARC con la convicción plena de que otros miles de hijos del pueblo retomarán su ejemplo de lucha', expresaron los guerrilleros.El ELN calificó de 'invaluable pérdida' la muerte de los dos cabecillas que hicieron parte de la cúpula de las FARC, que quedó conformada por siete jefes y en cabeza del histórico comandante 'Manuel Marulanda'.La declaración del ELN ocurre al tiempo de una divulgación de las FARC desmintiendo al ex rebelde que asesinó a 'Ríos' para desmovilizarse y que declaró disminuida a la guerrilla y a punto de ser derrotada de 'adentro hacia afuera'.'La pérdida de los comandantes 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos', miembros del Secretariado Nacional de las FARC, es una invaluable pérdida que sufre la lucha del pueblo colombiano, en su aspiración de liberación nacional y socialismo', dijo el ELN.'Reyes' cuyo nombre verdadero fue Luis Edgar Devia, murió en medio de un bombardeo de las tropas colombianas en territorio ecuatoriano, donde los rebeldes estaban establecidos al parecer para encuentros con investigadores de otros países.Tras la muerte de los ex comandantes, rebeldes del frente comandado por 'Ríos' se desmovilizaron indicando que estaban acosados por la fuerza pública que intensificó operativos en el centro oeste de Colombia.El ELN es la segunda guerrilla del país y sostiene diálogos de paz con el gobierno, que permanecen congelados, a la espera de la firma de un acuerdo base que decida temas como el cese de hostilidades y el intercambio humanitario.Las FARC son la guerrilla más numerosa de América Latina y desde 1964 llevan a cabo la lucha contra el ejército por tomar el poder en Colombia.
Colombia
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lamenta la muerte de jefes guerrilleros
Fecha publicación: 12/03/2008
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Tema: Situación en ColombiaPaís/es: Colombia
El guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano manifestó sus condolencias por la muerte de dos integrantes del secretariado nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).En un comunicado, el grupo rebelde se declaró convencido de que nacionales que simpatizan con la causa rebelde en Colombia integrarán las filas de las FARC, a la que manifestaron condolencias por la muerte los comandantes 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos'.'Lamentamos su muerte y acompañamos en este momento de dolor a los compañeros de las FARC con la convicción plena de que otros miles de hijos del pueblo retomarán su ejemplo de lucha', expresaron los guerrilleros.El ELN calificó de 'invaluable pérdida' la muerte de los dos cabecillas que hicieron parte de la cúpula de las FARC, que quedó conformada por siete jefes y en cabeza del histórico comandante 'Manuel Marulanda'.La declaración del ELN ocurre al tiempo de una divulgación de las FARC desmintiendo al ex rebelde que asesinó a 'Ríos' para desmovilizarse y que declaró disminuida a la guerrilla y a punto de ser derrotada de 'adentro hacia afuera'.'La pérdida de los comandantes 'Raúl Reyes' e 'Iván Ríos', miembros del Secretariado Nacional de las FARC, es una invaluable pérdida que sufre la lucha del pueblo colombiano, en su aspiración de liberación nacional y socialismo', dijo el ELN.'Reyes' cuyo nombre verdadero fue Luis Edgar Devia, murió en medio de un bombardeo de las tropas colombianas en territorio ecuatoriano, donde los rebeldes estaban establecidos al parecer para encuentros con investigadores de otros países.Tras la muerte de los ex comandantes, rebeldes del frente comandado por 'Ríos' se desmovilizaron indicando que estaban acosados por la fuerza pública que intensificó operativos en el centro oeste de Colombia.El ELN es la segunda guerrilla del país y sostiene diálogos de paz con el gobierno, que permanecen congelados, a la espera de la firma de un acuerdo base que decida temas como el cese de hostilidades y el intercambio humanitario.Las FARC son la guerrilla más numerosa de América Latina y desde 1964 llevan a cabo la lucha contra el ejército por tomar el poder en Colombia.
CHINA
Opinión
China
La potencia sobreestimada
Por: Xulio Ríos (especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 12/03/2008
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Tema: Situación en ChinaPaís/es: China
Cada día aparecen nuevas estimaciones y diagnósticos que revalidan la emergencia de China. John Hawksworth, de PricewaterhouseCoopers, en un informe publicado el pasado 5 de marzo, señala que China sobrepasará a EEUU en 2025, o antes incluso, y su economía será 1,3 veces superior a la estadounidense en 2050. Muchos europeos y estadounidenses consideran ya a China la segunda potencia mundial, solo por detrás de EEUU. En este 2008, podría superar a Alemania para convertirse en el primer exportador mundial, y acercarse un poco más a EEUU, el primer importador del planeta. China podrá tener en 2008 el mayor número de internautas del mundo e incluso ocupar el primer puesto en el medallero olímpico. Los éxitos en la carrera espacial, la construcción del mayor aeropuerto del mundo, pronto también el edificio más elevado del mundo en Shangai, etc., son motivo de orgullo para los chinos, pero un ejercicio de realismo obliga a considerar otras variables.China, sin lugar a dudas, es una potencia demográfica y territorial. En cuanto a su economía, el valor bruto de su PIB (24.661.900 billones de yuanes, con un crecimiento del 65,5% respecto a 2002), de su comercio exterior (2,17 billones de dólares en 2007), sus reservas de divisas (1,52 billones de dólares, 500.000 millones más que Japón), indican la existencia de mejoras incontestables. En enero del presente año, el volumen de inversión extranjera llegó a 11.200 millones de dólares, con un incremento anual del 110%. En 2011 China superará a Estados Unidos en cuanto a consumo de energía, siendo ya el primer productor del mundo de multitud de bienes (textil, cemento, hierro…).No obstante, es evidente, por ejemplo, que las capacidades militares de China están a años luz de las de EEUU. El presupuesto de defensa de EEUU representa la mitad del gasto militar del planeta, mientras que el de China ronda el 10% del estadounidense, aún con el aumento previsto del 17,6% previsto para este año. Y a pesar de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y de su renovada presencia en Africa, América Latina o en Asia Central, ni de lejos su influencia es comparable a la de otros actores, aunque ciertamente ha mejorado. En su entorno regional, Japón, Taiwán, o India, sugieren desafíos en materia de seguridad que dificultan la afirmación de su hegemonía en la propia Asia.Con el 4 por ciento de población, EEUU aporta el 27% del PIB global, mientras que China, con una población casi cuatro veces superior, tiene un PIB que equivale a la cuarta parte del de EEUU. El PIB per capita de China equivale a una decimosexta parte del PIB per capita estadounidense. Las profundas desigualdades, las carencias sociales y el bajo nivel del PIB per capita son datos a tener en cuenta para moderar y equilibrar las anteriores cifras. El nivel de ingresos en el campo es, por término medio, más de tres veces inferior al de los residentes urbanos.En materia de soft power, también existen matices importantes. Tanto en términos culturales como de imagen (muy lastrada últimamente por los productos falsificados y de mala calidad), China dispone aún de escasas capacidades a nivel global. Sus avances tecnológicos han sido importantes, pero se diría que aún está sentando las bases materiales de un despegue que está por llegar, empujado por esos 4 millones de universitarios que se licencian cada año y fuertes inversiones en el sector (366.400 millones de yuanes en 2007, equivalente al 1,49% del PIB). Por otra parte, la corrupción, los enormes desafíos ambientales, las deficiencias del sistema educativo a nivel básico, y la débil cohesión social, son factores que constituyen alertas de las graves fisuras existentes en el crecimiento chino, un modelo que las propias autoridades consideran necesario ultrapasar, como ha revelado el primer ministro Wen Jiabao en el informe presentado ante la Asamblea Popular Nacional el pasado 5 de marzo, pero cuya corrección exigirá más tiempo del que ha sido necesario para hacer descollar la economía china y asombrar al mundo con sus mastodónticas cifras que no obstante esconden profundísimos desequilibrios y desigualdades que sugieren al menos dos generaciones de perseverancia y estabilidad para confirmar el auge actual y el logro de una primacía mundial que cuente con un respaldo interno más equilibrado.
China
La potencia sobreestimada
Por: Xulio Ríos (especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 12/03/2008
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Tema: Situación en ChinaPaís/es: China
Cada día aparecen nuevas estimaciones y diagnósticos que revalidan la emergencia de China. John Hawksworth, de PricewaterhouseCoopers, en un informe publicado el pasado 5 de marzo, señala que China sobrepasará a EEUU en 2025, o antes incluso, y su economía será 1,3 veces superior a la estadounidense en 2050. Muchos europeos y estadounidenses consideran ya a China la segunda potencia mundial, solo por detrás de EEUU. En este 2008, podría superar a Alemania para convertirse en el primer exportador mundial, y acercarse un poco más a EEUU, el primer importador del planeta. China podrá tener en 2008 el mayor número de internautas del mundo e incluso ocupar el primer puesto en el medallero olímpico. Los éxitos en la carrera espacial, la construcción del mayor aeropuerto del mundo, pronto también el edificio más elevado del mundo en Shangai, etc., son motivo de orgullo para los chinos, pero un ejercicio de realismo obliga a considerar otras variables.China, sin lugar a dudas, es una potencia demográfica y territorial. En cuanto a su economía, el valor bruto de su PIB (24.661.900 billones de yuanes, con un crecimiento del 65,5% respecto a 2002), de su comercio exterior (2,17 billones de dólares en 2007), sus reservas de divisas (1,52 billones de dólares, 500.000 millones más que Japón), indican la existencia de mejoras incontestables. En enero del presente año, el volumen de inversión extranjera llegó a 11.200 millones de dólares, con un incremento anual del 110%. En 2011 China superará a Estados Unidos en cuanto a consumo de energía, siendo ya el primer productor del mundo de multitud de bienes (textil, cemento, hierro…).No obstante, es evidente, por ejemplo, que las capacidades militares de China están a años luz de las de EEUU. El presupuesto de defensa de EEUU representa la mitad del gasto militar del planeta, mientras que el de China ronda el 10% del estadounidense, aún con el aumento previsto del 17,6% previsto para este año. Y a pesar de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y de su renovada presencia en Africa, América Latina o en Asia Central, ni de lejos su influencia es comparable a la de otros actores, aunque ciertamente ha mejorado. En su entorno regional, Japón, Taiwán, o India, sugieren desafíos en materia de seguridad que dificultan la afirmación de su hegemonía en la propia Asia.Con el 4 por ciento de población, EEUU aporta el 27% del PIB global, mientras que China, con una población casi cuatro veces superior, tiene un PIB que equivale a la cuarta parte del de EEUU. El PIB per capita de China equivale a una decimosexta parte del PIB per capita estadounidense. Las profundas desigualdades, las carencias sociales y el bajo nivel del PIB per capita son datos a tener en cuenta para moderar y equilibrar las anteriores cifras. El nivel de ingresos en el campo es, por término medio, más de tres veces inferior al de los residentes urbanos.En materia de soft power, también existen matices importantes. Tanto en términos culturales como de imagen (muy lastrada últimamente por los productos falsificados y de mala calidad), China dispone aún de escasas capacidades a nivel global. Sus avances tecnológicos han sido importantes, pero se diría que aún está sentando las bases materiales de un despegue que está por llegar, empujado por esos 4 millones de universitarios que se licencian cada año y fuertes inversiones en el sector (366.400 millones de yuanes en 2007, equivalente al 1,49% del PIB). Por otra parte, la corrupción, los enormes desafíos ambientales, las deficiencias del sistema educativo a nivel básico, y la débil cohesión social, son factores que constituyen alertas de las graves fisuras existentes en el crecimiento chino, un modelo que las propias autoridades consideran necesario ultrapasar, como ha revelado el primer ministro Wen Jiabao en el informe presentado ante la Asamblea Popular Nacional el pasado 5 de marzo, pero cuya corrección exigirá más tiempo del que ha sido necesario para hacer descollar la economía china y asombrar al mundo con sus mastodónticas cifras que no obstante esconden profundísimos desequilibrios y desigualdades que sugieren al menos dos generaciones de perseverancia y estabilidad para confirmar el auge actual y el logro de una primacía mundial que cuente con un respaldo interno más equilibrado.
LA CUMBRE DEL GRUPO DE RIO
Opinión
La Cumbre del Grupo Río
¿No hubo guerra?
Por: Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 12/03/2008
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Tema: Situación en América Latina
Los abrazos, los besos y los apretones de manos sellaron el acuerdo; el clima bélico que reflejaban algunos discursos quedo interruptus. El espíritu del grupo Río fue un espíritu latinoamericanista, y como tal, contradictorio y cargado de patetismo y duplicidad.Dos fueron las consignas con las que se cerraron las deliberaciones de los jefes de estado: “nunca más” y “que todo vuelva a ser como antes”, y entonces no habría guerra.Se habló mucho, se manejaron cifras millonarias en dólares de convenios bilaterales y multilaterales; que 5000 millones el año pasado; que una proyección de veinte mil más para los próximos años, en construcciones de mega infraestructuras en gasoductos, oleoductos, etc. Entonces? Que todo vuelva a ser como antes, que va pasar sino, con todos estos negocios millonarios. “Alvaro, mira lo que has provocado con tu incursión militar, todo está a punto de caerse porque te dedicaste a jugar a la guerra en la selva”Don Alvaro, que con el correr de las intervenciones, parecía ir quedándose más solo que loco malo, impertérrito y parado en sus trece defendida la soberanía del Estado Colombiano para “perseguir y aniquilar la subversión” hasta debajo de la cama de ecuatorianos, venezolanos, dominicanos y cuanto otros le dieran refugio. Lo que está en juego -dijo- es el Estado y, la más ilustrativa de todas las tesis esgrimidas en tan ilustre reunión, la defensa del Estado se impone por encima de la soberanía de los países.Fue el ex comandante Daniel Ortega, el que tomó el clavo caliente que las declaraciones uribistas descargaron en la Cumbre. Lo de Uribe -dijo- es terrorismo de estado, terrorismo similar a los operativos Cóndor” que realizaban los militares con la anuencia del Departamento de Estado (y el acuerdo de las burguesías locales) en los años de plomo de las dictaduras latinoamericanas. Todo está claro -continuó Ortega- para que necesitamos una investigación y una comisión de la OEA, “acá no hay nada que investigar pue´, si Uribe lo deja todito claro, todito”. Don Alvaro, ha transformado a Colombia en un enclave norteamericano. ¿La OEA? Es el nido donde depositan sus huevos los enemigos de Latinoamérica.¿No hubo guerra?. Los mísiles rasantes deforestaron una porción de la selva ecuatoriana, mientras las bombas de racimo destrozaban la carne de los combatientes de las FARC. La tarea se finaliza con la acumulación de cuerpos en una pila para rematarlos a balazos. El ejército colombiano es conocedor de estos mandados. Lo práctica a cotidiano contra su propio pueblo, fronteras adentro. Esto le ha valido el mote de genocida a don Alvaro.Uribe se mantiene impertérrito en la reunión; mientras las cosas no avancen de la denuncia de violación del espacio aéreo y terrestre de un país vecino, no hay de que preocuparse. El problema, es si la Cumbre condena el genocidio colombiano y dispone acciones para investigarlo en su propio país. Si de ella, salen a la luz pública internacional, sus vínculos con los paramilitares y con el narcotráfico, que con tanto empeño intenta encajarle a la guerrilla. Disculpen los aliados latinoamericanistas de la florida retórica caribeña, pero en esta oportunidad, “nuestros lideres” estuvieron por detrás del propio Jim Carter cuando mandó una comisión interamericana a investigar a Videla allá por el ´79. Mantener los negocios, fue lo que se impuso por sobre la defensa de la vida de miles de sindicalistas, campesinos, obreros y estudiantes colombianos, que viven en la “Colombia democrática de Uribe”, lo que los argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, nicaragüenses vivimos, bajo el régimen de los Videla, Pinochet, Somoza y, nos venimos a enterar, el “amigo general” Hugo Banzer.¿No hubo guerra?. Uribe mantiene en Colombia un régimen de fuerza y represión en contra de su propio pueblo; esto no es una cuestión de soberanía que se arregla con un acta compromiso de “no intervención” en los asuntos internos de los países o con la apelación cristinista a no “salirse de la legalidad” en los actos de represión.El plan Colombia tiene sin dudas una proyección regional. Colombia mantiene fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela al sur y con Panamá al norte. Es la vía de acceso a la América del sur. Domina dos océanos y junto con Ecuador y Venezuela, comparte la región con una de las más altas reservas de petroleras del mundo. Pero cualquier intervención militar hacia el exterior, les plantea a los Estados guerreros mantener la unidad interior.Terminar con las disidencias internas, unificar los intereses de las masas detrás de los objetivos y los intereses de la burguesía y el imperialismo para ir a la guerra, es el primer paso de toda ofensiva bélica. Los asuntos internos de Colombia, tienen en ese sentido, una proyección regional.La represión dentro de la legalidad, auspiciada por el gobierno argentino, es una solicitud cargada de perfidia. Nadie entre los presentes ignora que la represión legal no existe ni en Colombia, ni en ningún otro lugar.George W. Bush, acaba de ratificarlo al vetar una ley que prohibía la tortura a los prisioneros políticos. Cuando la burguesía reprime al pueblo no hay errores ni excesos.Toda la declaración de la presidenta argentina, subida al más alto monolito del egocentrismo, tiene tanta vacuidad como la del resto de mandatarios presentes, por los resultados y por las convicciones de quien las realiza. “Pero claro Cristina que tu eres mejor que todos los presentes que estamos aquí” dijo Hugo Chávez, terminada la exposición de la argentina, “trata de no caerte de donde estas subida -le falto decir- que puedes suicidarte”Argentina forma parte de la estrategia “gringa” en la lucha antiterrorista, el congreso kirchnerista sancionó la ley antiterrorista pedida por Bush. No casualmente, además, Cristina visitó, de paso a la Cumbre, a la invadida Haití. Donde la “multilateralidad”, reclamada a Uribe, tiene una forma práctica en la participación de tropas nacionales como ejército de ocupación y opresión.Para ser consecuentes con el reclamo de soberanía territorial, la Cumbre debería haberse pronunciado en contra de la invasión de don Alvaro a Ecuador y por el retiro de tropas “multilaterales” de Haití.¿No hay guerra en Latinoamérica?La incursión uribista, sobre el territorio ecuatoriano, fue comprobadamente de sur a norte; para darle a la provocación un aire más dramático. Los yanquis le facilitaron el dato sobre el campamento de Raúl Reyes y, se asegura, participaron ellos mismos en el operativo. Si hubieran querido los lideres latinoamericanos la tenían servida, no sólo para condenar a la Colombia uribista, sino al propio imperialismo (el mayor interventor de la historia en los asuntos de los estados extranjeros, presidenta) y avanzar en la denuncia a los pueblos latinoamericanos sobre lo que significan las alianzas del operativo Colombia. Nada. Más allá, de alguna exhortación antiimperialista clásica. Ningún llamado a la unidad latinoamericana para expulsar al opresor, ni centroamericana para liquidar los planes imperialistas en la región.Todo quedó arreglado con el compromiso, en soledad, de don Alvaro de que no se va a volver a repetir; “una nueva oportunidad a la paz” ya había habido otros compromisos de parte de Uribe, previos al secuestro en pleno centro de Caracas del llamado “canciller de las FARC; don Alvaro no se caracteriza por cumplir con su palabra.En esta oportunidad, el compromiso duró apenas un suspiro; Iván Ríos, es asesinado horas después de la Cumbre, con lo cual el presidente colombiano logra meter otro palo en la rueda a un posible intercambio humanitario de prisioneros. Uribe se niega a cualquier negociación, quedó sentado en el acta. Lo de él es el exterminio liso y llano.¿No hubo guerra? El montaje televisivo sirvió al objetivo de mostrar a los presidentes ante sus pueblos, como fieras indignadas por las maniobras terroristas de Uribe, que invade sin contemplaciones a países hermanos. Sin embargo los resultados son desalentadores.Uribe tuvo un logro inesperado, todos y cada uno de los presentes reclamo el derecho a reprimir cualquier movimiento sedicioso fronteras adentro, haciendo uso de sus propias fuerzas armadas. De hecho, de acuerdo a algunas noticias aparecidas en los diarios posteriores a la cumbre, se mezclaba la información sobre las “brillantes intervenciones” de los presidentes, con la movilización del ejército ecuatoriano para desmantelar grupos de las FARC en su propio territorio. La noticia indica que es el propio presidente Correa, el que ordena la movilización de las tropas para expulsar a la guerrilla hacia Colombia.Don Alvaro tensó la cuerda y logró que la cumbre le permita la masacre en racimos de bombas sobre su propio pueblo. Continuará llevando adelante esta política para demostrarle al imperialismo que él es el hombre fuerte de Centroamérica.Don Alvaro espera derrotar a su propio pueblo, desmoralizarlo, evitar la liberación y el intercambio de rehenes (sobre todo si esto puede ponerle en la arena política a una competidora en la conservación del poder).Si lo logra, habrá que volver a preguntarse ¿no hubo guerra?
La Cumbre del Grupo Río
¿No hubo guerra?
Por: Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 12/03/2008
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Los abrazos, los besos y los apretones de manos sellaron el acuerdo; el clima bélico que reflejaban algunos discursos quedo interruptus. El espíritu del grupo Río fue un espíritu latinoamericanista, y como tal, contradictorio y cargado de patetismo y duplicidad.Dos fueron las consignas con las que se cerraron las deliberaciones de los jefes de estado: “nunca más” y “que todo vuelva a ser como antes”, y entonces no habría guerra.Se habló mucho, se manejaron cifras millonarias en dólares de convenios bilaterales y multilaterales; que 5000 millones el año pasado; que una proyección de veinte mil más para los próximos años, en construcciones de mega infraestructuras en gasoductos, oleoductos, etc. Entonces? Que todo vuelva a ser como antes, que va pasar sino, con todos estos negocios millonarios. “Alvaro, mira lo que has provocado con tu incursión militar, todo está a punto de caerse porque te dedicaste a jugar a la guerra en la selva”Don Alvaro, que con el correr de las intervenciones, parecía ir quedándose más solo que loco malo, impertérrito y parado en sus trece defendida la soberanía del Estado Colombiano para “perseguir y aniquilar la subversión” hasta debajo de la cama de ecuatorianos, venezolanos, dominicanos y cuanto otros le dieran refugio. Lo que está en juego -dijo- es el Estado y, la más ilustrativa de todas las tesis esgrimidas en tan ilustre reunión, la defensa del Estado se impone por encima de la soberanía de los países.Fue el ex comandante Daniel Ortega, el que tomó el clavo caliente que las declaraciones uribistas descargaron en la Cumbre. Lo de Uribe -dijo- es terrorismo de estado, terrorismo similar a los operativos Cóndor” que realizaban los militares con la anuencia del Departamento de Estado (y el acuerdo de las burguesías locales) en los años de plomo de las dictaduras latinoamericanas. Todo está claro -continuó Ortega- para que necesitamos una investigación y una comisión de la OEA, “acá no hay nada que investigar pue´, si Uribe lo deja todito claro, todito”. Don Alvaro, ha transformado a Colombia en un enclave norteamericano. ¿La OEA? Es el nido donde depositan sus huevos los enemigos de Latinoamérica.¿No hubo guerra?. Los mísiles rasantes deforestaron una porción de la selva ecuatoriana, mientras las bombas de racimo destrozaban la carne de los combatientes de las FARC. La tarea se finaliza con la acumulación de cuerpos en una pila para rematarlos a balazos. El ejército colombiano es conocedor de estos mandados. Lo práctica a cotidiano contra su propio pueblo, fronteras adentro. Esto le ha valido el mote de genocida a don Alvaro.Uribe se mantiene impertérrito en la reunión; mientras las cosas no avancen de la denuncia de violación del espacio aéreo y terrestre de un país vecino, no hay de que preocuparse. El problema, es si la Cumbre condena el genocidio colombiano y dispone acciones para investigarlo en su propio país. Si de ella, salen a la luz pública internacional, sus vínculos con los paramilitares y con el narcotráfico, que con tanto empeño intenta encajarle a la guerrilla. Disculpen los aliados latinoamericanistas de la florida retórica caribeña, pero en esta oportunidad, “nuestros lideres” estuvieron por detrás del propio Jim Carter cuando mandó una comisión interamericana a investigar a Videla allá por el ´79. Mantener los negocios, fue lo que se impuso por sobre la defensa de la vida de miles de sindicalistas, campesinos, obreros y estudiantes colombianos, que viven en la “Colombia democrática de Uribe”, lo que los argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, nicaragüenses vivimos, bajo el régimen de los Videla, Pinochet, Somoza y, nos venimos a enterar, el “amigo general” Hugo Banzer.¿No hubo guerra?. Uribe mantiene en Colombia un régimen de fuerza y represión en contra de su propio pueblo; esto no es una cuestión de soberanía que se arregla con un acta compromiso de “no intervención” en los asuntos internos de los países o con la apelación cristinista a no “salirse de la legalidad” en los actos de represión.El plan Colombia tiene sin dudas una proyección regional. Colombia mantiene fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela al sur y con Panamá al norte. Es la vía de acceso a la América del sur. Domina dos océanos y junto con Ecuador y Venezuela, comparte la región con una de las más altas reservas de petroleras del mundo. Pero cualquier intervención militar hacia el exterior, les plantea a los Estados guerreros mantener la unidad interior.Terminar con las disidencias internas, unificar los intereses de las masas detrás de los objetivos y los intereses de la burguesía y el imperialismo para ir a la guerra, es el primer paso de toda ofensiva bélica. Los asuntos internos de Colombia, tienen en ese sentido, una proyección regional.La represión dentro de la legalidad, auspiciada por el gobierno argentino, es una solicitud cargada de perfidia. Nadie entre los presentes ignora que la represión legal no existe ni en Colombia, ni en ningún otro lugar.George W. Bush, acaba de ratificarlo al vetar una ley que prohibía la tortura a los prisioneros políticos. Cuando la burguesía reprime al pueblo no hay errores ni excesos.Toda la declaración de la presidenta argentina, subida al más alto monolito del egocentrismo, tiene tanta vacuidad como la del resto de mandatarios presentes, por los resultados y por las convicciones de quien las realiza. “Pero claro Cristina que tu eres mejor que todos los presentes que estamos aquí” dijo Hugo Chávez, terminada la exposición de la argentina, “trata de no caerte de donde estas subida -le falto decir- que puedes suicidarte”Argentina forma parte de la estrategia “gringa” en la lucha antiterrorista, el congreso kirchnerista sancionó la ley antiterrorista pedida por Bush. No casualmente, además, Cristina visitó, de paso a la Cumbre, a la invadida Haití. Donde la “multilateralidad”, reclamada a Uribe, tiene una forma práctica en la participación de tropas nacionales como ejército de ocupación y opresión.Para ser consecuentes con el reclamo de soberanía territorial, la Cumbre debería haberse pronunciado en contra de la invasión de don Alvaro a Ecuador y por el retiro de tropas “multilaterales” de Haití.¿No hay guerra en Latinoamérica?La incursión uribista, sobre el territorio ecuatoriano, fue comprobadamente de sur a norte; para darle a la provocación un aire más dramático. Los yanquis le facilitaron el dato sobre el campamento de Raúl Reyes y, se asegura, participaron ellos mismos en el operativo. Si hubieran querido los lideres latinoamericanos la tenían servida, no sólo para condenar a la Colombia uribista, sino al propio imperialismo (el mayor interventor de la historia en los asuntos de los estados extranjeros, presidenta) y avanzar en la denuncia a los pueblos latinoamericanos sobre lo que significan las alianzas del operativo Colombia. Nada. Más allá, de alguna exhortación antiimperialista clásica. Ningún llamado a la unidad latinoamericana para expulsar al opresor, ni centroamericana para liquidar los planes imperialistas en la región.Todo quedó arreglado con el compromiso, en soledad, de don Alvaro de que no se va a volver a repetir; “una nueva oportunidad a la paz” ya había habido otros compromisos de parte de Uribe, previos al secuestro en pleno centro de Caracas del llamado “canciller de las FARC; don Alvaro no se caracteriza por cumplir con su palabra.En esta oportunidad, el compromiso duró apenas un suspiro; Iván Ríos, es asesinado horas después de la Cumbre, con lo cual el presidente colombiano logra meter otro palo en la rueda a un posible intercambio humanitario de prisioneros. Uribe se niega a cualquier negociación, quedó sentado en el acta. Lo de él es el exterminio liso y llano.¿No hubo guerra? El montaje televisivo sirvió al objetivo de mostrar a los presidentes ante sus pueblos, como fieras indignadas por las maniobras terroristas de Uribe, que invade sin contemplaciones a países hermanos. Sin embargo los resultados son desalentadores.Uribe tuvo un logro inesperado, todos y cada uno de los presentes reclamo el derecho a reprimir cualquier movimiento sedicioso fronteras adentro, haciendo uso de sus propias fuerzas armadas. De hecho, de acuerdo a algunas noticias aparecidas en los diarios posteriores a la cumbre, se mezclaba la información sobre las “brillantes intervenciones” de los presidentes, con la movilización del ejército ecuatoriano para desmantelar grupos de las FARC en su propio territorio. La noticia indica que es el propio presidente Correa, el que ordena la movilización de las tropas para expulsar a la guerrilla hacia Colombia.Don Alvaro tensó la cuerda y logró que la cumbre le permita la masacre en racimos de bombas sobre su propio pueblo. Continuará llevando adelante esta política para demostrarle al imperialismo que él es el hombre fuerte de Centroamérica.Don Alvaro espera derrotar a su propio pueblo, desmoralizarlo, evitar la liberación y el intercambio de rehenes (sobre todo si esto puede ponerle en la arena política a una competidora en la conservación del poder).Si lo logra, habrá que volver a preguntarse ¿no hubo guerra?
Saturday, March 08, 2008
ACCOMARCA: PERU IN THE EYE OF T.........
Declassified U.S. Documentation on Human Rights Abuses and Political Violence
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 64 Edited by Tamara Feinstein, Director, Peru Documentation Project January 22, 2002
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“One cannot appear neutral in Ayacucho and survive. If you are radical right, only S[endero]L[uminoso] tries to kill you. If you are a terrorist, only the police and military try to kill you. If you are in the middle, both the terrorists and the soldiers want you dead.”
- Ambassador Anthony Quainton, Confidential State Department Cable, December 20, 1990
Introduction
On November 21, 2000, the Peruvian Congress voted to remove Alberto Fujimori as president, declaring him morally unfit for office and rejecting his resignation letter sent from Japan—where he had fled to avoid arrest. This was the culminating point of a broad corruption scandal involving bribery of opposition politicians, military officials, the media and others by Fujimori’s advisor Vladimiro Montesinos. Following Fujimori’s fall, the new interim President Valentin Paniagua took significant steps towards the restoration of democracy, including removing restrictions on freedom of the press, the replacement of the dismissed magistrates to the Constitutional Tribunal—Peru’s equivalent to the U.S. Supreme Court which Fujimori gutted in 1997--and returning Peru to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. On June 3, 2001, Alejandro Toledo of the "Peru Posible" party was elected president through second round run-off elections, which were deemed free and fair by a host of domestic and international observers. In the wake of the past year and a half period of political turmoil and transformation in Peru, the Peruvian government and people have begun a process of reassessing the policies practiced during the past two decades, especially in relation to human rights.
Peru: Human Rights Crimes
Peru has had a troubled legacy of political violence and human rights abuses. The Peruvian Human Rights Ombudsman's office estimates that in the past 20 years there have been 30,000 victims of political violence. No less than 4,000 individuals have "disappeared", thousands of individuals were arbitrarily detained, 400,000 have been displaced, and victims of torture are too numerous to be accurately counted.
Soon after the return to civilian government in 1980, Peru confronted an escalating situation of political violence, generated by the appearance of a violent insurgency carried out by Sendero Luminoso, and the MRTA, and a violent counterinsurgency campaign conducted by Peruvian state security forces. Three successive administrations--Presidents Fernando Belaunde, Alan Garcia, and Alberto Fujimori--used various strategies and methods to address the situation. During all three regimes, both state security forces and the insurgents committed grave human rights abuses (including assassinations, massacres, torture, forced disappearances, extrajudicial executions and bombings).
Following President Alberto Fujimori’s resignation and Vladimiro Montesinos’s arrest due to corruption scandals, the Peruvian government and people have begun new investigations into past human rights cases (such as Lurigancho, Barrios Altos, and La Cantuta) and have established a Truth and Reconciliation Commission. In a speech presented at a forum on Truth Commissions and historical experience on February 2, 2001, then-Minister of Justice (current Foreign Minister) Diego García Sayan noted:
"We should be precise, therefore, about what kinds of acts have remained in the dark due to denial, indifference or loss of memory…We need to humanize the victims so that they will no longer be a mere statistic in official records. The majority of these disappearances affected poor peasants, the people that have always been forgotten in our country. That is why it is doubly necessary to know and to show what happened to them so that those marginalized and who have no voice obtain the respect that they have always been denied."(1)
The Mandate of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission
On June 4, 2001, transition President Valentin Paniagua signed decree 065-2001-PCM establishing the Truth Commission. President Toledo affirmed his commitment to support the Truth Commission by signing decree 101-2001-PCM on September 4, 2001. The Truth Commission consists of twelve commissioners, an official observer, and an Executive Secretary. The Commission expects to examine over 6,000 allegations of forced disappearances, assassinations, torture, kidnappings, and other grievous violations of human rights that date from May of 1980 through November 2000, and will investigate key cases in detail. The Commission was given until November 13, 2001, to organize its staff and establish its rules and guidelines. The review will last 18 months, until February 13, 2003, with the possibility of a 5-month extension.
Although this Commission will not have judicial authority to prosecute, it will have the power to propose initiatives that it believes will affirm the peace, the rule of law, national reconciliation, and democracy. President Toledo has repeatedly stated that he will implement fully the Commission’s recommendations.
The Truth Commission has 5 principal objectives:
To analyze the political, social, and cultural conditions that influenced the behavior of society and the State institutions and contributed to the tragic situation of violence that permeated Peru.
To contribute to the clarification of crimes and violations of human rights perpetrated by either terrorist organizations or agents of the State, including assassinations, detentions, forced disappearances, torture, violations of collective human rights in Andean communities, and other grave human rights violations.
To determine the whereabouts, identification, and situation of the victims, and if possible determine the responsible criminal parties.
To formulate a proposal of moral and material reparation for victims and their families.
And to recommend appropriate reforms and to establish mechanisms for the fulfillment of these recommendations.
Valuable Information in U.S. Government Archives
Access to declassified U.S. government documents would provide a significant contribution to the Commission's efforts. A wealth of records exist within the archives of the various U.S. governmental agencies (Department of State, Department of Defense, CIA, DIA, DEA, etc.) which could shed abundant light on a range of key issues relating to human rights in Peru, including social, political and economic developments; U.S.-Peru relations; the origins of the civil conflict; details on specific human rights cases and information on the Peruvian intelligence and security apparatus controlled by Montesinos.
On January 7, 2002, the U.S. Embassy (Lima) posted a group of 38 documents in response to a request from the Peruvian Congress’s Townsend (formerly Waisman) Commission investigating Vladimiro Montesinos. (Click here to see the Archive’s analysis of the Embassy’s release.) While many of the documents handed over to the Townsend Commission concern corruption, a number of these documents deal specifically or in part with human right violations during the Fujimori administration.
In the past, the U.S. government has provided timely assistance to truth commissions and human rights investigations in Latin America by coordinating extensive interagency declassification reviews and providing thousands of declassified documents for Truth Commissions in both El Salvador and Guatemala, and to the Human Rights Ombudsman in Honduras. These U.S. documents provided critical information on human rights violations, which significantly aided the work of these commissions. On November 27, 2001, the Peruvian Truth and Reconciliation Commission officially requested President Bush to provide similar assistance for expedited declassification of U.S. documents.
The records highlighted in this electronic briefing book are a small sample of the quality of U.S. documentation that the Bush administration could provide to assist Peru in its investigation of truth and justice on human rights crimes. In light of Peru’s new self-examination of past human rights abuses, providing an expedited interagency declassification review of documents on Peru is an essential component of the current U.S. policy of supporting Peru’s transition to democracy. The alternative approach – expecting the Truth Commission to file time-consuming FOIA requests with half a dozen agencies in Washington – would take years to complete, leaving the Commission empty-handed in its search for the truth.
[NOTE: The following forty-one documents represent the most revealing and substantive declassified documents on human rights in Peru that the National Security Archive has already obtained through the Freedom of Information Act. They range in date from February 1983 until April 1994, recording a progression of events through three Peruvian regimes while highlighting key human rights violations committed by government security forces, and Peruvian insurgents. The documents were declassified in response to Freedom of Information Act requests filed by National Security Archive staff, Lynda Davis and Tamara Feinstein.]
Note: The following documents are in PDF format. You will need to download and install the free Adobe Acrobat Reader to view.
Document 1
U.S. Embassy (Lima) Cable, Peruvian Terrorists Lose the Initiative, February 24, 1983, Secret, 8pp.
This cable discusses the ramifications of President Belaunde’s decision to place the army in charge of maintaining public order in the Ayacucho emergency zone. The military is called on to strengthen police forces by providing troops for defensive activities as well as offering transportation, communications, logistics and weaponry support. The report states that this strategy has enabled the police to pursue more aggressive patrolling operations, and thereby reintroduced a government presence into many rural areas previously abandoned to Sendero influence.
Document 2
U.S. Embassy (Lima) Cable, Peru’s President Belaunde Makes Surprise Visit to Emergency Zone, June 14, 1983, Confidential, 3 pp.
President Belaunde visits the city of Ayacucho, in a move to demonstrate a united civil-military approach to terrorism and economic decay. The document notes that opposition figures and the press have tended to view such occasions as a de-facto presidential endorsement of the counter-terrorist tactics employed by the security forces. The cable also describes public criticisms and news editorials concerning the deaths and unknown fate of hundreds of persons detained by the military and the government’s unwillingness to offer the public any explanations.
Document 3
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Bars March “For Peace and Justice” and Militarizes Lima, August 28, 1984, Confidential, 3 pp.
The document describes the canceled march "for peace and justice" (intended to protest two prominent disappearances and recent reports of mass killings by both terrorist and military forces) that was scheduled for August 24, 1984 in downtown Lima. A day prior to the demonstration, the government revokes its previous permission for the march and gives the military responsibility for maintaining public order. To avoid a confrontation with the military, the IU (United Left) officially cancels the demonstration, although several IU leaders attempt to lead a smaller march. After the military arrests 236 people the protest quickly dissipates, and within 48 hours 235 of the 236 arrested are released.
Document 4
U.S. Embassy (Lima) Cable, Mass Grave Discovered in Emergency Zone, August 28, 1984, Confidential, 4 pp.
Mass clandestine graves are discovered 36 kilometers from the city of Huanta. This cable estimates that approximately 49 to 50 males and one female were killed in a methodical fashion and then subsequently disfigured to prevent identification. While the government officially denies any responsibility for the atrocity, public opinion represented by both opposition and pro-regime press, have decidedly attributed the murders to government forces.
Document 5
U.S. Embassy (Lima) Cable, Local District Attorneys Press Charges Against Marine Commander in Ayala Disappearance and Evangelical Killing Cases, February 26, 1985, Confidential, 2 pp.
The U.S. Embassy describes criminal charges brought against Lt. Commander Alvaro Artaza Adrianzen, former head of the Marine garrison in Huanta. The charges involve the August 1984 disappearance of journalist Jaime Ayala and the murder of six members of an evangelical church on August 1, 1984 in Callqui. This is the first time since the military was granted authority over the emergency zones in December of 1982, that the state has attempted to prosecute military officers with command responsibility for criminal acts perpetrated against the civilian population.
Document 6
U.S. Embassy (Lima) Cable, Reaction within Army to Removal of Generals Jamara and Mori, September 19, 1985, Confidential, 4 pp.
On September 17, 1985, President Garcia removes Emergency Zone Generals Jarama and Mori, following the Senate Human Rights Commission's findings that an army patrol commander was responsible for the August 14th civilian massacre at Accomarca. Their removal represents the Garcia Administration's more general displeasure with the military’s overall record on human rights. The handling of this affair provokes dissatisfaction within the military and concern among military officials that their own experiences in counter-insurgency operations may place them in danger of government reprisals.
Document 7
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Navy Involvement in Disappearance of Naval Officer, March 6, 1986, Confidential, 3 pp.
The document discusses the recent Supreme Court decision to have Lt. Commander Artaza stand trial in a civilian court for the 1984 disappearance of journalist Jaime Ayala, Artaza’s subsequent disappearance, and the government's pressure to stop the March 3rd edition of commentary program "Encuentros", believed to be critical of the Navy's involvement in Artaza’s disappearance. The cable describes the President's difficult position in this matter, and acknowledges that the Navy was most likely involved in the disappearance of Artaza and a subsequent cover-up.
Document 8
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Orders Investigations of Prison Deaths, June 23, 1986, Confidential, 5 pp. [NOTE: This document comes from a collection donated by free-lance journalist Jeremy Bigwood]
The U.S. Embassy evaluates public and government responses to the June prison riots, which left at least 240 terrorist/prisoners dead, including calls for an independent investigation coming from the ongoing Socialist International Conference and others. The document also includes a description of a governmental communiqué that acknowledges that the high death toll (no terrorist prisoners survived) leads it to believe that excesses did occur, and that it intends to investigate and punish any of those responsible. The cable ends with a brief analysis of the political fallout that a truly independent investigation could bring on President Garcia, who himself ordered the military action, concluding that in this matter the military is unlikely to allow itself to be used as a scapegoat by the President.
Document 9
U.S. Embassy (Lima) Cable, Garcia Declares 95 Police Arrested for Summary Executions at Lurigancho Prison, June 25, 1986, Confidential, 3 pp. [NOTE: This document comes from a collection donated by free-lance journalist Jeremy Bigwood]
President Garcia announces the initial findings of the investigation into the Lurigancho prison riots, noting that the police had summarily executed 30-40 prisoners after the prisoners had surrendered. The Embassy warns that in comparison to previous human rights investigations into the Accomarca and Pucayacu massacres, this time “it may be difficult for Garcia to control the process he has set in motion.” The cable also questions how the police alone could have engaged in executions in an army-directed operation without the army also sharing the blame, and warns that Garcia will “have his hands full trying to avoid image that he is engaging in transparent scapegoating of police to avoid confrontation with military.”
Document 10
Department of State Cable, Garcia and the Military: Plea for International Support, June 28, 1986, Secret, 4 pp.
Deputy Secretary of State John C. Whitehead sends guidance to U.S. embassies in Latin America on how to address the current crisis in Peru. The cable highlights growing tensions between President Garcia and the armed forces over the Lurigancho prison riots and the subsequent investigation. Whitehead requests that the addressed embassy posts contact relevant officials to encourage Garcia to stop his confrontational approach to the Peruvian military in light of the growing terrorist threat.
Document 11
U.S. Embassy (Lima) Cable, Current Crisis in Peru, June 30, 1986, Secret, 4 pp.
This document describes the continued aftermath of the prison riots and massacres, including the probable resignation of the Minister of Justice and the Minister of the Interior. Policemen arrested following the investigation into Lurigancho continue to be held by police authorities and have not been transferred to Canto Grande Prison as previously promised. Navy forces have also recently been implicated in the media of summarily executing prisoners in El Fronton prison. The cable also notes the possibility that Garcia may remove top military command officers, if it turns out the ultimate responsibility for the massacre lies with the joint command.
Document 12
U.S. Embassy (Lima) Cable, President Garcia Says Crisis Is Over, July 1, 1986, Secret, 2 pp.
Embassy Political Counsel Felder and President Garcia meet and discuss the current domestic political situation, including the two prison riots at El Fronton and Lurigancho. In the conversation Garcia clears the Navy of any responsibility for El Fronton, and says that while the Guardia Republicana was responsible for the excesses at Lurigancho, the joint military command could not be held accountable. Garcia limits the possible responsibility for the Lurigancho massacre to General Rabanal, who he says would have to bear the consequences if he were found guilty. In the conversation President Garcia goes on to say that while unfortunate, the crisis at the prisons would have the long-term positive effect of diminishing the capabilities of Sendero Luminoso, and that until terrorism could be eradicated, the Peruvian people would have to "learn to live with a high level of violence".
Document 13
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Massacre at Pomatambo and Parcco, November 26, 1986, Confidential, 5 pp.
The document discusses conflicting reports put forward by the military and independent journalists, over the killings of between 12 and 13 people in Ayacucho in October. Military accounts claim that 13 guerrillas, including Sendero leader Camarada Caszelly, were killed in combat, while press reports, based on eye witness testimony, purport that security forces actually executed 12 civilians. Local human rights groups question whether Senate investigations will be carried out (similar to the 1985 Senate Accomarca investigations) or will instead dissipate like the earlier investigations into the June prison killings.
Document 14
U.S. Embassy (Lima) Cable, Embassy Visit to Ayacucho, January 21, 1987, Confidential, 18 pp.
The U.S. embassy assesses the current situation in the South Central emergency zone of Ayacucho, following a two-day visit to this area in December. The report provides an analysis of the following areas: terrorist and counter-terrorist operations, human rights abuses, political groups, development projects, and narcotics. The paper concludes that the military maintains a strong hold on local government activities.
Document 15
U.S. Embassy (Lima) Cable, Cayara: No Bodies Left, June 1, 1988, Confidential, 2 pp.
This document describes the controversy surrounding the killings that occurred in or around Cayara, on May 14th and the student demonstrations in response to these killings. According to the military, 16 guerillas died in a firefight with government forces in or near Cayara. Other sources, including the Ayacucho Special Prosecutor Carlos Escobar, claim that the military executed at least 30 villagers before removing their bodies from the scene. The military has denied the press, the ICRC, and other Peruvian human rights groups, access to the area. While there is currently no decisive answer to this controversy since the victim's bodies have yet to be found, the cable implies that embassy officials are skeptical of the army's position, due to the large number of victims and the lack of military casualties.
Document 16
U.S. Embassy (Lima) Memorandum of Conversation, Human Rights Abuses on the Increase, September 20, 1988, Confidential, 5 pp.
This memorandum of conversation represents the opinions of an unknown interviewee. Covered are the subjects of Sendero violence, which he predicts will escalate as the economy worsens; human rights abuses that he believes will continue to grow due to the current military mind-set; and the police/military's use of torture, which will remain unchanged because of ineffective investigative and detective techniques/procedures.
Document 17
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Quashes the Cayara Massacre Report, November 10, 1988, Confidential, 3 pp.
This cable discusses the problems of the investigation into the May 14th Cayara massacre, including conflicting eyewitness testimony. Based on information from an embassy source and other reliable information, the document draws three main conclusions: some Cayara residents probably participated in ambushing the Army patrol; the Army did murder the residents of Cayara; and finally, the Army almost certainly tried to cover up their involvement.
Document 18
Defense Intelligence Agency Defense Intelligence Terrorism Summary, Peru: SL Activity, December 14, 1988, 2 pp.
The Defense Intelligence Agency (DIA) assesses recent Sendero Luminoso terrorist activity in Lima and Huaraz. The actions discussed include the December 7th bombing of the national electric grid, the December 5th assassination of two French developmental workers and two Peruvian technicians, and the bombing of four hotels in Huaraz on December 1st.
Document 19
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Massacres 39 Villagers, March 3, 1989, Confidential, 5 pp.
This cable discusses Sendero Luminoso’s murder of 39 Canaire villagers in the Department of Ayacucho. After giving a detailed account of the massacre, based on the testimony of survivors, the report mentions that human rights sources have speculated that the killings were in response to the villagers efforts to organize civil defense patrols to defend against Sendero attacks. The document also suggests that the attack may have been related to illicit coca production in the Mantaro River Valley.
Document 20
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Kills 14 Mayors in 10 Day Period, October 17, 1989, Confidential, 5 pp.
Sendero violence surges again, after a two-month period of inaction. Specific information on the numbers of dead and positions they held are given, and speculation on how the government will handle the coming election in lieu of this violence is noted. The report also analyzes possible effects of this violence and comments that these actions have given Sendero a huge psychological advantage in their war with the government.
Document 21
Defense Intelligence Agency Cable, Peru: Insurgent Developments, May 1, 1990, 2 pp.
This DIA cable lists several of the recent terrorist attacks by Sendero Luminoso, and the affects they have had on the Satipo province. Noted effects have been the large migration of refugees into the major towns of Satipo and the closing of all the schools in the province. Estimates from the Congressional Commission concerning the numbers of dead are included in the report. The report concludes that Sendero is gaining strength and that with the 10-year anniversary of Sendero on May 17th and the runoff elections on June 3rd the level of violence in the countryside will probably continue to grow.
Document 22
U.S. Embassy (Lima) Cable, Extrajudicial Executions in Ayacucho: Peruvian Military and Sendero Are Blamed, October 25, 1990, Confidential, 6 pp.
The document discusses two separate mass killings, one committed by the guerrillas and one by the military. The report indicates that the military patrol that committed the killings was under the control of a local military official known as “centurion,” who according to other embassy reports has operated with impunity in Huanta and may have been the “right-hand man” of Ayacucho’s political-military commander, General Fernandez-Davila. The Fiscal and Regional President have attributed the killings to the “rondas” (civil defense patrols) or to the military and the Senate has unanimously approved the formation of a special commission to investigate the killings. The report concludes that this episode represents the first test of President Fujimori’s commitment to enforce accountability on the military in their campaign against the guerrillas.
Document 23
U.S. Embassy (Lima) Cable, Ambassador’s Human Rights Calls in Ayacucho, December 11, 1990, Confidential, 12 pp.
U.S. Ambassador Quainton discusses human rights and political violence in Ayacucho with Emergency Zone Commander General Fernandez-Davila, the Public Ministry’s Chief Prosecutor, the Special Prosecutor for Human Rights, and the municipal authorities. General Fernandez-Davila asserts that the frequency of military human rights abuses has been greatly exaggerated and that when excesses have occurred the responsible officials have been investigated and prosecuted. Other local officials, including the acting Mayor and Prosecutors, acknowledge that there has been increased cooperation from the military authorities. The report cites the military’s willingness to reveal the identity of “centurion” (Army Sergeant Johnny Jose Zapata Acuna), as an example of this new spirit of cooperation. However, the document concludes that the General’s claims of Sendero’s military defeat is overly optimistic, and that despite noticeable signs of improvement in recent months the military’s human rights performance is “far from good” and that the army has not “entirely reformed”.
Document 24
U.S. Embassy (Lima) Cable, Ayacucho Cop Describes Extra-Judicial Killings, December 19, 1990, Secret, 10 pp.
In this cable released on appeal, U.S. Embassy Political Officers reveal their conversations with an Ayacucho police officer, who had been a member of a secret police hit squad. The officer details the activities of the death squad, noting 300 suspects were assassinated in 1989. He explains how targets were selected and notes he even requested and received permission to kill two fellow police officers. The hit squad was disbanded in 1990 after a Sendero ambush seriously wounded or killed three of its four members. The cable notes the officer appeared “neither proud nor ashamed of his role as an extrajudicial assassin,” and seemed eager to tell his story to someone “official” since few (even within the police force) knew of the existence or activities of the hit squad.
Document 25
U.S. Embassy (Lima) Cable, In the Eye of the Storm: An Ayacucho Trip Report, Part I, December 20, 1990, Confidential, 19 pp.
Ambassador Quainton describes in detail the situation of political violence and insurgency in Ayacucho, detailing the historical roots of the region and the current political and military situation. He notes that Ayacucho is of primary psychological importance to both Sendero Luminoso and the Peruvian government, even though it is of little strategic value. The document notes growing complaints that the leaders of the “rondas” (civil defense patrols) are often thugs and narco-traffickers. It also discusses allegations that the police kidnap young men, accuse them of terrorism and then ransom them to their families.
Document 26
U.S. Embassy (Lima) Cable, Americas Watch Human Rights Inquiries, August 2, 1991, Confidential, 5 pp.
The U.S. Embassy attempts to uncover information on the Chuschi disappearances and cases involving the military's mistreatment of SUTEP (United Union of Education Workers of Peru) teachers in San Martin, in particular the alleged abuse of SUTEP teacher, Moises Tenorio Banda. On both accounts, the politico-military chief of Ayacucho, General Martinez, is reported to have pleaded military innocence. Sources (sanitized) consulted in this document have apparently written the Chuschi case off, barring a decision on the part of the military to cooperate in an investigation. The cable also suggests there is little hope that the Tenorio case will be resolved.
Document 27
U.S. Embassy (Lima) Cable, The Mind of the Beast: Sendero Luminoso Brutality, August 7, 1991, Confidential, 12 pp.
This document presents a profile of Sendero Luminoso violence, speculates on the purpose and nature of the violence, and provides various examples of past and recent atrocities committed by Sendero. It concludes that Sendero is not pathological in its killing, but is “calm and dispassionate” in its violence, which is committed purely for ideological reasons.
Document 28
U.S. Embassy (Lima) Cable, Barrios Altos Massacre: One Month Later, December 4, 1991, Secret, 2 pp.
This update of developments in the investigation into the Barrios Altos massacre notes that the Peruvian government has demonstrated little “political will” to find the perpetrators of the crime, and that most now believe security forces were involved in the killing.
Document 29
Department of State Cable, Barrios Altos Massacre, December 12, 1991, Secret, 1 p.
Secretary of State James Baker instructs the U.S. Ambassador in Lima to seek an appointment with President Fujimori in order to discuss the Barrios Altos massacre. This cable sets out the main talking points to be discussed. The Ambassador is to demonstrate deep U.S. concern over the handling of the Barrios Altos investigation and is to urge Fujimori to ensure that a vigorous investigation brings those responsible to justice. Baker highlights in particular the recent removal of the prosecuting attorney on the case as disturbing to the U.S. government.
Document 30
U.S. Embassy (Lima) Cable, Barrios Altos Massacre, December 13, 1991, Secret, 1 p.
Ambassador Quainton describes an interchange with various Peruvian officials (including President Fujimori), where Quainton expressed deep U.S. concern over the investigation into the Barrios Altos massacre. One unnamed official noted that the investigation was still active and opined that those responsible were probably a group of military and civilians seeking revenge for previous Sendero killings.
Document 31
Defense Intelligence Agency Cable, Sendero Luminoso Ground Activities in the Satipo-Mazamari Region, January 2, 1992, Secret, 6 pp.
This cable reports various actions taken by Sendero in the Satipo-Mazamari region of Peru during the first half of 1991. It focuses on Sendero clashes with the Sinchi’s, and on Sendero assassinations of local authorities and rondero organizers. It provides the names and circumstances of death for various victims.
Document 32
U.S. Army Intelligence and Threat Analysis Center Report, Army Country Profile, June 15, 1992, Secret, 73 pp. [Excerpt]
This partially excerpted report provides a broad overview of the political, economic and military situation in Peru, as well as a detailed description of the mission, structure, composition, personnel, and operations of the Peruvian military and intelligence forces. The report also provides a critique of the army’s counterinsurgency efforts, highlighting Peru’s deficiencies and suggests ways to reform their efforts. The second section of the report on intelligence and security profiles some of the key military and intelligence figures, including President Alberto Fujimori and Vladimiro Montesinos.
Document 33
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Car Bombs ILD Think Tank: Continues Terrorism Wave, July 21, 1992, Confidential, 5 pp.
This cable describes recent violent acts committed by Sendero Luminoso, including the bombing of Hernando de Soto’s Democracy and Liberty Institute (ILD) in the Miraflores district of Lima, killing five and injuring fifteen individuals. This bomb comes in the wake of the larger June 17th Sendero bombing, killing 18 individuals.
Document 34
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Witness to Barrios Altos Massacre Wants to Speak Out – If He Can Leave Peru, January 3, 1993, Secret, 5 pp.
A Peruvian army officer and member of the Army Intelligence/National Intelligence Service (SIE/SIN) group approaches the U.S. Embassy through an intermediary, stating his desire to speak out on the Barrios Altos massacre and other SIN related killings if he is provided safe conduct to another country. The officer claims he can link the killings to Presidential Adviser Vladimiro Montesinos. The embassy notes providing asylum for this officer would become a “major sore point in bilateral relations” with Peru, but on the other hand it would also support U.S. human rights goals in the country. The Embassy requests guidance from the State Department on what assistance they should offer to the officer.
Document 35
Department of State Cable, General Asks for Asylum at U.S. Embassy, Says Threat Tied to His Effort to Investigate Killings, May 6, 1993, Secret, 6 pp.
General Rodolfo Robles makes a surprise request for asylum from the U.S. government, while making a farewell call on the U.S. Embassy with his family. While at the Embassy, Robles states he and his family are in imminent danger because he had passed information on the “La Cantuta” killings to the military judge reviewing the case. Robles states he is ready to go public with his allegations that Vlademiro Montesinos and Army Commander Hermoza were personally responsible for the death squads which carried out the Barrios Altos and La Cantuta murders, and that they are also linked to narco-trafficking. The Embassy notes Robles’ reputation in the army as a “straight-shooter” and warns his actions will be a “bombshell” in Peru.
Document 36
U.S. Embassy (Lima) Cable, Retired General on Plotting in the Army and La Cantuta Investigation, May 22, 1993, Secret, 7 pp.
This cable describes a conversation with a senior retired army general, on the “Comaca” group within the army, the Robles incident, and a possible congressional investigation into the La Cantuta disappearances. The officer characterizes as “absurd” the Peruvian government’s assertion that a congressional investigation into La Cantuta would break army morale. He notes that the investigation would mainly be a problem for Hermoza and Montesinos, but that if only low-ranking officers were charged army tensions would increase since army tradition required that Hermoza accept responsibility and not pin it on others. The officer suggested that only the U.S. could restrain President Fujimori.
Document 37
U.S. Embassy (Lima) Cable, [Excised] Says Army/SIN Death Squad Exists, May 24, 1993, Secret, 4 pp.
The U.S. Embassy’s Political Counselor discusses death squad allegations with a Peruvian officer. The officer notes that the death squad was responsible for Barrios Altos and La Cantuta, and corroborates that the names listed by General Robles were correct. However, he notes that he will not speak out, since police and military officers are watched by the state “in Peru’s version of Germany under the Gestapo.”
Document 38
U.S. Embassy (Lima) Cable, Army Officer Convicted in Accomarco Case Reportedly not Jailed, December 3, 1993, Secret, 2 pp.
This document relates evidence that Captain Telmo Hurtado, who had been convicted in the 1985 Accomarca Massacre, is still on active duty and not in prison. The Embassy comments that if the information is true, it would negate any positive results from the initial conviction and seriously call into question the Peruvian government’s commitment “to address military impunity in human rights cases in the future.”
Document 39
U.S. Embassy (Lima) Cable, Accomarca, Hurtado, and La Cantuta, December 30, 1993, Confidential, 5 pp.
The Embassy Charge meets with an unnamed Peruvian military official, to discuss convicted Captain Telma Hurtado’s status. The Charge expresses grave concern that Hurtado is not serving his six-year sentence for the Accomarca massacre. The officer notes he would look into it but hypothesizes that Hurtado may have been released for time served before the conviction. He also notes the military’s commitment to the investigation into the La Cantuta disappearances.
Document 40
U.S. Embassy (Lima) Cable, Eyewitness Reports from the Killings Site, April 20, 1994, Confidential, 11 pp.
An unnamed Peruvian journalist describes his “moving account of the death and destruction caused by a major army operation.” He details the harrowing trip he made, along with a small group of other journalists and human rights workers, to the Huanuco jungle region to investigate the massacre that took place there. After being led to the site of the massacred villagers by the surviving victims, the group then went to the Los Laureles Army Base in Tingo Maria and interviewed Colonel Javier Rivas Ramirez. Rivas went on to describe the army operations in the area.
Document 41
U.S. Embassy (Lima) Cable, Action Plan for Huanco Army Killing Allegations, April 21, 1994, Confidential, 5 pp.
Human rights NGOs and journalists attribute the recent human rights abuses in Upper Huanuco Valley to the military's counter-terrorist operations. While the document asserts that the U.S. Embassy has not been able to confirm these reports, some of which calculate the death toll as high as 100, the Embassy does consider them to be credible. The report goes on to suggest an appropriate high-level response by the governments of the United States, Japan, and the European Union. These responses would seek to effectively pressure the Fujimori government to permit open access to the zone by non-governmental human rights groups (especially the ICRC) and follow through with the civilian and military investigations now underway. The report acknowledges that the Fujimori government has been upset by past U.S. criticisms over human rights, and emphasizes that any new efforts would need to be made at the highest levels of government and in conjunction with the other major powers.
Notes
1. "Precisemos, entonces, que clase de hechos han sido ensombrecidos por la negación, la indiferencia o el olvido. Humanizar a las víctimas y que dejen de ser mera estadística en los archivos oficiales. La mayor parte de estas desapariciones afectaron a campesinos pobres, la gente siempre olvidada en nuestro país. Por ello, es doblemente necesario conocer y exhibir lo ocurrido para que los marginados y los "sin voz" tengan el respeto que les ha sido negado."
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 64 Edited by Tamara Feinstein, Director, Peru Documentation Project January 22, 2002
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“One cannot appear neutral in Ayacucho and survive. If you are radical right, only S[endero]L[uminoso] tries to kill you. If you are a terrorist, only the police and military try to kill you. If you are in the middle, both the terrorists and the soldiers want you dead.”
- Ambassador Anthony Quainton, Confidential State Department Cable, December 20, 1990
Introduction
On November 21, 2000, the Peruvian Congress voted to remove Alberto Fujimori as president, declaring him morally unfit for office and rejecting his resignation letter sent from Japan—where he had fled to avoid arrest. This was the culminating point of a broad corruption scandal involving bribery of opposition politicians, military officials, the media and others by Fujimori’s advisor Vladimiro Montesinos. Following Fujimori’s fall, the new interim President Valentin Paniagua took significant steps towards the restoration of democracy, including removing restrictions on freedom of the press, the replacement of the dismissed magistrates to the Constitutional Tribunal—Peru’s equivalent to the U.S. Supreme Court which Fujimori gutted in 1997--and returning Peru to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. On June 3, 2001, Alejandro Toledo of the "Peru Posible" party was elected president through second round run-off elections, which were deemed free and fair by a host of domestic and international observers. In the wake of the past year and a half period of political turmoil and transformation in Peru, the Peruvian government and people have begun a process of reassessing the policies practiced during the past two decades, especially in relation to human rights.
Peru: Human Rights Crimes
Peru has had a troubled legacy of political violence and human rights abuses. The Peruvian Human Rights Ombudsman's office estimates that in the past 20 years there have been 30,000 victims of political violence. No less than 4,000 individuals have "disappeared", thousands of individuals were arbitrarily detained, 400,000 have been displaced, and victims of torture are too numerous to be accurately counted.
Soon after the return to civilian government in 1980, Peru confronted an escalating situation of political violence, generated by the appearance of a violent insurgency carried out by Sendero Luminoso, and the MRTA, and a violent counterinsurgency campaign conducted by Peruvian state security forces. Three successive administrations--Presidents Fernando Belaunde, Alan Garcia, and Alberto Fujimori--used various strategies and methods to address the situation. During all three regimes, both state security forces and the insurgents committed grave human rights abuses (including assassinations, massacres, torture, forced disappearances, extrajudicial executions and bombings).
Following President Alberto Fujimori’s resignation and Vladimiro Montesinos’s arrest due to corruption scandals, the Peruvian government and people have begun new investigations into past human rights cases (such as Lurigancho, Barrios Altos, and La Cantuta) and have established a Truth and Reconciliation Commission. In a speech presented at a forum on Truth Commissions and historical experience on February 2, 2001, then-Minister of Justice (current Foreign Minister) Diego García Sayan noted:
"We should be precise, therefore, about what kinds of acts have remained in the dark due to denial, indifference or loss of memory…We need to humanize the victims so that they will no longer be a mere statistic in official records. The majority of these disappearances affected poor peasants, the people that have always been forgotten in our country. That is why it is doubly necessary to know and to show what happened to them so that those marginalized and who have no voice obtain the respect that they have always been denied."(1)
The Mandate of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission
On June 4, 2001, transition President Valentin Paniagua signed decree 065-2001-PCM establishing the Truth Commission. President Toledo affirmed his commitment to support the Truth Commission by signing decree 101-2001-PCM on September 4, 2001. The Truth Commission consists of twelve commissioners, an official observer, and an Executive Secretary. The Commission expects to examine over 6,000 allegations of forced disappearances, assassinations, torture, kidnappings, and other grievous violations of human rights that date from May of 1980 through November 2000, and will investigate key cases in detail. The Commission was given until November 13, 2001, to organize its staff and establish its rules and guidelines. The review will last 18 months, until February 13, 2003, with the possibility of a 5-month extension.
Although this Commission will not have judicial authority to prosecute, it will have the power to propose initiatives that it believes will affirm the peace, the rule of law, national reconciliation, and democracy. President Toledo has repeatedly stated that he will implement fully the Commission’s recommendations.
The Truth Commission has 5 principal objectives:
To analyze the political, social, and cultural conditions that influenced the behavior of society and the State institutions and contributed to the tragic situation of violence that permeated Peru.
To contribute to the clarification of crimes and violations of human rights perpetrated by either terrorist organizations or agents of the State, including assassinations, detentions, forced disappearances, torture, violations of collective human rights in Andean communities, and other grave human rights violations.
To determine the whereabouts, identification, and situation of the victims, and if possible determine the responsible criminal parties.
To formulate a proposal of moral and material reparation for victims and their families.
And to recommend appropriate reforms and to establish mechanisms for the fulfillment of these recommendations.
Valuable Information in U.S. Government Archives
Access to declassified U.S. government documents would provide a significant contribution to the Commission's efforts. A wealth of records exist within the archives of the various U.S. governmental agencies (Department of State, Department of Defense, CIA, DIA, DEA, etc.) which could shed abundant light on a range of key issues relating to human rights in Peru, including social, political and economic developments; U.S.-Peru relations; the origins of the civil conflict; details on specific human rights cases and information on the Peruvian intelligence and security apparatus controlled by Montesinos.
On January 7, 2002, the U.S. Embassy (Lima) posted a group of 38 documents in response to a request from the Peruvian Congress’s Townsend (formerly Waisman) Commission investigating Vladimiro Montesinos. (Click here to see the Archive’s analysis of the Embassy’s release.) While many of the documents handed over to the Townsend Commission concern corruption, a number of these documents deal specifically or in part with human right violations during the Fujimori administration.
In the past, the U.S. government has provided timely assistance to truth commissions and human rights investigations in Latin America by coordinating extensive interagency declassification reviews and providing thousands of declassified documents for Truth Commissions in both El Salvador and Guatemala, and to the Human Rights Ombudsman in Honduras. These U.S. documents provided critical information on human rights violations, which significantly aided the work of these commissions. On November 27, 2001, the Peruvian Truth and Reconciliation Commission officially requested President Bush to provide similar assistance for expedited declassification of U.S. documents.
The records highlighted in this electronic briefing book are a small sample of the quality of U.S. documentation that the Bush administration could provide to assist Peru in its investigation of truth and justice on human rights crimes. In light of Peru’s new self-examination of past human rights abuses, providing an expedited interagency declassification review of documents on Peru is an essential component of the current U.S. policy of supporting Peru’s transition to democracy. The alternative approach – expecting the Truth Commission to file time-consuming FOIA requests with half a dozen agencies in Washington – would take years to complete, leaving the Commission empty-handed in its search for the truth.
[NOTE: The following forty-one documents represent the most revealing and substantive declassified documents on human rights in Peru that the National Security Archive has already obtained through the Freedom of Information Act. They range in date from February 1983 until April 1994, recording a progression of events through three Peruvian regimes while highlighting key human rights violations committed by government security forces, and Peruvian insurgents. The documents were declassified in response to Freedom of Information Act requests filed by National Security Archive staff, Lynda Davis and Tamara Feinstein.]
Note: The following documents are in PDF format. You will need to download and install the free Adobe Acrobat Reader to view.
Document 1
U.S. Embassy (Lima) Cable, Peruvian Terrorists Lose the Initiative, February 24, 1983, Secret, 8pp.
This cable discusses the ramifications of President Belaunde’s decision to place the army in charge of maintaining public order in the Ayacucho emergency zone. The military is called on to strengthen police forces by providing troops for defensive activities as well as offering transportation, communications, logistics and weaponry support. The report states that this strategy has enabled the police to pursue more aggressive patrolling operations, and thereby reintroduced a government presence into many rural areas previously abandoned to Sendero influence.
Document 2
U.S. Embassy (Lima) Cable, Peru’s President Belaunde Makes Surprise Visit to Emergency Zone, June 14, 1983, Confidential, 3 pp.
President Belaunde visits the city of Ayacucho, in a move to demonstrate a united civil-military approach to terrorism and economic decay. The document notes that opposition figures and the press have tended to view such occasions as a de-facto presidential endorsement of the counter-terrorist tactics employed by the security forces. The cable also describes public criticisms and news editorials concerning the deaths and unknown fate of hundreds of persons detained by the military and the government’s unwillingness to offer the public any explanations.
Document 3
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Bars March “For Peace and Justice” and Militarizes Lima, August 28, 1984, Confidential, 3 pp.
The document describes the canceled march "for peace and justice" (intended to protest two prominent disappearances and recent reports of mass killings by both terrorist and military forces) that was scheduled for August 24, 1984 in downtown Lima. A day prior to the demonstration, the government revokes its previous permission for the march and gives the military responsibility for maintaining public order. To avoid a confrontation with the military, the IU (United Left) officially cancels the demonstration, although several IU leaders attempt to lead a smaller march. After the military arrests 236 people the protest quickly dissipates, and within 48 hours 235 of the 236 arrested are released.
Document 4
U.S. Embassy (Lima) Cable, Mass Grave Discovered in Emergency Zone, August 28, 1984, Confidential, 4 pp.
Mass clandestine graves are discovered 36 kilometers from the city of Huanta. This cable estimates that approximately 49 to 50 males and one female were killed in a methodical fashion and then subsequently disfigured to prevent identification. While the government officially denies any responsibility for the atrocity, public opinion represented by both opposition and pro-regime press, have decidedly attributed the murders to government forces.
Document 5
U.S. Embassy (Lima) Cable, Local District Attorneys Press Charges Against Marine Commander in Ayala Disappearance and Evangelical Killing Cases, February 26, 1985, Confidential, 2 pp.
The U.S. Embassy describes criminal charges brought against Lt. Commander Alvaro Artaza Adrianzen, former head of the Marine garrison in Huanta. The charges involve the August 1984 disappearance of journalist Jaime Ayala and the murder of six members of an evangelical church on August 1, 1984 in Callqui. This is the first time since the military was granted authority over the emergency zones in December of 1982, that the state has attempted to prosecute military officers with command responsibility for criminal acts perpetrated against the civilian population.
Document 6
U.S. Embassy (Lima) Cable, Reaction within Army to Removal of Generals Jamara and Mori, September 19, 1985, Confidential, 4 pp.
On September 17, 1985, President Garcia removes Emergency Zone Generals Jarama and Mori, following the Senate Human Rights Commission's findings that an army patrol commander was responsible for the August 14th civilian massacre at Accomarca. Their removal represents the Garcia Administration's more general displeasure with the military’s overall record on human rights. The handling of this affair provokes dissatisfaction within the military and concern among military officials that their own experiences in counter-insurgency operations may place them in danger of government reprisals.
Document 7
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Navy Involvement in Disappearance of Naval Officer, March 6, 1986, Confidential, 3 pp.
The document discusses the recent Supreme Court decision to have Lt. Commander Artaza stand trial in a civilian court for the 1984 disappearance of journalist Jaime Ayala, Artaza’s subsequent disappearance, and the government's pressure to stop the March 3rd edition of commentary program "Encuentros", believed to be critical of the Navy's involvement in Artaza’s disappearance. The cable describes the President's difficult position in this matter, and acknowledges that the Navy was most likely involved in the disappearance of Artaza and a subsequent cover-up.
Document 8
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Orders Investigations of Prison Deaths, June 23, 1986, Confidential, 5 pp. [NOTE: This document comes from a collection donated by free-lance journalist Jeremy Bigwood]
The U.S. Embassy evaluates public and government responses to the June prison riots, which left at least 240 terrorist/prisoners dead, including calls for an independent investigation coming from the ongoing Socialist International Conference and others. The document also includes a description of a governmental communiqué that acknowledges that the high death toll (no terrorist prisoners survived) leads it to believe that excesses did occur, and that it intends to investigate and punish any of those responsible. The cable ends with a brief analysis of the political fallout that a truly independent investigation could bring on President Garcia, who himself ordered the military action, concluding that in this matter the military is unlikely to allow itself to be used as a scapegoat by the President.
Document 9
U.S. Embassy (Lima) Cable, Garcia Declares 95 Police Arrested for Summary Executions at Lurigancho Prison, June 25, 1986, Confidential, 3 pp. [NOTE: This document comes from a collection donated by free-lance journalist Jeremy Bigwood]
President Garcia announces the initial findings of the investigation into the Lurigancho prison riots, noting that the police had summarily executed 30-40 prisoners after the prisoners had surrendered. The Embassy warns that in comparison to previous human rights investigations into the Accomarca and Pucayacu massacres, this time “it may be difficult for Garcia to control the process he has set in motion.” The cable also questions how the police alone could have engaged in executions in an army-directed operation without the army also sharing the blame, and warns that Garcia will “have his hands full trying to avoid image that he is engaging in transparent scapegoating of police to avoid confrontation with military.”
Document 10
Department of State Cable, Garcia and the Military: Plea for International Support, June 28, 1986, Secret, 4 pp.
Deputy Secretary of State John C. Whitehead sends guidance to U.S. embassies in Latin America on how to address the current crisis in Peru. The cable highlights growing tensions between President Garcia and the armed forces over the Lurigancho prison riots and the subsequent investigation. Whitehead requests that the addressed embassy posts contact relevant officials to encourage Garcia to stop his confrontational approach to the Peruvian military in light of the growing terrorist threat.
Document 11
U.S. Embassy (Lima) Cable, Current Crisis in Peru, June 30, 1986, Secret, 4 pp.
This document describes the continued aftermath of the prison riots and massacres, including the probable resignation of the Minister of Justice and the Minister of the Interior. Policemen arrested following the investigation into Lurigancho continue to be held by police authorities and have not been transferred to Canto Grande Prison as previously promised. Navy forces have also recently been implicated in the media of summarily executing prisoners in El Fronton prison. The cable also notes the possibility that Garcia may remove top military command officers, if it turns out the ultimate responsibility for the massacre lies with the joint command.
Document 12
U.S. Embassy (Lima) Cable, President Garcia Says Crisis Is Over, July 1, 1986, Secret, 2 pp.
Embassy Political Counsel Felder and President Garcia meet and discuss the current domestic political situation, including the two prison riots at El Fronton and Lurigancho. In the conversation Garcia clears the Navy of any responsibility for El Fronton, and says that while the Guardia Republicana was responsible for the excesses at Lurigancho, the joint military command could not be held accountable. Garcia limits the possible responsibility for the Lurigancho massacre to General Rabanal, who he says would have to bear the consequences if he were found guilty. In the conversation President Garcia goes on to say that while unfortunate, the crisis at the prisons would have the long-term positive effect of diminishing the capabilities of Sendero Luminoso, and that until terrorism could be eradicated, the Peruvian people would have to "learn to live with a high level of violence".
Document 13
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Massacre at Pomatambo and Parcco, November 26, 1986, Confidential, 5 pp.
The document discusses conflicting reports put forward by the military and independent journalists, over the killings of between 12 and 13 people in Ayacucho in October. Military accounts claim that 13 guerrillas, including Sendero leader Camarada Caszelly, were killed in combat, while press reports, based on eye witness testimony, purport that security forces actually executed 12 civilians. Local human rights groups question whether Senate investigations will be carried out (similar to the 1985 Senate Accomarca investigations) or will instead dissipate like the earlier investigations into the June prison killings.
Document 14
U.S. Embassy (Lima) Cable, Embassy Visit to Ayacucho, January 21, 1987, Confidential, 18 pp.
The U.S. embassy assesses the current situation in the South Central emergency zone of Ayacucho, following a two-day visit to this area in December. The report provides an analysis of the following areas: terrorist and counter-terrorist operations, human rights abuses, political groups, development projects, and narcotics. The paper concludes that the military maintains a strong hold on local government activities.
Document 15
U.S. Embassy (Lima) Cable, Cayara: No Bodies Left, June 1, 1988, Confidential, 2 pp.
This document describes the controversy surrounding the killings that occurred in or around Cayara, on May 14th and the student demonstrations in response to these killings. According to the military, 16 guerillas died in a firefight with government forces in or near Cayara. Other sources, including the Ayacucho Special Prosecutor Carlos Escobar, claim that the military executed at least 30 villagers before removing their bodies from the scene. The military has denied the press, the ICRC, and other Peruvian human rights groups, access to the area. While there is currently no decisive answer to this controversy since the victim's bodies have yet to be found, the cable implies that embassy officials are skeptical of the army's position, due to the large number of victims and the lack of military casualties.
Document 16
U.S. Embassy (Lima) Memorandum of Conversation, Human Rights Abuses on the Increase, September 20, 1988, Confidential, 5 pp.
This memorandum of conversation represents the opinions of an unknown interviewee. Covered are the subjects of Sendero violence, which he predicts will escalate as the economy worsens; human rights abuses that he believes will continue to grow due to the current military mind-set; and the police/military's use of torture, which will remain unchanged because of ineffective investigative and detective techniques/procedures.
Document 17
U.S. Embassy (Lima) Cable, GOP Quashes the Cayara Massacre Report, November 10, 1988, Confidential, 3 pp.
This cable discusses the problems of the investigation into the May 14th Cayara massacre, including conflicting eyewitness testimony. Based on information from an embassy source and other reliable information, the document draws three main conclusions: some Cayara residents probably participated in ambushing the Army patrol; the Army did murder the residents of Cayara; and finally, the Army almost certainly tried to cover up their involvement.
Document 18
Defense Intelligence Agency Defense Intelligence Terrorism Summary, Peru: SL Activity, December 14, 1988, 2 pp.
The Defense Intelligence Agency (DIA) assesses recent Sendero Luminoso terrorist activity in Lima and Huaraz. The actions discussed include the December 7th bombing of the national electric grid, the December 5th assassination of two French developmental workers and two Peruvian technicians, and the bombing of four hotels in Huaraz on December 1st.
Document 19
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Massacres 39 Villagers, March 3, 1989, Confidential, 5 pp.
This cable discusses Sendero Luminoso’s murder of 39 Canaire villagers in the Department of Ayacucho. After giving a detailed account of the massacre, based on the testimony of survivors, the report mentions that human rights sources have speculated that the killings were in response to the villagers efforts to organize civil defense patrols to defend against Sendero attacks. The document also suggests that the attack may have been related to illicit coca production in the Mantaro River Valley.
Document 20
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Kills 14 Mayors in 10 Day Period, October 17, 1989, Confidential, 5 pp.
Sendero violence surges again, after a two-month period of inaction. Specific information on the numbers of dead and positions they held are given, and speculation on how the government will handle the coming election in lieu of this violence is noted. The report also analyzes possible effects of this violence and comments that these actions have given Sendero a huge psychological advantage in their war with the government.
Document 21
Defense Intelligence Agency Cable, Peru: Insurgent Developments, May 1, 1990, 2 pp.
This DIA cable lists several of the recent terrorist attacks by Sendero Luminoso, and the affects they have had on the Satipo province. Noted effects have been the large migration of refugees into the major towns of Satipo and the closing of all the schools in the province. Estimates from the Congressional Commission concerning the numbers of dead are included in the report. The report concludes that Sendero is gaining strength and that with the 10-year anniversary of Sendero on May 17th and the runoff elections on June 3rd the level of violence in the countryside will probably continue to grow.
Document 22
U.S. Embassy (Lima) Cable, Extrajudicial Executions in Ayacucho: Peruvian Military and Sendero Are Blamed, October 25, 1990, Confidential, 6 pp.
The document discusses two separate mass killings, one committed by the guerrillas and one by the military. The report indicates that the military patrol that committed the killings was under the control of a local military official known as “centurion,” who according to other embassy reports has operated with impunity in Huanta and may have been the “right-hand man” of Ayacucho’s political-military commander, General Fernandez-Davila. The Fiscal and Regional President have attributed the killings to the “rondas” (civil defense patrols) or to the military and the Senate has unanimously approved the formation of a special commission to investigate the killings. The report concludes that this episode represents the first test of President Fujimori’s commitment to enforce accountability on the military in their campaign against the guerrillas.
Document 23
U.S. Embassy (Lima) Cable, Ambassador’s Human Rights Calls in Ayacucho, December 11, 1990, Confidential, 12 pp.
U.S. Ambassador Quainton discusses human rights and political violence in Ayacucho with Emergency Zone Commander General Fernandez-Davila, the Public Ministry’s Chief Prosecutor, the Special Prosecutor for Human Rights, and the municipal authorities. General Fernandez-Davila asserts that the frequency of military human rights abuses has been greatly exaggerated and that when excesses have occurred the responsible officials have been investigated and prosecuted. Other local officials, including the acting Mayor and Prosecutors, acknowledge that there has been increased cooperation from the military authorities. The report cites the military’s willingness to reveal the identity of “centurion” (Army Sergeant Johnny Jose Zapata Acuna), as an example of this new spirit of cooperation. However, the document concludes that the General’s claims of Sendero’s military defeat is overly optimistic, and that despite noticeable signs of improvement in recent months the military’s human rights performance is “far from good” and that the army has not “entirely reformed”.
Document 24
U.S. Embassy (Lima) Cable, Ayacucho Cop Describes Extra-Judicial Killings, December 19, 1990, Secret, 10 pp.
In this cable released on appeal, U.S. Embassy Political Officers reveal their conversations with an Ayacucho police officer, who had been a member of a secret police hit squad. The officer details the activities of the death squad, noting 300 suspects were assassinated in 1989. He explains how targets were selected and notes he even requested and received permission to kill two fellow police officers. The hit squad was disbanded in 1990 after a Sendero ambush seriously wounded or killed three of its four members. The cable notes the officer appeared “neither proud nor ashamed of his role as an extrajudicial assassin,” and seemed eager to tell his story to someone “official” since few (even within the police force) knew of the existence or activities of the hit squad.
Document 25
U.S. Embassy (Lima) Cable, In the Eye of the Storm: An Ayacucho Trip Report, Part I, December 20, 1990, Confidential, 19 pp.
Ambassador Quainton describes in detail the situation of political violence and insurgency in Ayacucho, detailing the historical roots of the region and the current political and military situation. He notes that Ayacucho is of primary psychological importance to both Sendero Luminoso and the Peruvian government, even though it is of little strategic value. The document notes growing complaints that the leaders of the “rondas” (civil defense patrols) are often thugs and narco-traffickers. It also discusses allegations that the police kidnap young men, accuse them of terrorism and then ransom them to their families.
Document 26
U.S. Embassy (Lima) Cable, Americas Watch Human Rights Inquiries, August 2, 1991, Confidential, 5 pp.
The U.S. Embassy attempts to uncover information on the Chuschi disappearances and cases involving the military's mistreatment of SUTEP (United Union of Education Workers of Peru) teachers in San Martin, in particular the alleged abuse of SUTEP teacher, Moises Tenorio Banda. On both accounts, the politico-military chief of Ayacucho, General Martinez, is reported to have pleaded military innocence. Sources (sanitized) consulted in this document have apparently written the Chuschi case off, barring a decision on the part of the military to cooperate in an investigation. The cable also suggests there is little hope that the Tenorio case will be resolved.
Document 27
U.S. Embassy (Lima) Cable, The Mind of the Beast: Sendero Luminoso Brutality, August 7, 1991, Confidential, 12 pp.
This document presents a profile of Sendero Luminoso violence, speculates on the purpose and nature of the violence, and provides various examples of past and recent atrocities committed by Sendero. It concludes that Sendero is not pathological in its killing, but is “calm and dispassionate” in its violence, which is committed purely for ideological reasons.
Document 28
U.S. Embassy (Lima) Cable, Barrios Altos Massacre: One Month Later, December 4, 1991, Secret, 2 pp.
This update of developments in the investigation into the Barrios Altos massacre notes that the Peruvian government has demonstrated little “political will” to find the perpetrators of the crime, and that most now believe security forces were involved in the killing.
Document 29
Department of State Cable, Barrios Altos Massacre, December 12, 1991, Secret, 1 p.
Secretary of State James Baker instructs the U.S. Ambassador in Lima to seek an appointment with President Fujimori in order to discuss the Barrios Altos massacre. This cable sets out the main talking points to be discussed. The Ambassador is to demonstrate deep U.S. concern over the handling of the Barrios Altos investigation and is to urge Fujimori to ensure that a vigorous investigation brings those responsible to justice. Baker highlights in particular the recent removal of the prosecuting attorney on the case as disturbing to the U.S. government.
Document 30
U.S. Embassy (Lima) Cable, Barrios Altos Massacre, December 13, 1991, Secret, 1 p.
Ambassador Quainton describes an interchange with various Peruvian officials (including President Fujimori), where Quainton expressed deep U.S. concern over the investigation into the Barrios Altos massacre. One unnamed official noted that the investigation was still active and opined that those responsible were probably a group of military and civilians seeking revenge for previous Sendero killings.
Document 31
Defense Intelligence Agency Cable, Sendero Luminoso Ground Activities in the Satipo-Mazamari Region, January 2, 1992, Secret, 6 pp.
This cable reports various actions taken by Sendero in the Satipo-Mazamari region of Peru during the first half of 1991. It focuses on Sendero clashes with the Sinchi’s, and on Sendero assassinations of local authorities and rondero organizers. It provides the names and circumstances of death for various victims.
Document 32
U.S. Army Intelligence and Threat Analysis Center Report, Army Country Profile, June 15, 1992, Secret, 73 pp. [Excerpt]
This partially excerpted report provides a broad overview of the political, economic and military situation in Peru, as well as a detailed description of the mission, structure, composition, personnel, and operations of the Peruvian military and intelligence forces. The report also provides a critique of the army’s counterinsurgency efforts, highlighting Peru’s deficiencies and suggests ways to reform their efforts. The second section of the report on intelligence and security profiles some of the key military and intelligence figures, including President Alberto Fujimori and Vladimiro Montesinos.
Document 33
U.S. Embassy (Lima) Cable, Sendero Car Bombs ILD Think Tank: Continues Terrorism Wave, July 21, 1992, Confidential, 5 pp.
This cable describes recent violent acts committed by Sendero Luminoso, including the bombing of Hernando de Soto’s Democracy and Liberty Institute (ILD) in the Miraflores district of Lima, killing five and injuring fifteen individuals. This bomb comes in the wake of the larger June 17th Sendero bombing, killing 18 individuals.
Document 34
U.S. Embassy (Lima) Cable, Alleged Witness to Barrios Altos Massacre Wants to Speak Out – If He Can Leave Peru, January 3, 1993, Secret, 5 pp.
A Peruvian army officer and member of the Army Intelligence/National Intelligence Service (SIE/SIN) group approaches the U.S. Embassy through an intermediary, stating his desire to speak out on the Barrios Altos massacre and other SIN related killings if he is provided safe conduct to another country. The officer claims he can link the killings to Presidential Adviser Vladimiro Montesinos. The embassy notes providing asylum for this officer would become a “major sore point in bilateral relations” with Peru, but on the other hand it would also support U.S. human rights goals in the country. The Embassy requests guidance from the State Department on what assistance they should offer to the officer.
Document 35
Department of State Cable, General Asks for Asylum at U.S. Embassy, Says Threat Tied to His Effort to Investigate Killings, May 6, 1993, Secret, 6 pp.
General Rodolfo Robles makes a surprise request for asylum from the U.S. government, while making a farewell call on the U.S. Embassy with his family. While at the Embassy, Robles states he and his family are in imminent danger because he had passed information on the “La Cantuta” killings to the military judge reviewing the case. Robles states he is ready to go public with his allegations that Vlademiro Montesinos and Army Commander Hermoza were personally responsible for the death squads which carried out the Barrios Altos and La Cantuta murders, and that they are also linked to narco-trafficking. The Embassy notes Robles’ reputation in the army as a “straight-shooter” and warns his actions will be a “bombshell” in Peru.
Document 36
U.S. Embassy (Lima) Cable, Retired General on Plotting in the Army and La Cantuta Investigation, May 22, 1993, Secret, 7 pp.
This cable describes a conversation with a senior retired army general, on the “Comaca” group within the army, the Robles incident, and a possible congressional investigation into the La Cantuta disappearances. The officer characterizes as “absurd” the Peruvian government’s assertion that a congressional investigation into La Cantuta would break army morale. He notes that the investigation would mainly be a problem for Hermoza and Montesinos, but that if only low-ranking officers were charged army tensions would increase since army tradition required that Hermoza accept responsibility and not pin it on others. The officer suggested that only the U.S. could restrain President Fujimori.
Document 37
U.S. Embassy (Lima) Cable, [Excised] Says Army/SIN Death Squad Exists, May 24, 1993, Secret, 4 pp.
The U.S. Embassy’s Political Counselor discusses death squad allegations with a Peruvian officer. The officer notes that the death squad was responsible for Barrios Altos and La Cantuta, and corroborates that the names listed by General Robles were correct. However, he notes that he will not speak out, since police and military officers are watched by the state “in Peru’s version of Germany under the Gestapo.”
Document 38
U.S. Embassy (Lima) Cable, Army Officer Convicted in Accomarco Case Reportedly not Jailed, December 3, 1993, Secret, 2 pp.
This document relates evidence that Captain Telmo Hurtado, who had been convicted in the 1985 Accomarca Massacre, is still on active duty and not in prison. The Embassy comments that if the information is true, it would negate any positive results from the initial conviction and seriously call into question the Peruvian government’s commitment “to address military impunity in human rights cases in the future.”
Document 39
U.S. Embassy (Lima) Cable, Accomarca, Hurtado, and La Cantuta, December 30, 1993, Confidential, 5 pp.
The Embassy Charge meets with an unnamed Peruvian military official, to discuss convicted Captain Telma Hurtado’s status. The Charge expresses grave concern that Hurtado is not serving his six-year sentence for the Accomarca massacre. The officer notes he would look into it but hypothesizes that Hurtado may have been released for time served before the conviction. He also notes the military’s commitment to the investigation into the La Cantuta disappearances.
Document 40
U.S. Embassy (Lima) Cable, Eyewitness Reports from the Killings Site, April 20, 1994, Confidential, 11 pp.
An unnamed Peruvian journalist describes his “moving account of the death and destruction caused by a major army operation.” He details the harrowing trip he made, along with a small group of other journalists and human rights workers, to the Huanuco jungle region to investigate the massacre that took place there. After being led to the site of the massacred villagers by the surviving victims, the group then went to the Los Laureles Army Base in Tingo Maria and interviewed Colonel Javier Rivas Ramirez. Rivas went on to describe the army operations in the area.
Document 41
U.S. Embassy (Lima) Cable, Action Plan for Huanco Army Killing Allegations, April 21, 1994, Confidential, 5 pp.
Human rights NGOs and journalists attribute the recent human rights abuses in Upper Huanuco Valley to the military's counter-terrorist operations. While the document asserts that the U.S. Embassy has not been able to confirm these reports, some of which calculate the death toll as high as 100, the Embassy does consider them to be credible. The report goes on to suggest an appropriate high-level response by the governments of the United States, Japan, and the European Union. These responses would seek to effectively pressure the Fujimori government to permit open access to the zone by non-governmental human rights groups (especially the ICRC) and follow through with the civilian and military investigations now underway. The report acknowledges that the Fujimori government has been upset by past U.S. criticisms over human rights, and emphasizes that any new efforts would need to be made at the highest levels of government and in conjunction with the other major powers.
Notes
1. "Precisemos, entonces, que clase de hechos han sido ensombrecidos por la negación, la indiferencia o el olvido. Humanizar a las víctimas y que dejen de ser mera estadística en los archivos oficiales. La mayor parte de estas desapariciones afectaron a campesinos pobres, la gente siempre olvidada en nuestro país. Por ello, es doblemente necesario conocer y exhibir lo ocurrido para que los marginados y los "sin voz" tengan el respeto que les ha sido negado."
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